La detención de este militar es apenas superada en rango por la caída en septiembre de José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El coronel Rafael Hernández Nieto, quien encabezara el Batallón en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero en 2014, fue detenido por las autoridades acusado dentro del Caso Ayotzinapa, y se convirtió en el segundo de más alto rango militar en caer hasta ahora.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de desaparición y de delincuencia organizada. Fue aprehendido en Puebla por agentes ministeriales de esa dependencia en las afueras de su domicilio en la capital poblana, según el Registro Nacional de Detenciones.
En ese listado, Hernández Nieto es descrito como un hombre de cabello canoso, con lentes, y vestimenta tipo pants. Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, pero se retiró con grado de brigadier, de acuerdo con medios locales.
La detención de este militar es apenas superada en rango por la caída en septiembre de José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014, detenido por elementos del Ejército mexicano; en 2015 había sido ascendido a General Brigadier.
Rodríguez Pérez fue mencionado el mes pasado por el Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “El Coronel” comentó que “se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, indicó en su momento que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Apenas el 20 de junio pasado, la FGR consiguió nuevamente las órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, incluido Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería, quienes son acusados de los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.
La FGR se había desistido hace nueve meses de investigar a estos 16 militares, lo que fue cuestionado por organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre pasado que era probable reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Comisión de la Verdad presentó en agosto un informe que aportaba importantes avances sobre los presuntos involucrados tanto en la desaparición de los estudiantes, entre los que apuntaba a militares, como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El domingo pasado, un Juez federal vinculó a proceso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fuera titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por los delitos de tortura y desaparición forzada.
uan José Hernández Leyva, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó al exfuncionario por los mencionados dos delitos, y rechazó vincularlo por los de coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Asimismo, el Juez ratificó la prisión preventiva a Gualberto Ramírez, tal como lo pidió la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que persiste el riesgo de fuga y que el vinculado a proceso pueda intimidar a una funcionaria de la SEIDO que declaró en su contra.
