La política en Guanajuato nunca ha sido física nuclear, en términos de que no hace mucha falta un gran aparato teórico para descifrarla. Hace tiempo que no vemos más que cambalaches, un quid pro quo cada vez más grosero y evidente.

Por eso, es poco probable equivocarse cuando se asocian con cierta lógica eventos que se suceden como si fueran casualidades. En la política de Guanajuato ya no parece haber coincidencias.

Hace diez días, un junior prepotente asesina a un empleado de un centro nocturno en León. Tiene nexos familiares con un influyente consejero político de gobernadores y funcionarios, Elías Villegas Torres. No es difícil imaginar llamadas para conseguir atenuar las consecuencias del crimen.

Hace ocho días, la Diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Libia Denisse García Muñoz Ledo, agendó de forma inopinada la reforma constitucional para crear la Fiscalía General del Estado en el orden del día de la sesión del jueves siguiente.

Hace seis días, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la reforma en cuestión, aunque en el transcurso de la sesión, los grupos opositores se inconformaron con un punto de acuerdo reservado por la propia Diputada García Muñoz Ledo, para que la reforma entrara en vigor a 90 días de su aprobación, es decir en el mes de septiembre próximo. La reserva de los partidos minoritarios fue avalada por la mayoría panista, con lo que la reserva nunca se propuso.

Los partidos opositores consintieron en que la reforma mantuviera un transitorio que en la iniciativa federal ya fue removido: el de que el primer fiscal general sea quien se encuentre despachando como procurador de justicia del estado.

¿Por qué la Diputada Libia Denisse García decidió reactivar la reforma constitucional justo en la semana previa a las elecciones en cuatro estados del país? ¿Porqué eligió para hacerlo esa semana en la que el procurador muy probablemente estaba operando para permitir la impunidad de Juan Omar Ramírez Villegas, sobrino de Elías Villegas Torres?

Una versión que surge en oficinas del gobierno estatal es que las instrucciones precisas para que la Diputada Libia García subiera el tema y tratara de instrumentar la reserva que nos daría en 90 días una fiscalía general y 9 años más a Carlos Zamarripa en la titularidad del Ministerio Público, fueron proporcionada por la Coordinadora de Estrategia Política de Miguel Márquez, Juana de la Cruz Martínez Andrade, quien inició su carrera en la política panista con el respaldo de “Don Elías”.

Obtener un favor para el veterano jerarca panista y de paso conseguir el pase automático para Zamarripa, constituía una jugada de tres bandas que solo ignoraba algo: la generación de impunidad para un presunto delincuente propiciada desde los más altos niveles de poder, cuando el discurso oficial ha sido el de criticar la impunidad propiciada por leyes y juzgadores laxos.

Que la reforma a la Constitución para crear la fiscalía general tenía un claro componente de política coyuntural, lo da otra coincidencia: la de que hayan ocurrido casi a la misma hora la sesión del Congreso donde se daba votaban los cambios y la rueda de prensa donde el procurador Carlos Zamarripa y su infaltable compañero de andanzas, el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, anunciaban la liberación de una extranjera secuestrada en San Miguel de Allende.

Sin embargo, la combinación fue desafortunada: ni la formal sesión cameral ni el show mediático de San Miguel de Allende fueron fructíferos. En el palacio legislativo no pasó la reserva que buscaba adelantar la fiscalía al próximo septiembre, sobre todo por la falta de apoyo del coordinador Éctor Jaime Ramírez, al dejar sola a Libia Denisse García; en el caso del secuestro “resuelto”, más tardaron en anunciarlo que en surgir protestas desde la PGR por un presunto “protagonismo” de Zamarripa.

Por si algo faltara, el descubrimiento de la identidad del presunto asesino del bar del Bulevar Campestre de León vino a agregar la pieza que faltaba en la trama y a poner en blanco sobre negro el enorme y preocupante pragmatismo que podría estarse apoderando del responsable de la persecución de los delitos en la entidad.

Si ocho años al mando han puesto las cosas en esta tesitura, es terrorífico pensar en lo que ocurriría si se agrega un sexenio y medio más.

Seria la peor pesadilla para Guanajuato.

Arnoldo Cuellar

https://www.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Un exconvicto (Gil Zuarth), ¿puede ser Ministro?