El Estado mexicano, han alertado misiones de observación, ha aplicado una estrategia de desgaste y contención, que tiene el objetivo de generar cansancio, desmovilización y disuasión de los migrantes. Uno de los hallazgos en la frontera sur de México del ejercicio de observación es que las personas migrantes se enfrentan a diversos procesos burocráticos que complican y alargan su espera en la búsqueda de su regulación migratoria.
Alertaron que los migrantes que se encuentran en Chiapas se concentran en campamentos de refugiados, albergues y centros de detención migratoria, los cuales se encuentran saturados y en condiciones precarias e insalubres: sin baños en funcionamiento, con plagas, y donde no se les brinda atención médica ni alimentación adecuada.
Tapachula, Chiapas, 8 de junio (SinEmbargo).– Melissa y Silas formaron una familia y pusieron su propio negocio en Honduras, una frutería que luego sería el motivo de extorsiones y amenazas por parte de las pandillas. El cobro del “impuesto de guerra” –pago al crimen organizado por “derecho de piso”– aumentaba de manera periódica, cada vez más y más hasta que se volvió incosteable; fue entonces que tuvieron que huir del país.
Una prima de Melissa, que vive en Veracruz, les habló de una oportunidad de empleo. La joven pareja, padres de dos niños de 5 y 8 años, decidieron salir primero solos de su país y probar suerte. Hace siete meses que llegaron a México y, después de muchas semanas de trámites, obtuvieron la visa de refugio por razones humanitarias.
Melissa y Silas, de 27 y 28 años de edad, regresaron a Honduras por sus dos pequeños al verse un poco “establecidos” en México. Ya con sus hijos, ingresaron de nuevo por el río Suchiate, en Chiapas. Para avanzar a su destino final, Veracruz, han tenido que tomar varios colectivos, entre ellos, una combi que los llevaría hasta el municipio Huixtla por la carretera Arriaga-Tapachula, pero ahí se toparon con uno de los retenes migratorios de la región.
Agentes de la Policía Federal y soldados vigilan el punto, mientras elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) marcaron el alto a la camioneta del transporte colectivo y preguntaron a los pasajeros sobre su procedencia mientras pedían sus documentos. Melisa y Silas cuentan con visa de refugiados por razones humanitarias, pero sus hijos no.
Los cuatro hondureños fueron bajados de la unidad, los elementos de la INM se acercaron y los interrogaron, mientras fueron rodeados por cinco agentes de la Policía Federal.
Los migrantes fueron ingresados y retenidos en el punto de revisión por varios minutos; posteriormente, fueron “liberados”, con la advertencia que debían regresar a Tapachula, Chiapas, para solicitar el refugio a sus dos pequeños. Pero la familia, que no conoce a nadie en la zona y cuenta con pocos recursos, supo de inmediato que el trámite será largo.
La familia de Melisa es parte de miles de migrantes que se encuentran “varados” en diversos puntos de la frontera sur de Chiapas a la espera de regular su condición migratoria; a la joven familia le espera un largo proceso que podría llevarle semanas.
ACUSAN ESTRATEGIA DE DESGASTE
Organizaciones de derechos humanos, defensoras de las personas migrantes y refugiadas de México y la región, así como integrantes de la academia realizaron a finales de mayo la Misión de Observación de Observación de Derechos Humanos en el sureste de México, –principalmente en municipios de Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Mapastepec, Ciudad Hidalgo y Echegaray, Chiapas– para documentar la situación que viven las personas que son parte de los flujos de desplazamiento forzado en la frontera sur en forma de “caravanas” o “éxodos”.
Uno de los hallazgos del ejercicio de observación es que las personas migrantes se enfrentan a diversos procesos burocráticos que complican y alargan su espera en busca de su regulación migratoria que, consideró la Misión de Observación, es una estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización.
“Observamos que personas, con niños, tienen que esperar por horas a diario frente a oficinas de refugio y de regularización migratoria, lo cual se convierte en semanas y meses”, explicó Daniella Burgi Palomino, integrante de la Misión de Observación. Sin embargo muchas familias esperan todo ese tiempo simplemente para que les anuncien que les van a negar su solicitud de protección y muchas de ellas también desconocen si hay otros procesos.
Para los colectivos y activistas defensores esta estrategia tiene como finalidad cansar y disuadir a las personas. “Esto es muy grave porque sabemos que las personas y familias que encontramos en esa frontera sur ya vienen de un contexto de trauma y de violencia en sus países y que han sido obligados a huir de sus lugares”, añadió Burgi Palomino.
Los migrantes que se encuentran en Chiapas son principalmente originarios de Centroamérica y extracontinentales, esta población en tránsito se concentra –por un lado– en campamentos de refugiados, albergues y centros de detención migratoria, los cuales se encuentran saturados y en condiciones precarias e insalubres: sin baños en funcionamiento, con plagas, y donde no se les brinda atención médica ni alimentación adecuada.
Otra gran parte de extranjeros pernoctan en lugares a la intemperie, como parques, al lado de la carretera o en zonas aledañas a los centros de detención u oficinas migratorias, sin acceso a ningún tipo de servicio. Y otros tantos se quedan en el exterior de viviendas en donde ciudadanos les rentan o prestan espacios con techos. Una minoría logra pagar algunos lugares de renta en la zona.
La Misión de Observación acudió a la estación Migratoria Siglo XXI, al Puente Instituto Nacional de Migración, a diversas oficinas de Migración y sus alrededores. Los participantes pudieron constatar, en los recorridos, las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes y la violación de sus derechos humanos, entre ellos, a la alimentación, a la salud, la vivienda y agua.
El Informe del Monitoreo de Derechos Humanos del Éxodo Centroamericano del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano explica que la movilidad masiva de personas migrantes ha desafiando las políticas migratorias y de refugio en México y Estados Unidos. Detalla también que ha puesto en evidencia el colapso del sistema de asilo mexicano, así como la simulación gubernamental de atención y protección a las personas migrantes en tránsito y personas solicitantes de protección internacional y en situaciones de alta vulnerabilidad.
“Pone al descubierto la ineficacia de las políticas de control migratorio para responder a las problemáticas que generan los desplazamientos, y que más bien están basadas en la detección, detención y deportación de personas en situación irregular”, destacó el diagnostico realizado por al menos 13 organizaciones de defensa de los derechos humanos.
LA DESINFORMACIÓN AUMENTA SU VULNERABILIDAD
La falta de información a los migrantes, e incluso la desinformación sobre los trámites de registro, admisión y solicitud de refugio es otro de los aspectos que alertan en la frontera sur, informó Mariana Zaragoza, del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
La especialista, quien participó la Misión de Observación, destacó que la desinformación se pudo constatar con los testimonios, principalmente de los migrantes extracontinentales.
“Lo que vimos es que no tenían claridad de los trámites que estaban haciendo, principalmente los haitianos, además porque la mayoría habla el creol, –idioma haitiano– y pocos y pocas hablan francés. Se presentaron casos de personas que ya tenía su pase de salida, un documento que ordena la salida del migrante por cualquier frontera, y mientras está vigente no puede ser detenido en territorio mexicana”, ejemplificó.
La falta de traductores y de información incrementa la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas en movilidad, y además violenta el derecho a la información en su idioma, de acuerdo a la especialista.
“Eso se presenta a que la corrupción opere en esos casos porque llega mucha gente –abogados ‘coyotes’– a ofrecerles servicios, o incluso los mismos agentes del INM sin claridad, y ellos [los migrantes] no saben lo que están gestionando”, agregó.
Mariana Zaragoza detalló que afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los migrantes hacen largas filas y se anotan en una lista solamente para ir a una primera cita, “ para que luego les digan que lo que tienen no es suficiente, no tienen información. Nadie les informa que tienen derecho a la protección internacional, no saben que pueden pedir refugio, y además no tienen ningún tipo de atención humanitaria”.
Esta falta de información, explicó, provoca que los migrantes se estancan en trámites migratorios eternos, sin tener claridad de cuáles son los procedimiento exactos para poder acceder mas rápido a una regularización migratoria o a solicitar un refugio.
Activistas y defensores que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano han recalcado que la mayoría de la población migrante que ingresa a territorio mexicano son personas que han huido de sus países y necesitan protección internacional.
El Colectivo reiteró el rechazo a las estrategias que ha emprendido el Estado mexicano en cuanto a militarizar la frontera, y a la contención, persecución y detención migratoria sistemática.
“Exigimos al Estado mexicano que instale capacidades de atención inmediata en las instituciones responsables a fin de garantizar y ser congruentes con una política migratoria y de refugio con un real y efectivo enfoque de derechos humanos, y no de criminalización y represión hacia la población migrante. Y en consecuencia, hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en este contexto”, pronunció el Colectivo de Monitoreo el pasado el 6 de junio a raíz de la detención de cientos de Migrantes y la caravana que ingresó al país el 4 de junio.
