https://youtu.be/9XqVgAgi4Ew

En un mítin en Aguascalientes, la Senadora Lilly Tellez lanzó una arenga en la que invitaba a sus correligionarios “a definirse claramente ante los males de México”: “No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el estado limitado”.

Con solo yuxtaponer los conceptos “derecha” y “moderna” ya se anuncia una contradicción: si algo define a la derecha es, justamente, su predilección por preservar valores tradicionales y por mantener el statu quo de antaño. Lo que enlista Téllez como valores no son otra cosa que la negación de los derechos conquistados por la izquierda: su “defensa de la vida” es la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos; la “defensa del esfuerzo individual” es la perpetuación del mito meritocrático justificador de la desigualdad social, cuyo lema más acabado es “el pobre es pobre porque quiere”; lo que llama “estado limitado” es el desmantelamiento del estado de bienestar a cambio de poner en el gobierno a una camarilla de empleados que le garanticen al poder económico su dejar hacer, dejar pasar.

Aunque se agradece, pues, su intento de franqueza, la verdad es que la derecha de Lilly Téllez no tiene mucho de moderna. Y valdría la pena repasar, más allá de discursos y de idearios, cómo es el Gobierno en los hechos de un grupo panista que se ha mantenido en el poder desde hace más de 23 años, como lo es el Gobierno de la hoy Alcaldía Benito Juárez. Desde que los vecinos de esa demarcación eligieron a su gobernante local por primera vez, nueve jefes delegacionales y un Alcalde la han gobernado, todos bajo el sello inconfundible del PAN.

El actual lider de la bancada de los diputados federales del PAN, y según cálculos de Álvaro Delgado, aspirante a dirigir ese partido en sustitución de Marko Cortés, fue delegado de Benito Juárez entre 2012 y 2015. En ese tiempo, según una nota reciente de El País, la Procuraduria Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México le informó al entonces delegado acerca de mil 779 denuncias ciudadanas de irregularidades en diversos predios de la delegación, que ya desde entonces crecía desmesuradamente. Se abrieron en ese momento siete investigaciones, pero el único resultado fue la emisión de una recomendación que nadie tomó en cuenta.

Con el sismo de septiembre de 2017 colapsó un edificio en Zapata 56. La Alcaldía Benito Juárez fue la única demarcación en México en la que colapsaron edificios nuevos. En ese edificio en particular murieron dos mujeres.

El 16 de agosto de 2021, una lavadora mal instalada explotó en un edificio recién construido sobre la Avenida Coyoacán. La fachada del edificio y varios pisos interiores terminaron destrozados. De manera más lamentable, una persona murió y 29 resultaron heridas. Al iniciarse las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia encontró que dos departamentos de ese lugar estaban a nombre del exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, Nicias Aridjis Vázquez. A partir de ese momento, las autoridades capitalinas siguieron el hilo que los llevó a descubrir un entramado de servidores y exservidores públicos de la Alcaldía que recibían sobornos y extorsionaban a empresarios a cambio de otorgarles permisos de construcción que violaban lo estipulado en la ley. Derivado de esta investigación se detuvo a Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de Gobierno de la Alcaldía entre 2009 y 2016, y más tarde al mismo Aridjis Vázquez. Hasta la fecha, están detenidos una decena de funcionarios y de manera más notoria, el exalcalde Christian von Roerich, Diputado local en la actual legislatura y hasta recientemente lider de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) Carlos Alberto Ulloa, en la Alcaldía Benito Juárez se han construido, desde 2012 hasta la fecha, 264 niveles irregulares. Por poner algunos ejemplos: hasta diciembre de 2022, se habían encontrado 57 edificios que excedían el límite de construcción por un piso, es decir, 57 pisos excedentes; 25 edificios con tres niveles de más, es decir, 75 pisos excedentes; seis edificios con cuatro niveles excedentes e incluso uno que se excedía por siete niveles. Total, que en las 130 denuncias ciudadanas recibidas por Seduvi desde septiembre hasta diciembre de 2022, se acumulaban 264 pisos que no están contemplados en los límites legales de construcción. Para referencia, menciona Ulloa, la torre más alta del mundo, en Abu Dabi, tiene 163 pisos. Unos cien pisos menos que los pisos construidos en esta Alcaldía fuera de la ley, y que suman unos siete mil millones de pesos en total.

Las declaraciones más recientes de un desarrollador que colabora con la Fiscalía como testigo protegido señalan directamente al actual Alcalde, Santiago Taboada, de haber incumplido un pago de más de 10 millones de pesos. Lo que resalta no es la cantidad, que comparada con lo que ha estado en juego desde 2012 parece mínima, sino el modo de operar que es característico de esa red delincuencial: le exigen a una empresa que lleve a cabo ciertas obras (en este caso particular, una pista de hielo en la explanada de la Alcaldía), se le piden facturas por una determinada cantidad y se le paga menos. La diferencia queda en el bolsillo de los funcionarios, que, además, para justificar los ingresos, cuentan con una decena de empresas en las que presuntamente blanquean el dinero.

Que Santiago Taboada esté ahora directamente en el blanco de las acusaciones no debería extrañar, pues sería iluso pensar que el entramado que incluye a Romero y von Roerich no incluyera también al actual Alcalde, con el que cerraron filas en 2018, del mismo modo que lo volvieron a hacer este 2 de mayo, cuando la coalición Va Por México acusó una supuesta “persecución política” en contra del Alcalde. El pretexto de la persecución política, sin embargo, es mucho menos creíble en este caso que en cualquier otro, pues las investigaciones no han partido de una determinación de la autoridad, sino de denuncias ciudadanas interpuestas por los afectados: gente que invirtió todo su patrimonio en departamentos que les fueron entregados tarde y mal, con problemas de humedad, sin medidores de luz, o personas que viven al lado de grandes desarrollos y que ven fracturadas sus paredes y sus pisos debido a la desorbitada construcción del terreno de al lado y por las cuales no reciben ninguna indemnización. Gente que da vueltas de una oficina a otra, que tiene que pagar abogados para reclamar las escrituras de departamentos que, aunque ya estén pagados, son inexistentes porque su construcción nunca estuvo contemplada dentro de la ley.

Es muy probable que Santiago Taboada trate de sacar provecho de la turbulencia por la que atraviesa para salvar sus aspiraciones a gobernar la Ciudad de México. Y también es probable que la propia alianza opositora aproveche la oportunidad para quitarse del camino a un grupo político que, dentro del mismo PAN, a muchos les resulta incómodo.

Si las investigaciones prosperan como deberían hacerlo, la camarilla de Romero tendría que ceder sus candidaturas a una figura de corte más “progresista” (usando con toda responsabilidad las comillas) como Xóchitl Gálvez, quien en al menos un mundo posible muy cercano, tendría que hacer mancuerna con una candidata presidencial que se ha declarado en contra de la corrección política y todas esas “cosas progres” que abandera una derecha que -con razón- se avergüenza de lo que es.

En todo caso, aquellas ilusiones que despertó la elección intermedia en la que el PAN con y sin alianza recuperó una buena cuota de curules y alcaldías en la Ciudad de México, parecen desdibujarse a medida que los ciudadanos denuncian y documentan la corrupción, la indolencia, la obsesión por el dinero y el desprecio por la vida que muestra su gobierno local más emblemático. Como el gas que después de un rato de acumularse hizo explotar aquella lavadora que terminó destapando todo este entramado, la corrupción del Cartel Inmobiliario podría ser lo que arruine la alianza opositora en la Ciudad de México y, con ello, sin duda, lastre su candidatura presidencial.

Violeta Vázquez-Rojas Maldonado

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Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.

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