La exsecretaria de dos carteras en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada por desvíos de recursos en la llamada “Estafa Maestra”, obtuvo una suspensión contra una orden de aprehensión que nunca se ejecutó; la dependencia a cargo de Gertz Manero no ha dado detalles de su omisión.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La historia, resumida, es así: un Juez obsequió una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sólo tenía que ejecutarla y no era tan difícil, porque ella está presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Sin embargo no la ejecutó. Ahora ha perdido la oportunidad porque un Juez la ha suspendido.
El 31 de octubre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizás el que fundamenta la Estafa Maestra: que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal.
El Juez Iván Zeferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público Federal debía, entonces, ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal. Pero no lo hizo. Ahora el Juez suspendió de forma definitiva la orden.
La FGR no ha explicado ni dado detalles de por qué decidió no ejecutar la orden de aprehensión, puesto que Robles Berlanga está a punto de cumplir tres años tras las rejas y cuando la orden fue obtenida hace 22 meses.
En su momento, Robles Berlanga tildó de “infamia” la orden de aprehensión solicitada, aunque reconoció desde aquellos días de 2020 que no había sido cumplimentada por las autoridades correspondientes.
En los últimos tres años, el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballo, determinó que persiste un “elevado” riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva, un argumento que sostuvo este año, en febrero.
Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Gertz Manero dijo que que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.
Sin embargo, la defensa de Robles sostiene que el documento utilizado por el Ministerio Público era falso.
Rosario Robles, junto con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los únicos miembros del Gabinete de Peña Nieto que han pisado la cárcel.
