Hace una semana que los mexicanos votaron por un cambio. Dieron amplio mandato a Andrés Manuel López Obrador y a su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En apenas unos días, AMLO ha delineado lo que parecen ser los ejes de su política: atender a los jóvenes, atacar las causas que generan la inseguridad y pacificar al país, así como dar autonomía energética a México.
–Con información de Shaila Rosagel, Dulce Olvera, Associated Press y EconomíaHoy
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Ha pasado apenas una semana desde que los mexicanos salieron a las urnas y decidieron virar a la izquierda, entregando un mandato amplio al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En apenas unos días, el ganador de las elecciones del domingo, Andrés Manuel López Obrador, parece haber delineado lo que podrían ser los ejes de su gobierno, que inicia el 1 de diciembre de este año.
En primer lugar, a juzgar por lo que el mismo político mexicano ha enfatizado, se encuentra el rescate de los jóvenes y la pacificación del país. Una de las primeras reuniones que sostuvo esta semana fue con los empresarios. Les pidió voltear hacia el sur, en donde se encuentra el México menos desarrollado. Les ha pedido compromiso para un amplio programa nacional con el que se pretende dar empleo temporal a millones de jóvenes que están desempleados y que año con año se quedan sin escuela. Esos jóvenes son, también, la base social que alimenta los grupos de la delincuencia.
Carlos Urzúa, a quien López Obrador ha propuesto como Secretario de Hacienda, ofreció en la semana una conferencia de prensa tras una reunión del equipo económico del mandatario electo que se extendió cuatro horas. Urzúa habló de diversos programas que abarcan varias agencias gubernamentales, incluido un tren que se desplazaría entre la ciudad turística de Cancún en las costas del norte de Quintana Roo a las ruinas mayas de Palenque cerca de la frontera con Guatemala. Todo con el deseo de apuntalar los programas para dar empleo a quienes más lo necesitan.
JOVENES Y SEGURIDAD
Ayer, López Obrador dijo a los periodistas que todos los jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de estudiar y que irán a la universidad todos los que deseen asistir. Aseguró que eso podría requerir la construcción de nuevas escuelas secundarias y universidades. Educación, un programa de entrenamiento con la iniciativa privada y un plan de pacificación, están en primer lugar para el ganador de las elecciones, en un país sometido a la violencia desde que Felipe Calderón Hinojosa lanzó una guerra contra los cárteles.
Más de 200 mil mexicanos han muerto por la ofensiva contra las drogas en dos sexenios. Ahora, en un viraje en la política nacional antidrogas, se plantea como una prioridad despenalizar la mariguana, tanto la posesión y consumo, de acuerdo con la próxima Secretaria de Gobernación, la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
El futuro Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que el gobierno de AMLO proporcionará becas mensuales a los estudiantes que necesiten ayuda financiera para terminar sus estudios preuniversitarios o la universidad. Agregó que no se planea aumentar los impuestos para cubrir esos gastos.
López Obrador ha dicho que ve la educación como una manera de darle trabajo a jóvenes que de otra manera estarían desempleados y reducir la delincuencia. A principios de la semana se comprometió a pagar los salarios de los pasantes que trabajen en empresas mexicanas como parte de un paquete de becas y capacitación.
ESTABILIDAD, CONFIANZA
López Obrador también ofreció estabilidad y confianza. Y el peso y la Bolsa Mexicana de Valores han respondido con ánimo a esas palabras.
AMLO hizo hincapié en la importancia de una transición económica fluida y se comprometió a colaborar en el plan presupuestario para 2019. En declaraciones tras su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, López Obrador anunció que se reunirá con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que según la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá lugar el 13 de julio en Ciudad de México. López Obrador dijo que su equipo de transición se ofrecería para ayudar a los negociadores a trabajar para lograr un acuerdo sobre el TLCAN.
En la primera rueda de prensa desde su triunfo el domingo, López Obrador reiteró algunas de las promesas de campaña: respetar la autonomía del Banco de México, equilibrio fiscal, un plan presupuestario del país para 2019 que incluirá un aumento en las pensiones para las personas mayores y programas para jóvenes.
“En todo este período tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en tema económicos, financieros”, dijo.
PEMEX, LAS REFINERÍAS Y ROMERO DESCHAMPS
López Obrador dijo en la semana que está trabajando en un proyecto para la construcción de dos nuevas refinerías y para la rehabilitación y mejora de las seis que existen en México. Detalló que este proyecto se está realizando a través de una licitación y dijo que dará a conocer el proyecto a la opinión pública.
El político explicó que México necesita incrementar la producción de petróleo y no se puede refinar si no hay petróleo crudo, por lo que es necesario extraer. También informó que hoy se reunirá con algunos funcionarios que formarán parte de su Gabinete y con quienes analizará el Plan de Desarrollo, además de Marcelo Ebrard, quien ha sido designado para dar seguimiento a los asuntos internacionales.
Y es que mientras Estados Unidos está instalando dos refinerías en Texas al ver en su vecino mexicano a un gran comprador de sus combustibles, de este lado de la frontera se sigue sin recuperar y ampliar la capacidad de refinación –que reduciría los precios– de la mano del desarrollo de las energías renovables.
“Recuperar y aumentar nuestra capacidad nacional de refinación es un tema de seguridad nacional”, dijo a SinEmbargo el economista Sergio Saldaña, autor de Reforma energética. Una trampa de subdesarrollo. “En la historia de un país, nunca ha dejado de ser subdesarrollado si antes no controla sus recursos naturales”. Pero con la reforma estructural de 2013, dijo, “el Estado mexicano perdió la exclusividad para la exploración y explotación de hidrocarburos, y para la generación de energía eléctrica”.
Petróleos Mexicanos (Pemex) sobrevivió el sexenio, pero ya no es independiente. Aunque tiene la capacidad de recursos financieros y humanos para explotar las áreas petroleras que ha ganado a lo largo de la Reforma Energética, es solo a través de sus asociaciones con empresas privadas. En comparación con su época de oro en la década de los ochenta y la del 2000, la compañía de 80 años sigue golpeada por la crisis de petroprecios en 2015, por un sindicato caro e insaciable y por enfrentar tres cambios de dirección general, envueltos en malas gestiones y por criterios políticos, aseguraron especialistas en el sector energético.
De diciembre de 2016 a marzo de 2018, Pemex ha obtenido mediante licitación 13 áreas petroleras tanto de aguas profundas como poco profundas a lo largo del Golfo de México durante las tres rondas (10 en consorcio) y cuenta con tres asociaciones estratégicas concretadas con empresas privadas. Contando las que va en individual tiene 18 zonas en total para explorar y explotar.
AMLO tiene otro reto en Pemex: Carlos Romero Deschamps. Ha dicho que el líder del sindicato se irá, pero no está claro cómo. Durante la campaña prometió echarlo. Es símbolo de la corrupción y el saqueo de la petrolera, y también del corporativismo que sirve al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
LA POLÉMICA AMNISTÍA
El gobierno que López Obrador encabezará en México impulsará ante el Congreso una ley de amnistía que se elaborará a partir de las propuestas recibidas de víctimas y de expertos nacionales e internacionales, y que podrá incluir leyes especiales, instrumentos de justicia transicional, indultos y reducción de penas, pero garantizando que no haya impunidad.
Así lo indicó el viernes el equipo de seguridad del futuro mandatario, que subrayó que el objetivo de esta gran estrategia es pacificar un país azotado por la violencia, donde más de 200 mil personas han sido asesinadas y otras 35 mil han desaparecido desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) empezó su lucha frontal contra el crimen organizado hace casi 12 años.
Según Alfonso Durazo, asignado por López Obrador para encargarse de la futura Secretaría de Seguridad Pública, no se trata de una “amnistía a secas” que pudiera implicar discrecionalidad por parte del futuro Presidente. “Exploraremos, sin prejuicios ni estridencias, todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país”, señaló. Eso sí, “sin pasar por la impunidad”, y con la intención de que el actual nivel de violencia no se repita, agregó Durazo.
La ley será complementada con otras nueve iniciativas de seguridad, pero estas acciones no acabarán con la violencia de un día para otro, reconoció Durazo, aunque sí empezarán a rendir resultados “en el muy corto plazo”. Olga Sánchez Cordero, quien ha sido nombrada como próxima Secretaria de Gobernación, subrayó que echarán mano “de todos los instrumentos legales” a su alcance, pero el eje de todo serán “los derechos de las víctimas”.
“No significa impunidad” sea quien sea quien cometa el delito, reiteró por su parte Loretta Ortiz, asesora del gabinete de transición en materia de derechos humanos. La experta destacó que “nunca procede el olvido o el perdón con crímenes de lesa humanidad”, mientras que el resto de delitos se analizarán conforme a lo que señalen las víctimas.
En principio, los primeros beneficiados por esta ley, explicó Ortiz, podrían ser niños, jóvenes cooptados por el crimen organizado, mujeres que son involucradas en delitos por su pareja –lo que se conoce como “delitos de amor”–, campesinos que hayan sido productores de droga, gente acusada de delitos políticos y otras personas que no han cometido ningún acto de carácter violento.
Además, se establecerán “algunas comisiones de la verdad” para determinados hechos –integradas por la sociedad civil, sacerdotes y expertos internacionales– que serán una “herramienta” para la pacificación con los derechos de las víctimas y el derecho a la memoria como ejes y que conllevarán acceso a la justicia, a mecanismos de no repetición y a la reparación del daño, explicó Sánchez Cordero.
Un tribunal mexicano ya ordenó la creación de una comisión de este tipo para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, conocido como caso Ayotzinapa, pero la sentencia está paralizada al estar en litigio por una de las partes. Más tarde, López Obrador se refirió al plan de amnistía tras salir de una reunión con sus asesores económicos, y dejó abierta la posibilidad de examinar otras propuestas si el público lo rechaza.
“Trata de un proceso para conseguir la paz, pero no con imposiciones, sino convenciendo, buscando el consenso”, afirmó. El objetivo es “que se acabe con la violencia que desgraciadamente predomina en el país”.
La consulta ciudadana sobre la ley de amnistía –propuesta que marcó toda la campaña electoral y que, según el equipo de López Obrador, fue totalmente tergiversada por sus contrincantes–, comenzará de manera inmediata y tendrá una primera fase de “foros de escucha” con víctimas de desapariciones, homicidios, secuestros, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la libertad de expresión o contra los niños o los migrantes, entre otros delitos.
Además, se habilitará una plataforma digital, habrá encuentros con los expertos y altas personalidades –entre las que se incluirán el papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres– y luego habrá brigadas “calle por calle y casa por casa”, explicó Ortiz, para poder llegar a sectores de la población con quienes no tendrían otra forma de comunicarse.
Entre el decálogo de iniciativas de seguridad que complementarán la ley, Durazo adelantó la capacitación gradual de policías para que en cuanto estén listos, puedan ir relevando a las fuerzas armadas y que éstas vayan progresivamente saliendo de las calles y regresando a sus cuarteles, o una mayor supervisión de la armas y el efectivo que llegan desde Estados Unidos. En este sentido, dijo que las revisiones no sólo se harán de sur a norte –la dirección que lleva la droga–, sino de norte a sur –la ruta del armamento y el dinero– y que se utilizará la tecnología más avanzada para vigilar la corrupción en aduanas y aeropuertos.
El objetivo es “combatir al narcotráfico como un ente económico”, que es lo que le da capacidad para operar y corromper.
La lucha contra la corrupción, epicentro de la campaña de López Obrador, será un elemento básico, según Durazo, para romper el círculo vicioso que hace que México tenga un 99 por ciento de impunidad.
“No hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial pero, al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado o desorganizado que no avance de la mano de un alto político o un alto funcionario público”, indicó. “Eso se va a acabar”.
El mismo viernes, el movimiento denominado “Fiscalía que sirva” y que agrupa a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicos, emitió un comunicado en el que pide al Senado saliente que no nombre un fiscal general sin contar antes con una fiscalía independiente, porque un fiscal “designado de manera exprés no puede operar dentro de una Procuraduría General de la República en ruinas y plagada de vicios”. Estos colectivos abogan por que ese proceso lo lideren los legisladores elegidos el pasado domingo.
