Los indicadores “Capacidad legal”, “Democracia e instituciones políticas” y “Sociedad civil, medios y sector privado” se mantuvieron notablemente en un nivel similar al del año pasado.
El principal motivo para frenar la lucha anticorrupción fue la falta de “progreso en las reformas institucionales a largo plazo”.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Gobierno con la promesa de terminar con la corrupción, y el tema se ha mantenido “firmemente” en su administración. Sin embargo, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020 mostró que México continúa sin lograr modificar esta práctica, con 4.5 de calificación en la capacidad de sanción de este delito.
“En la práctica, no ha cambiado mucho para México; de hecho, el país ha cambiado se estancó y mantiene una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, aseguraron en su informe anual la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks, con base en en datos de 2019.
De acuerdo con el índice CCC la adjudicación directa de contratos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, así como en los grandes proyectos de infraestructura de la administración federal amplían el margen para que la corrupción aumente en el país.
En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido “históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas”, de acuerdo con Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA.
“La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región”, aseguró el analista.
De acuerdo con el informe, las subcategorías analíticas “Capacidad legal”, “Democracia e instituciones políticas” y “Sociedad civil, medios y sector privado” se mantuvieron notablemente en un nivel similar al del año pasado. México juntó diferentes razones para estancarse, la más importante la “falta de progreso en las reformas institucionales a largo plazo”.
El organismo planteó que la mayor parte de la administración de López Obrador se basa en la capacidad personal para erradicar el problema, pero “prácticamente ha ignorado al Nacional Sistema anticorrupción (SCN). “Aumentó el uso del gasto discrecional en contratos públicos y controles ignorados para mejorar la gobernanza, entre otras tendencias preocupantes”, puntualizó AS/COA.
Reconoció la importancia de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF). de la Secretaría de Hacienda, como una agencia anti lavado de dinero. “Sus actividades, revelando presuntos casos de corrupción que involucran a miembros de la oposición partidos, la Corte Suprema y otros”, fueron calificados como positivos.
Sin embargo, el sector conservador se ha planteado cuál es el impacto de la opinión de López Obrador sobre la UIF, por lo que la nota para la subcategoría “Independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción” fue menor disminuyeron.
Sobre la “Capacidad legal” en la que se evaluó la “Independencia y eficiencia” del sistema judicial, México se ubicó “significativamente” por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú, y más cerca de otros como Guatemala y República Dominicana.
Además las campañas de la sociedad civil también perdieron su impacto. AS/COA atribuyó el movimiento a dos factores: el éxito del Presidente López Obrador de “apropiarse la causa anticorrupción”; así como los “constantes” ataques retóricos contra organizaciones no gubernamentales y otros grupos independientes.
El seguimiento los casos de corrupción encabezados por exfuncionarios como Emilio Lozoya; el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron considerandos focos centrales de atención para el CCC en el futuro.
“Se espera que México avance en la implementación de un sistema penal acusatorio, más cercano al modelo estadounidense. Con el tiempo, esto puede conducir a cambios importantes en la aplicación de medidas anticorrupción, incluido el uso cada vez mayor de instrumentos de negociación”, aseguró el informe.
Finalizó con la afirmación de que la administración del Presidente López Obrador eliminó los controles y aumentó la discrecionalidad para el Gobierno con la adjudicación de contratos directos. Esto, al mismo tiempo que impulsa grandes proyectos de infraestructura y aumenta el gasto sanitario debido a la COVID-19. “Esta combinación aumentará aún más los riesgos de corrupción”, aseguró.
URUGUAY CONTRA LA CORRUPCIÓN
Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia de COVID-19.
Uruguay tiene la puntuación más alta (7.78 de 10), lo que significa que es el país de los 15 analizados que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción.
A Uruguay le siguen Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5,52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).
Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.
“Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina”, señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.
“Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva”, agrega.
La segunda edición del Índice CCC cubre 15 países latinoamericanos, 7 más que en la primera.
El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
-Con información de Efe
