Del 1 de enero al 1 de mayo de 2022, se tienen reportadas un total de 366 personas desaparecidas y aún no localizadas en la Ciudad de México, de las cuales 132 son mujeres, lo que corresponde al 36.04 por ciento, según cifras del RNPDNO.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La desaparición de mujeres es una grave problemática a nivel nacional, con una incidencia importante en urbes como Nuevo León, el Estado de México, que ocupa el primer lugar en este delito, y sí, la Ciudad de México.
“El tema de desaparición ni siquiera es considerado como un delito relevante en la Ciudad de México, pero las cifras nos están diciendo lo contrario”, afirmó la Mitzi Robles, integrante del Colectivo Hasta Encontrarles CdMx, en entrevista para SinEmbargo.
Pese a que la capital mexicana es una de las entidades que ha conseguido mayores derechos en favor de las mujeres, no se ha podido frenar la ola de violencia en contra de este sector.
Tan solo del 1 de enero al 1 de mayo de 2022, se tienen reportadas un total de 366 personas desaparecidas y aún no localizadas en la Ciudad de México, de las cuales 234 son hombres y 132 son mujeres, lo que corresponde al 63.93 por ciento y 36.06 por ciento, respectivamente, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) consultados el 6 de mayo.
Robles señaló que en la Ciudad de México hay similitudes con los casos de desapariciones de mujeres que suceden en otros estados. “En la mayoría de los casos se trata de mujeres jóvenes, entre la adolescencia y la primera adultez, en menores casos se presentan en mujeres de edad avanzada, aunque se siguen presentando”, dijo y detalló que algunos delitos que han logrado identificar detrás de las desapariciones, en el caso de las mujeres, son: “en menores de edad tiene que ver con temas de corrupción de menores, sustracción, trata de personas, y en el caso de mujeres que llegan a la etapa adulta, podrían ser casos relacionados con feminicidios que no estàn identificados”.
El caso más reciente tuvo lugar el pasado 12 de abril, al norte de la Ciudad de México. Eran alrededor de la 13:00 horas cuando la señora Sandra Anayeli Hernández Cruz salió de su domicilio, ubicado en la colonia Parque Metropolitano, en la comunidad de Cuautepec, Barrio Alto, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, rumbo a su trabajo, un comedor en la zona de la estación Indios Verdes, de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y de la Línea 1 del Metrobús, pero no llegó a su destino.
Un video captado por una cámara de seguridad y compartido en redes sociales muestran el momento en que la mujer de 36 años de edad abordó un automóvil modelo volkswagen, color rojo que, como cientos que transitan por la zona de Cuautepec, le brindó el servicio de taxi, y la dejó en la base de camiones conocida como “El Directo”; ahí habría abordado un camión con dirección a la zona de Indios Verdes, momento en que no se supo más de Sandra, según declaraciones de sus familiares a varios medios nacionales.
Y es precisamente la Gustavo A. Madero una de las tres alcaldías de la capital mexicana que ocupan los primeros lugares con mayor número de desapariciones. Iztapalapa está en primer lugar con 71 personas desaparecidas y no localizadas, 44 hombres y 27 mujeres; Gustavo A. Madero está en el segundo lugar, con 55 personas desaparecidas y no localizadas, 37 hombres y 18 mujeres; y en tercer lugar se encuentra la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde en los últimos cuatro meses han desaparecido 41 personas, 30 hombres y 11 mujeres.
Aunque Mitzi reconoció que sí han identificado la participación del crimen organizado en las desapariciones de mujeres, “sobre todo, desapariciones que ocurren en contextos muy específicos”, enfatizó que detrás de estos delitos también se encuentran la violencia de género.
“Hay casos que nosotros tenemos documentados, de desaparición de mujeres, por ejemplo, en bares de la Ciudad de México, que por el contexto donde están ubicados los bares y por la incidencia delictiva, nos da la impresión que tiene que ver con alguna actividad del crimen organizado, poca reconocida en la Ciudad de México, pero también creemos que muchas de las desapariciones de mujeres están asociadas a temas diversos que tiene que ver con violencia de género y que muy probablemente no sólo están vinculadas con temas de crimen organizado”, sostuvo.
“Lo que nosotros hemos detectado es que detrás de estas desapariciones hay delitos específicos que se asocian a éstas, por los que ha sido posible localizar a un porcentaje considerable. Cuando suponemos que hay otro tipo de delitos involucrados, que son las desapariciones que se van convirtiendo en las llamadas desapariciones de larga data, estos tienen que ver con crimen organizado, con trata de personas o con probables feminicidios”, en los cuales,explicó, podrían estar ocurriendo otros delitos “enlazados entre sí”, lo que a su vez “significa que el esclarecimiento del crimen se complejiza y por eso estamos ante tantos casos de desaparición en la Ciudad de México que no se han resuelto”.
En días pasados se cumplieron cuatro años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, una alumna de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quien su familia no volvió a ver luego de que salió de su casa, ubicada en la colonia Fuego Nuevo, en la Alcaldía Iztapalapa, cerca de las ocho de la mañana de ese 27 de abril de 2018.
Esa misma noche, luego de que la joven, quien en entonces tenía 21 años de edad, no volvió a casa su familia acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por la desaparición de la mujer. Sin embargo, las autoridades del sitio les comentaron que debían llamar al Locatel y esperar para poner la denuncia formal, pero al realizar este proceso, el Ministerio Público del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que entonces se encargaba de estos casos, clasificó la ausencia de Mariela como “extravío y no como desaparición”, según consignó en un reportaje la periodista de SinEmbargo, Sugeyry Romina Gándara.
Debido a que la ausencia de Mariela Vanessa no fue catalogada como una desaparición, hasta varios meses después, las autoridades capitalinas —entonces encabezadas por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera— se mantuvieron renuentes a investigar y buscar efectivamente a la joven. Su búsqueda se llevó hasta un año después de la desaparición de la joven, lo que provocó la pérdida de información que podría ser relevante en la búsqueda, como la de los videos ubicados en el área del último rastro, como denunció la familia de Mariela en su momento.
Este tipo de casos no son aislados, de acuerdo con las experiencias de Robles es frecuente que las autoridades desestiman los casos, actitudes que por consecuencia acarrean retrasos en las búsquedas, investigaciones y, frecuentemente, pérdida de evidencias que son indispensables para localizar a una persona, por lo que calificó de “deficiente” la atención a víctimas de estos delitos.
“La verdad es que en cuatro años (desde que se conformó el colectivo Hasta Encontrarlos CdMx) no hemos visto muchos cambios, la atención sigue siendo dilatante, es decir que tardan todavía mucho en la aplicación de los protocolos establecidos por la legislación en materia de desaparición, sobre todo las primeras horas, recurrentemente se da la pérdida de evidencias importantes de primeras horas para establecer las líneas de investigación. En el caso de niñas y mujeres no hay claridad de una investigación o investigaciones que se desarrollen con perspectiva de género, y la respuesta sigue siendo estigmatizante, criminalizante y revictimizante para las familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México”, aseguró.
De acuerdo con lo establecido por el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), una persona desaparecida es aquella de la que “no se sabe dónde está y que, de acuerdo a la información disponible, puede estar siendo o haber sido víctima de un delito. Las autoridades tienen el deber de buscarla desde el momento en que se enteran de que no puede ser localizada, y hasta encontrarla”.
En el documento publicado el 6 de octubre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se destaca que, según la Ley General en Materia de Desaparición, las autoridades están obligadas a suponer que una persona desaparecida, clasificación que abarca los casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas que se dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos, se encuentra en peligro aunque sea sólo un presupuesto, por lo que debe llevar a cabo “acciones de Búsqueda Inmediata como la investigación penal y los actos de investigación, que sirven para obtener información confidencial o acceder a lugares restringidos”.
“Los casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas que se dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos deben considerarse siempre desapariciones desde el primer momento, aunque no haya ningún indicio de un delito”, se subraya en lo dispuesto por el PHB.
Sin embargo, en la práctica no funciona así, aun cuando era el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes el que se encargaba de los casos de desaparición en la capital mexicana, situación que Mitzi denunció, no cambió al crearse una Fiscalía Especializada y una Comisión de Búsqueda local. “Por muchas de las omisiones y negligencias que hemos documentado, nos hemos dado cuenta que hay un gran desconocimiento en lo que consiste el protocolo de investigación, el protocolo de búsqueda, pero también, es importante decirlo, un desconocimiento del protocolo de identificación, notificación y entrega digna cuando la persona es localizada sin vida”.
“Estamos frente a una atención omisa, sistemática que responde a causas estructurales, que contrario a lo que dicen las autoridades respecto al combate a la impunidad, lo que persiste en estas instancias encargadas de investigar y de buscar a las personas desaparecidas en la Ciudad de México es, justamente, la inacción, la omisión, el desinterés, la falta de voluntad”, dijo la activista, y añadió que “el personal que está atendiendo tanto, las denuncias como los procesos de investigación y búsqueda, lamentablemente en la Ciudad de México, no ha mostrado ni la capacitación, ni la formación profesional para hacerlo”.
Además, en el PHB también se explica que al ser éste una norma jurídica, las personas servidoras públicas que no la cumplan con lo que se establece en el documento “pueden ser sancionadas. Dependiendo qué deberes incumplan, las sanciones pueden ser desde un regaño hasta perder el trabajo e incluso, cuando su actuación o inacción constituye un delito, ir a la cárcel”, no obstante, cuando se han denunciado negligencias, las autoridades no han dado una respuesta contundente, a lo que se suma, dijo Robles, la negación del problema por parte de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy, y de la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“De hecho en los informes que presenta la Fiscal General de la Ciudad de México, respecto a los avances en materia de impartición de justicia, ustedes pueden observar que el delito de desaparición ni siquiera es mencionado, se menciona robo, se menciona secuestro, se menciona feminicidio, pero el tema de desaparición ni siquiera es considerado como un delito relevante en la Ciudad de México, cuando las cifras nos están diciendo lo contrario. Lo mismo pasa con los informes en temas de seguridad que ha presentado la Jefa de Gobierno, el tema de desaparición tampoco ha figurado como un tema relevante, lo que para las familias de la Ciudad de México no representa la negación del problema pero sí la invisibilización del mismo.
Ante esta ineficiencia de las autoridades, familiares de personas desaparecidas y no localizadas en la capital mexicana, así como colectivos, han emprendido búsquedas por su parte en diversas zonas en las que consideran pueden encontrar hallazgos que lleven a la localización de los desaparecidos. “Como sucede con la mayoría de las familias y colectivos en el país realizan sus búsquedas más allá de las acciones que emprenden las autoridades”, las cuales se han llevado a cabo desde el 2020, “en el Ajusco, en la zona ecológica de la Sierra de Guadalupe, que está en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que colinda con el Estado de México, en el Cerro de la Estrella también se han realizado acciones de búsqueda”.
Mientras que las autoridades capitalinas se han limitado a realizar “acciones de difusión de fotovolantes o alguna acción de salida al lugar en donde se supone desapareció una persona específica, en donde se hace algún tipo de recorrido y se pegan fotovolantes”. Además, agregó, cuando los han acompañado peritos de la Fiscalía especializada, estos no se encuentran debidamente capacitados para realizar las búsquedas y levantamiento de hallazgos.
“La Comisión de búsqueda tiene muy pocas personas, hay poco personal dedicado a la búsqueda específicamente, las personas que están no son personas evidentemente toda la experiencia necesaria para realizar las búsquedas, muchas veces dudamos si ellas entienden y conocen el contexto de la desaparición en la ciudad”, sostuvo Robles, quien afirmó que “falta de personal y falta de personal especializado, además de la falta de insumos materiales y tecnológicos para realizar las búsquedas”.
“En materia de búsqueda en la Ciudad de México, no sólo estamos rezagados, ya que a pesar de que la creación de una Comisión por parte de las instituciones de la Ciudad de México, hay una acción nula en temas de búsqueda en campo”, remató la activista.
