Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Gobierno federal, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), entregó en 2014 al municipio de Toluca 16 millones de pesos para un proyecto que en su explicación no justifica el por qué la capital del Estado de México tuvo acceso a este tipo de recursos ni cómo ayudarán a mejorar la seguridad, detectó la organización México Evalúa en un análisis sobre la prevención del delito en el país.
La obra, que fue la segunda más cara del Pronapred el año pasado, de acuerdo con el análisis, no explica en ningún momento que los recursos se vayan a utilizar para prevenir el delito e incluso, argumentó, al municipio en San Juan Bautista, en Oaxaca, se le autorizó un presupuesto de sólo 300 mil pesos para una obra casi similar.
El documento llamado “Prevención del delito en México ¿Cuáles son las prioridades?” observa que en la justificación del proyecto, el Ayuntamiento de Toluca especifica que los recursos se usarían para obras de una plaza pública que está ubicado cerca de una central de autobuses, en la Plaza Estado de México. Con este dinero se invertiría en banquetas y la remodelación del camellón, ubicado en las vialidades Isidro Fabela y 5 de Mayo, con plantas de ornato, pasto y rehabilitación del alumbrado público con nueva infraestructura, pero nunca menciona el impacto que estas acciones tendrán en la prevención del delito.
Con estos recursos también se sustituyeron 300 luminarias en la Delegación San Sebastián.
“Se indica que se instalarán luminarias ‘en las zonas detectadas de alto riesgo’, bajo el supuesto de que la iluminación de estas áreas reducirá dicho peligro. Sin embargo, la descripción de la acción no especifica en qué tipo de indicadores se basa esta observación; es decir, si la incidencia delictiva se presenta especialmente en lugares oscuros, por ejemplo. Esta información es importante porque si conocemos los problemas específicos de las zonas detectadas, será posible, a partir de estos datos, diseñar intervenciones más precisas y potencialmente más efectivas”, detalla el documento.
“No estamos diciendo que en el lugar no se necesitara esta obra ni que no va a tener ninguna utilidad. Estamos diciendo que su aprobación no queda clara, no sabemos cuál fue el criterio que utilizó la subsecretaria [de Prevención y Participación Ciudadana, responsable del programa]. Hay obras de este mismo tipo, como una en Oaxaca de 300 mil pesos, y esta es de 16 millones, es la segunda más cara del Pronapred en todo el país –la primera está en León, Guanajuato–”, expresó a SinEmbargo Lilián Chapa Koloffon, investigadora de México Evalúa y una de las autoras del estudio.
A juicio de Chapa Koloffon, esta obra es ejemplo de que no existen criterios definidos para otorgar los recursos del Pronapred a las entidades federativas.
El 12 de diciembre de 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo por el que se establecen los “lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito”.
En su artículo tercero, el acuerdo establece que el objetivo del apoyo es el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana para prevenir la violencia y la delincuencia.
Sobre el ejercicio de los recursos afirma que “deberán alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria”.
En otro párrafo, afirma que “las entidades federativas se obligan a comprobar los recursos federales que les sean ministrados y sean erogados en el marco del Programa, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable”.
La investigadora señaló que existe poca claridad en cuanto a la forma de asignación de los recursos de este programa y también para el tipo de obras que apoya.
“Para construir el documento utilizamos los anexos únicos, que son los que hicieron las entidades federativas con la descripción de cada uno de sus proyectos y estos los envió a la subsecretaria para que los evaluara y aprobara. Nuestro cuestionamiento es por qué una mera descripción de los elementos de esta obra fue aprobada cuando no se están presentando argumentos de por qué es pertinente o de por qué vamos a gastar el dinero en acciones de prevención del delito en ella”, cuestionó la investigadora.
Este medio digital solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) una entrevista con los responsables del Pronapred, para conocer las reglas de operación del mismo y los criterios que se usaron para hacer la asignación de recursos para la obra de Toluca. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de la dependencia.
LA JUSTIFICACIÓN
En la solicitud de recursos para la obra, citada por el estudio, el Ayuntamiento de Toluca explica:
“El proyecto comprende la rehabilitación de banquetas, remodelación del camellón con planta de ornato y pasto y rehabilitación del alumbrado público con nueva infraestructura. En cuanto a la rehabilitación del alumbrado público, se realizará la instalación de 267 luminarias de tecnología de Aditivo Metálico Cerámico, con poste de acero, construcción de bases de anclaje de concreto, ménsula, cableado interno, construcción de cableado subterráneo, registros de mantenimiento, y creación de circuitos foto controlados en la vialidad Isidro Fabela y vialidad 5 de Mayo; y la Sustitución de 300 luminarias fuera de servicio o dañadas por luminarias de Aditivo Metálico Cerámico en las zonas detectadas de alto riesgo para la población de la Delegación San Sebastián y la Instalación de luminarias solares en Plaza Estado de México (sic)”.
Por otro lado, en su justificación, el municipio de San Juan Bautista, Oaxaca, expone que el llamado Mercado Municipal Díaz Mori, en la colonia Santa Rosalía, “es utilizado por infractores para cometer ilícitos, el cual se acondicionará con Juegos Ejercitadores, Cestos de basura, Alumbrado y un Área de activaciones para mujeres y personas de la tercera edad donde se impartirán clases de danzón y zumba, beneficiando a las colonias cercanas a ésta, y fomentando con esto una sana convivencia entre los habitantes”.
Menciona que la estrategia es “realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia”.
“Esta acción de rehabilitación de espacios en San Juan Bautista responde tanto a un problema específico como a un elemento que se ha identificado como propicio para la comisión de ciertos delitos: un espacio físico que se encuentra abandonado y en el cual se cometen actos delictivos. Las acciones identificadas para atender esta situación son variadas: se combina la colocación de luminarias con instalaciones para la actividad física, con las que se espera crear una vigilancia natural, como resultado de la presencia continua de usuarios, así como con actividades para la convivencia comunitaria”, destaca el documento de México Evalúa, o cual considera que es congruente con la acciones tendientes a la prevención del delito en comunidades de bajos ingresos. Esto es, crear espacios que adquieran una relevancia tal para la comunidad que encuentren necesario preservarlas.
“Esta acción de rehabilitación de espacios en San Juan Bautista, Oaxaca responde tanto a un problema específico como a un elemento que se ha identificado como propicio para la comisión de ciertos delitos: un espacio físico que se encuentra abandonado y en el cual se cometen actos delictivos”, destaca el documento.
¿QUÉ ES EL PRONAPRED?
Desde el inicio de la actual administración federal, el Pronapred fue contemplado como uno de los programas fundamentales para prevenir el delito. Contempla 251 municipios del país y dos delegaciones del Distrito Federal.
Para la revisión de sus acciones existe una comisión intersecretarial integrada por las secretarías de Gobernación (Segob), de Desarrollo Social (Sedesol), de Educación Pública (SEP), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE), de Salud (Ssa), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). También involucra a dependencias federales, a gobiernos locales y representantes ciudadanos.
Las acciones de prevención del programa se implementan en cuatro ámbitos: violencia en el ámbito escolar, violencia familiar, adicciones y la detección temprana de problemas de conducta y de aprendizaje.
