Coahuila ha sido gobernado por el mismo partido en los últimos 90 años: se inició con el Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y siguió con él en su última transformación: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Es el único partido que ha gobernado esa entidad, y la llegada de la familia Moreira significó para el estado el inicio de una tragedia de la que hasta el momento se desconoce el límite.
Violencia, inseguridad, corrupción y despojo, son los principales problemas que aquejan a esta región que por primera ocasión en su historia decide votar por un partido que se autopromueve de izquierda: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Con los resultados de la elección del 1 de julio, es un hecho que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está perdiendo Coahuila, una entidad clave entre sus bastiones políticos y a la que ha gobernado 90 años, a pesar del alto costo que esa sociedad ha tenido que pagar por los gobiernos de ese partido.
Ahí, en esa tierra donde los hermanos Moreira han dominado la política desde hace más de una década, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato presidencial que más votos recibió: 511 mil 710.
En un segundo lugar, algo rezagado, quedó José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI, con 300 mil 730 votos; le siguió el panista Ricardo Anaya Cortés, con 262 mil 728 votos y, finalmente, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, con 58 mil 824.
En la elección federal de 2000, Coahuila dio a Francisco Labastida Ochoa, entonces candidato presidencial del PRI un total de 311 mil 480 votos; en los sufragios de 2006, la mayoría de los votos fueron para el panista Felipe Calderón Hinojosa, con un total de 400 mil 894, mientras que al PRI le dio 245 mil 960, cantidad aún mayor de los que recibió López Obrador en su primera elección: hace 12 años, en tierras coahuilenses, AMLO quedó en tercer lugar.
Luego, en 2012, Coahuila le dio 464 mil 775 mil votos al priista Enrique Peña Nieto, mientras que a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN –quien nunca abandonó el tercer lugar a nivel nacional–, le otorgó 428 mil 998 mil votos. Un Andrés Manuel, entonces muy rezagado, sólo obtuvo 233 mil 818 votos y, de nuevo, quedó en el tercer lugar.
Sin embargo, seis años después, el mismo AMLO duplicó esa cantidad de sufragios y se posicionó como el primero.
En los votos para el Senado, también resultó ganadora la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la fórmula de Santana Armando Guadiana y Eva Eugenia Galaz Caletti, obtuvo el 36.3 por ciento de los votos, Verónica Martínez García y Yerico Abramo Masso, del PRI, Verde y Nueva Alianza, obtuvieron el 32.2 por ciento y José Guillermo Anata Llamas y Esther Quintana Salinas, de la Coalición Por México al Frente, se quedó con el 28.8 por ciento.
En cuanto a las diputaciones, la misma coalición de Morena quedó con tres distritos por el 34.3 por ciento; muy cerca quedó el PRI con sus alianzas, al alcanzar un 33.2 por ciento, votación que le hizo quedarse con dos distritos, al igual que el Frente con 29.9 por ciento de la votación.
Finalmente, a nivel municipal es donde aún se nota el poderío del PRI, que quedó con 18 municipios, el Frente, sin el PRD, amarró 15; Morena y amigos se quedaron con cuatro y PRD con uno.
EL VIACRUCIS DE COAHUILA
Esos fueron los votos de los coahuilenses que en los últimos años han aguantado a la familia Moreira, la violencia generalizada, la impunidad y el maltrato de las grandes empresas.
Y en medio de eso, la tragedia. Los coahuilenses saben, por información oficial, que la exhumación de cuerpos en fosas de Coahuila tardaría más de una década, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha recuperado 28 cuerpos tras la implementación del Plan Estatal de Exhumación, que inició en noviembre de 2017.
Actualmente no se sabe cuántos desaparecidos hay en México, pero en Coahuila se ha exigido ayuda a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional: “los crímenes de desaparición, tortura y asesinato no están siendo investigados, mucho menos en la magnitud de lo que representan, crímenes de lesa humanidad…”.
El último informe del 2017 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas refleja una cifra de mil 666 casos, en las que trabajan apenas 28 ministerios públicos para coordinar acciones de búsqueda alrededor de las cinco regiones, según la Fiscalía Especializada en temas de Desaparecidos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la Cuenta Pública de 2016, detectó irregularidades en el manejo de recursos destinados para la seguridad pública por 73 millones de pesos en ese estado, y entre los hallazgos destacó que uno de los rubros donde no se aplicaron recursos fue precisamente en la capacitación de personal de búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de que este plan está catalogado como urgente por el Gobierno federal.
En ese contexto, están los hermanos Moreira. Un informe de la Universidad de Texas exhibió la operación del Cártel de los Zetas durante los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y su hermano Rubén Moreira Valdez. Ahí se probó la protección de la que gozan por parte del Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.
El informe de 53 páginas, “Control…sobre todo el Estado de Coahuila”, está basado en el análisis de 24 declaraciones de testigos en tres juicios federales que se realizaron en San Antonio, Austin y del Río, Texas, donde concluyó que el grupo criminal pagó sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.
En el caso de Coahuila, los testimonios revelaron sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira a cambio del control de la entidad.
En enero de 2016 Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después. El diario El País reveló que el Gobierno mexicano desplegó de manera puntual a funcionarios en el caso.
Los investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones a las que ellos tuvieron acceso: datos concretos de matanzas y desapariciones.
“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice el documento en sus conclusiones.
Meses después de que Moreira fue liberado, en una Corte federal de Estados Unidos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, ex integrante Los Zetas, declaró que la organización criminal entregó dos millones de dólares a un funcionario del Gobierno de Humberto.
Los sobornos que se entregaron a los funcionarios del Gobierno de Moreira sirvieron para recibir protección y que dejaran operar a la banda en la frontera coahuilense, acusó.
Humberto Moreira recibió el Gobierno del estado con una deuda pública de 323 millones de pesos, pero el priista la aumentó a 8 mil 267.1 millones para 2010 y, para 2011, año en el que dejó el Gobierno y se fue a dirigir el CEN del PRI, era cuatro veces más grande: 36 mil 509 millones de pesos, de acuerdo datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) publicados en SinEmbargo.
El aumento desmedido de la deuda que se originó desde 2008, según condignó tres años después la Auditoría Superior del Estado, se debió a la falsificación de documentos oficiales y la manipulación de la información.
La megadeuda de Coahuila –de 36 mil 509 millones de pesos– heredada por Humberto fue elevada por su hermano mayor, Rubén, al incrementarla 4 por ciento, hasta 2015, cuando se situó en 38 mil 008 millones de pesos. Esta deuda, dividida entre sus casi 3 millones de habitantes, corresponde a 12 mil 862 pesos; es decir, cada coahuilense deberá pagar esa cantidad para salvar su estado.
