Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló con SinEmbargo Al Aire sobre el esquema de corrupción descrito por la UIF, en el que se involucran a dos empresas, una de ella fundada por la familia y el expresidente Peña Nieto, quienes vendieron sus acciones, pero que en su Presidencia recibió contratos millonarios.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar al beneficiario final del esquema irregular descrito el día de ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el cual se involucran a las empresas Baxter S.A. de C.V. y su filial Plasti-Estéril, S.A de C.V., que fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones.
“Lo importante aquí es la búsqueda del beneficiario final […] creo que lo importante sería que se desarrollara una investigación en estos términos”, comentó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
Santiago Nieto refirió que en muchas ocasiones se utilizan empresas fachada donde se modifican los accionistas o las participaciones accionarias de las personas de una sociedad mercantil “y esto debe ser una línea de investigación, eso evidentemente le corresponderá a la FGR, la Unidad ya hizo su trabajo, hay que reconocer a Pablo Gómez, la persona que presenta la denuncia por este caso que es importante y paradigmático para México”.
Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó el jueves en Palacio Nacional que detectó un esquema donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos, que fueron transferidos —entre agosto de 2019 y octubre de 2021— por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España, país en el que actualmente reside.
Además encontró dos empresas con las que el expresidente “tiene vínculos corporativos” y respecto de las cuales “se identificaron irregularidades fiscales y financieras” como 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 4 millones 942 mil 900 dólares y mil 557 millones 822 mil 839 pesos, las cuales se realizaron “sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recurso”, del que se desconoce al beneficiario final que Santiago Nieto pide investigar.
SinEmbargo publicó el día de ayer que Plasti-Estéril, S.A. de C.V. y Baxter, S.A. de C.V. son las dos empresas con “relación simbiótica” involucradas en las millonarias transferencias que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, beneficiaron al expresidente Enrique Peña Nieto.
Al consultar la base de datos de Compranet, la reportera Daniela Barragán de este medio encontró que durante el sexenio del expresidente, Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales –el 73 por ciento del total– le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, sin necesidad de concursar. En total, de 2010 a 2018, la empresa obtuvo del Gobierno federal mil 238 contratos por un monto de 13 mil 832 millones 372 mil 224 pesos.
“Inglaterra encabeza una participación muy importante para poder generar un sistema nacional de beneficiarios finales y esto en México es algo que tiene la Secretaría de la Función Pública que está trabajando con otras áreas incluidas la UIF y también la Secretaría de Economía ¿por qué la Secretaría de economía es tan importante? Porque es donde uno puede ver si hubo modificaciones de los accionistas dado que la Reforma mercantil de 2013 ha cancelado la obligación que tenían las personas integrantes de una sociedad mercantil para pasar ante la fe de un notario público las modificaciones accionarias, al ya ser un trámite administrativo ante la Secretaría de Economía es importante que dentro todos puedan desarrollar esto de los beneficiarios finales”, dijo Nieto Castillo. “Siempre es importante que quede claro y en particular el expresidente tendrá su derecho a la garantía de audiencia y su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso y eso hay que verlo más adelante”.
Santiago Nieto Castillo confirmó que hay una relación financiera con esta empresa transnacional y con Plasti-Estéril y explicó que desde que Emilio Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas, incluidos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera se dedicó a investigar y —hasta que él estuvo a cargo— se pudieron identificar a 35 personas investigadas y 22 denunciadas, “pero, hay que decirlo, el complemento de esa investigación primaria la hace Pablo Gómez y la denuncia la presenta Pablo Gómez”.
“Hay que recordar que Enrique Peña Nieto hace unas semana se tuvo conocimiento de que había obtenido una visa dorada en razón de la cantidad de recursos que había llevado para España, particularmente en el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por este fenómeno estamos viviendo en varios espacios en donde gente de la clase política mexicana comprando temas en varios lugares sobre todo en la Península ibérica […] Mucho se ha dicho que esto es un fenómeno del ‘peñanietismo’ importante, la adquisición de bienes inmuebles fuera del país y creo que esto es el siguiente paso que deben dar las autoridades”, indicó.
Cuestionado por Alejandro Páez Varela sobre lo que sigue en este proceso, Nieto Castillo detalló que el Ministerio Público debe solicitar los estados de cuenta de las empresas, las actas de creación y de modificación de las personas accionistas, la solicitud de los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por medio de un Juez; y hacer un dictamen contable para poder validar la información frente a un Juez.
“La información como tal que recibe la Unidad no hace prueba en un juicio, sino que es necesario que el Ministerio Público vuelva a desarrollar los actos de investigación para poder estar en posibilidad de poner generar la juicialización de un caso en particular. La parte central es que se vaya integrando la carpeta, por supuesto el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de presentar las pruebas de descargo conforme a sus intereses le convengan y en todo caso se deberá determinar la carpeta. ¿Cuáles pueden ser las vías? La primera vía puede ser la judicialización de la carpeta, hay elementos suficientes para acreditar el delito, la segunda, pues no hay elementos suficientes y generar un archivo general de la misma o la tercera podría ser, en un ejercicio de acción penal en caso de que no estuviera acreditado los elementos”, precisó.
