La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó a SinEmbargo que desde el inicio de la administración se revisaron 174 Polígonos de Actuación, autorizados entre 2017 y 2018, y se detectaron irregularidades en 48 de ellos. En 22 de estos casos se promovieron juicios de lesividad y los proyectos fueron suspendidos por la autoridad competente, el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Para acabar con la corrupción detrás del sector inmobiliario en la Ciudad de México se debe ir por quienes autorizaron usos de suelo ilegales y por cancelar las obras irregulares, consideró Josefina Mac Gregor, dirigente de Suma Urbana una organización que participa en Obra Chueca, una plataforma de denuncia de construcciones irregulares en territorio capitalino.
Desde la entrada del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbuam Pardo, se comenzó a hacer una revisión de diversas construcciones, lo cual tiene a la fecha al menos 22 obras que fueron suspendidas y donde las constructoras debieron modificar sus proyectos.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó a SinEmbargo que desde el inicio de la administración se revisaron 174 Polígonos de Actuación, autorizados entre 2017 y 2018, y se detectaron irregularidades en 48 de ellos. En 22 de estos casos se promovieron juicios de lesividad y los proyectos fueron suspendidos por la autoridad competente, el Tribunal de Justicia Administrativa.
En las 26 restantes se iniciaron procedimientos de revocación del dictamen, debido a que la mayoría no habían iniciado obra o estaban en cimentación.
A la fecha en los 22 casos que se encuentran en juicio (14 de lesividad y 8 de revocación), los particulares desistieron de continuar con el proceso legal y modificaron sus proyectos para apegarse a las normas y a los usos de suelo establecidos en los programas delegacionales o parciales de desarrollo urbano de diversas alcaldías de la ciudad, entre ellas Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón.
Estas obras fueron suspendidas por contar con niveles de más, asignación de mayor potencial de construcción o porque se emitieron en zonas donde no están permitidos los polígonos de actuación y que fueron firmados por el director de instrumentos (carece de las atribuciones para ello) cuando debió hacerlo el director general de Desarrollo Urbano.
La Seduvi también informó que hay otras obras clausuradas por las alcaldías. De hecho, apenas el pasado 15 de julio, la Alcaldía de Iztacalco –encabezada por Armando Quintero– anunció que se comenzaría una revisión de los desarrollo inmobiliarios que obtuvieron permisos en la administración pasada de la demarcación para “poner orden a los desarrollo de acuerdo a la ley, obligar a las empresas a pagar daños a los edificios y casas a consecuencias de estas construcciones”. E informó que se clausuró el complejo “Residencial Francisco del Paso 175”, pues no cumplió con las normas de protección civil, un lugar donde se construían un total de 414 departamentos. Y además en otras dos obras –ubicadas en Plutarco Elías Calles 21, en Granjas México, y Comunal 50, en Agrícola Oriental– se les inició un proceso de revocación de los registros de manifestación de construcción, donde pretendían ofertar 800 y 351 departamento, respectivamente.
Mientras que en Álvaro Obregón se han suspendido alrededor de 171 obras por posibles irregularidades, y 70 en la Miguel Hidalgo, según informaron los alcaldes de esas demarcaciones, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, respectivamente, el pasado 3 de julio cuando presentaron su propuesta para la Ley de Desarrollo Urbano ante el Congreso capitalino.
El miércoles, durante la entrega de créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que durante la administración pasada, encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, “se hizo una política de vivienda en donde primero se violaron muchos usos de suelos con muchos edificios que no deberían de estar donde se construyeron, pero no sólo eso, sino que la vivienda que se construía era solamente vivienda media”.
Para la dirigente de SUMA Urbana, Josefina Mac Gregor, el problema de las construcciones ilegales en la capital del país es de ya muchos años atrás y se trata de un tema de corrupción y extorsión que ha imperado en el Gobierno capitalino.
“Es un problema de corrupción y extorsión que van de la mano. Por un lado hay sectores de la industria de la construcción, que eso no implica a todos, que han recurrido a una forma de operar, modus operandi, teniendo colusión con funcionarios de todos lados, en Seduvi, en las delegaciones –ahora alcaldías–, en el Invea, en el INAH, en todas las instituciones que pudieran sancionarlos [para] operan impunemente, sin ningún tipo de problema, para donde se podrían hacer seis pisos, terminar haciendo veinte”, consideró.
La activista vecinal reconoció el trabajo de revisión que llevan a cabo las nuevas autoridades, pero alertó que aún falta que la Procuraduría actúe contra quienes otorgaron esos permisos ilegales.
“Por lo menos como ciudadano que lleva denunciando esto muchos años, la aceptación del Gobierno de la ilegalidad es una avance, primero. Segundo, el hacer una pausa y decir ’no, no es que te dieron ya tu uso y puedes hacer lo que quieras de tu edificio, déjame revisarlo’; y el darse cuenta que muchos usos fueron dados ilegalmente, están corriendo juicios de lesividad para quitárselos, me parece un gran avance”, destacó.
“Me parece una excelente acción del Gobierno detener la obra hasta no entender cuáles son legales y cuáles ilegales. Eso me parece muy bueno, y en la revisión de tanta ilegalidad me parece muy bien que procedan a eliminar los permisos que fueron dados ilegalmente. Pero mi pregunta es: ¿y a quien los firmaron qué? Porque mientras no te vayas ahí, ese es el origen, esa es la raíz”, agregó Mac Gregor.
PIDEN APLICAR LA LEY
Entre las miles de denuncias que se acumulan en la plataforma de Obra Chueca alertan de obras en construcción sin permisos visibles, otras que trabajan pese a sellos de suspensión y muchas más por inmuebles con niveles de construcción muy por arriba de las edificaciones aledañas. Durante los primeros siete meses de este año, la plataforma acumula más de mil denuncias por “obras chuecas” en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
De acuerdo con el actual reglamento de construcciones para la capital del país, en su artículo 253 fracción II, se impondrá sanción del cinco y hasta el diez por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas cuando las obras o instalaciones no concuerden con el proyecto autorizado o no se respeten las características señaladas en el certificado de acreditación de uso de suelo. Mientras que el artículo 255 detalla que cuando el infractor reincida se le aplicará el doble de la sanción que le haya sido impuesta en un inicio.
El reglamento también detalla que las autoridades pueden no autorizar el uso u ocupación de un edificio si al concluirse, éste no se ajustó a la manifestación de construcción registrada o a las modificaciones del proyecto autorizadas, en cuyo caso el constructor debe de hacer las modificaciones necesarias. Y también aclara que las modificaciones a una obra serán autorizadas siempre y cuando no se afecten las condiciones de seguridad.
Mientras que el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 286, considera que a quien quebrante sellos puestos por la orden de una autoridad competente se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
Josefina Mac Gregor explicó que en la capital del país están clarísimas las sanciones para quien construya de manera ilegal, sin embargo, la corrupción ha hecho que esas sanciones no se impongan y muchas obras sigan operando pese a que son inseguras o violan los usos de suelo.
“Tenemos una serie de actores extraordinariamente corruptos en un sector que mueve mucho dinero”, alertó.
Y destacó que “llega ser del 10 por ciento del valor total del inmueble la sanción si construyes fuera del proyecto. Y si te colocan sellos y no demueles lo adicional, te cobran el doble de eso. Así dice la Ley”.
Y explicó que la corrupción en el sector llevó también a la extorsión, pues tenían todo en orden, se les llegó a poner sellos y a pedir que a cambio de levantar las suspensiones se otorgara dinero o incluso un departamento.
“Te cobro por dejarte hacer lo que la Ley permite, dependiendo de la dimensión, era dinero o llego a ser hasta un departamento”, aseveró.
LA POLÉMICA POR LA EXINCIÓN DE DOMINIO
A principios de julio, los alcaldes morenistas de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores San Román y Víctor Hugo Romo, respectivamente, presentaron ante el Congreso capitalina una propuesta para reformar la Ley de Desarrollo Urbano para, en sus palabras, combatir al “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México. Esta iniciativa causó gran polémica por incluir como sanción por violar sellos de clausura y falsificación de documentos, la extinción de dominio.
Sin embargo, ante la polémica por el mal uso que se podría hacer de la extinción de dominio, el pasado 29 de julio ambos alcaldes emitieron un comunicado en el que afirmaron que “para evitar excesos en la aplicación de la ley o evitar interpretaciones inadecuadas” se enviará al Congreso de la Ciudad de México un proyecto definitivo que excluirá lo relativo a la Ley de Extinción de Dominio.
Josefina Mac Gregor explicó, en entrevista con este medio, que la extinción de dominio podría ser aplicada por quienes se han dedicado a extorsionar: “¿Qué sucede? Si tú tienes una Ciudad de México donde ya toda la autoridad aceptó la super corrupción, donde ya la ciudadanía le dijo ya basta, y dicen: ‘claro para sancionarlos ahora sí vamos a hacerles extinción de dominio y nos vamos a quedar con sus inmuebles’, y los que van a aplicar eso son los que, en muchos casos, han extorsionado u omitido aplicar la Ley. Tú imagínate que les des el poder de quitarles el inmueble”.
Consideró que “si ahorita les dicen: ‘mira, me das un depa, o no acabas el inmueble’, imagínate cuando les digas, ‘tú violaste el sello y continuaste, me voy a poder quedar con tu edificio’. En manos de los mismo corruptos va a quedar esa capacidad de decisión”.
También criticó que la extinción de dominio no es una opción pues muchas autoridades han sido omisas de aplicar sanciones aunque “hoy podrían haberlos metido a la cárcel, cobrado más de lo que hubiera sido su utilidad del edificio –no podrían, deberían haberlo hecho– y deberían haber no dado el uso y ocupación, quiere decir, no podrían ni si quiera haber vendido sus edificios”.
