Por María Inés Carabajal/Latinoamérica21

Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que es probable que “las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos cinco años”, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y al fenómeno natural de El Niño. Según el informe, entre 2023 y 2027 la temperatura media anual podría superar en 1,5 °C los niveles preindustriales, y probablemente sea el período más cálido desde que se tiene registro. Este dato no se refiere al umbral de 1,5° establecido en el Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, ha encendido las alarmas por los efectos que podría ocasionar. El calentamiento afectará a todas las regiones del mundo, pero de manera desigual: las poblaciones más vulnerables y con menos recursos, que paradójicamente son las que menos han contribuido al cambio climático, son las que más sufren y sufrirán las consecuencias.

En marzo de 2023 se publicó el informe síntesis del sexto reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y su mensaje es contundente: las medidas que, hasta el momento, han adoptado los países no son suficientes para evitar las repercusiones del cambio climático que ya estamos viviendo.

Sin embargo, todavía hay esperanza. Si se reducen las emisiones de los GEI y se emplean medidas efectivas y urgentes no solo se pueden reducir las pérdidas y daños para los seres humanos y la naturaleza, sino que también es posible garantizar un futuro habitable para todos. Para que esto sea posible, la acción climática debe centrarse en la justicia, el desarrollo resiliente y la equidad.

El informe del IPCC explica de qué manera la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Y teniendo en cuenta que en la última década la temperatura se ha incrementado un 1,1 grados Celsius por encima de los valores preindustriales, aún si todos los países cumplieran sus compromisos climáticos, no sería suficiente para evitar que se sobrepasen los 1,5 grados.

La continua quema de combustibles fósiles, los sistemas energéticos insostenibles o los cambios en los usos del suelo y la deforestación en todo el mundo están causando eventos climáticos extremos más frecuentes y fuertes. Si bien los países desarrollados han tenido una mayor responsabilidad en acelerar el cambio climático, son los países menos desarrollados los que más sufren las consecuencias. Por ello, la idea de justicia climática es un eje central sobre el cual hay que crear medidas de adaptación y mitigación que estén integradas, a fin de lograr un desarrollo resiliente.

Hacia la justicia climática: la centralidad del financiamiento

El concepto de justicia climática destaca la dimensión ético-política del cambio climático y cómo las desigualdades sociales y económicas se encuentran en el corazón del problema. Tan importante se ha tornado este concepto que en marzo de este año la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución para pedir la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades jurídicas de los Estados, que, por “acción u omisión”, afectan el clima.

Esto tiene varias implicaciones. Por un lado, las que están vinculadas al financiamiento que los países más vulnerables necesitan para enfrentar el impacto de los cambios en el clima. En este punto se ha hecho un gran avance en la COP27, gracias al acuerdo histórico para la creación de un fondo de “pérdidas y daños” que apoye a los países en vías de desarrollo. Este fondo apunta a compensar a los países que ya están sufriendo los impactos negativos tanto en lo que se refiere a pérdidas económicas (bienes, infraestructura, actividades productivas) como no económicas a los cuales no es posible asignar un valor como la migración climática, la pérdida de biodiversidad de la que dependen las poblaciones locales o de aspectos simbólicos o del acervo cultural que generan los vínculos comunitarios.

Este fondo de financiación recaerá sobre los países desarrollados por sus responsabilidades históricas, aunque aún no se han definido los mecanismos de empleo, funcionamiento y las modalidades de pago de las compensaciones. Las negociaciones llevarán tiempo, tomando en consideración que los países desarrollados son renuentes a aceptar la responsabilidad como emisores históricos. De momento, para avanzar en la ejecución del fondo, 24 países trabajarán conjuntamente, a fin de acordar qué países deben contribuir, cómo será distribuido el financiamiento o cuáles serán los instrumentos, entre otros factores.

Otro aspecto central es la necesidad de avanzar en la ejecución de medidas que estén orientadas hacia un “desarrollo resiliente al clima”, que articule de manera integral acciones de adaptación y mitigación con miras al desarrollo sostenible, teniendo como objetivo la interdependencia de los sistemas sociales y naturales. Cada país cuenta con distintas capacidades y oportunidades para llevar a cabo medidas de desarrollo resiliente al clima, pero claramente los países vulnerables necesitarán mayor financiamiento, transferencia de conocimiento, tecnología y acuerdos que estén basados en la cooperación internacional.

El último aspecto de la justicia climática que resalta el informe es el fortalecimiento de la participación social, la equidad y la revalorización del conocimiento de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la toma de decisiones a escala local y nacional. Cumplir con las agendas y planes nacionales requiere el fortalecimiento de la producción de conocimiento local y la realización de políticas públicas que incluyan la voz de estas comunidades. Este desafío va de la mano del desarrollo de enfoques transdisciplinarios que construyan puentes de legitimidad y confianza entre la ciencia, la política y la sociedad.

La promoción de espacios de encuentro transdisciplinarios, transnacionales e innovadores se torna fundamental para la acción transformadora. Un ejemplo es el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI) que se hará en junio en Panamá. Esta es la reunión transdisciplinaria más grande del mundo, en la que se buscará intercambiar ideas y fomentar un espacio de colaboración mediante la congregación de líderes mundiales, encargados de tomar decisiones en sectores gubernamentales, de la sociedad civil, financiadores e innovadores para pensar ideas y acciones transformadoras, que se basen en los desafíos de la sustentabilidad.

Como alertan los datos de la OMM y los reportes del IPCC, la acción climática debe acelerar el paso si queremos evitar que los riesgos relacionados con el clima se agraven aún más a futuro. Estamos a tiempo y hay una puerta de esperanza.

 María Inés Carabajal es profesora y doctora en Antropología, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). STeP Fellow en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Especialista en las dimensiones humanas del clima y el cambio climático en el Antropoceno.

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