La experiencia de los hechos vividos en el período 1951-1965 demuestra que hubo una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por parte del Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos cometidas particularmente en contra de ciudadanas y ciudadanas militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al partido del titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo, señala un informe de la CNDH.
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los resultados de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado mexicano en contra de ciudadanas y ciudadanos debido a su militancia política entre los años 1951 a 1965, las cuales representan “un auténtico genocidio“.
Por medio de la publicación del Informe Especial sobre Violación del Derecho a la Democracia del Pueblo, y la Represión de los Derechos de Reunión y Asociación por el Estado Mexicano (1951-1965), la Comisión dio cuenta que el Estado mexicano reprimió movimientos sociales y violentó los derechos humanos de las personas que formaban parte del Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), el cual sostuvo la candidatura de General Miguel Henríquez Guzmán hace 70 años.
Henríquez Guzmán lanzó su candidatura en dos ocasiones. La primera fue en 1945, para representante del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) ―antecedente del Partido revolucionario Institucional (PRI)―, señala la CNDH que da cuenta de cómo contó con el respaldo de Lázaro Cárdenas y de buena parte de las bases partidistas, pero el presidente Ávila Camacho prefirió apoyar a quien era su Secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien resultó electo en esa jornada electoral. Guzmán y sus seguidores, los henriquistas, no se dieron por vencidos, reorganizándose para las siguientes elecciones, en 1952.
“Las elecciones fueron el 6 de julio de 1952 y, pese a la proclama oficial de garantizar unas elecciones limpias, el proceso estuvo marcado por irregularidades y violencia ―sobre todo en zonas de clara preferencia henriquista―. Antes de darse las cifras finales, los periódicos ensalzaron como triunfador al candidato oficialista, Adolfo Ruíz Cortines”, señala la Comisión al respecto en una nota sobre este episodio.
Algunos de los puntos que exigió el Programa de la Federación en 1952 eran la construcción de la democracia por medio de pugnar por elecciones libres y transparentes, y por órganos auténticamente ciudadanos para propiciar y fomentar no solamente los ejercicios de la democracia formal, sino también de la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato.
Sin embargo, aunque las demandas hechas por Henriquistas y Jaramillistas fueron hechas por la vía institucional, el informe de la CNDH recalcó que las y los involucrados fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del Gobierno de Miguel Alemán Valdés, y luego de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.
La investigación desarrollada por el equipo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente permitió documentar 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la FPPM y de otros partidos aliados de este, como el Partido Agrario Obrero Morelense, que incluyen el asesinato del abogado de los presos políticos, el licenciado Marco Antonio Lanz Galera, en 1953, y el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus dos hijos, en 1962, así como la detención, y traslado a un cuartel militar en León, de 400 henriquistas que pretendían celebrar una asamblea en 1957.
Presentación-CNDH-CRÍMINES DDHH-CONTRA-OPOSITORES-1951-1965“Hasta la fecha, no se había abordado el análisis y la investigación de esta etapa, que abarca 14 años de la historia reciente de nuestro país, época en la cual el Ejército, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el aparato de inteligencia del Estado, encabezado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), obstruyeron el libre ejercicio de los derechos cívicos de las y los mexicanos, en particular de los derechos de reunión y de asociación, consagrados en el Artículo 9o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, agregó la Comisión.
Dentro de los resultados del informe se dio cuenta de que en los 14 años comprendidos entre 1951 a 1965 se tiene el registro de 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3 mil 416 detenidos arbitrariamente. La mayoría de los hechos ocurrieron en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política. En comparación, las cifras de la llamada “Guerra Sucia” de las décadas de 1960 a 1970 arrojaron un saldo hasta 1978 de entre 489 y 532 casos de desaparecidos, y aunque se siguen documentando ambos casos, los números son más bajos.
“Un auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto porque torturados, detenidos ilegalmente, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las en realidad hubo cientos más que fueron autoridades en todo el país, sin que se haya tenido mayor conocimiento de su destino”, enfatizó la CNDH al mismo tiempo que reveló que en esos años se registró por primera vez la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el Campo Militar número 1, estrenado con la matanza de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, el 7 de julio de 1952.
En un artículo en la revista Siempre!, del 11 de octubre de 1972, recuerda la CNDH, Carlos Monsiváis señala que el 7 de julio es “uno de los hechos menos documentados y más obscurecidos de nuestra historia” y cita la cifra de cerca de quinientos muertos en la Masacre de la Alameda, pues ese día se dispararon más de trescientas granadas de gases lacrimógenos y hubo cerca de cien agentes secretos, además del ejército, la policía montada y los granaderos
En el Informe Especial se dio cuenta de que la legislación que se elaboró con motivo de la Segunda Guerra Mundial fue mantenida aún después de que ésta finalizara para poder justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial, dictada por el partido del Titular del Poder Ejecutivo de aquel momento. Al mismo tiempo, esto mostró que durante poco más de 35 años la Dirección Federal de Seguridad, y por más de 70 años, el Estado Mayor Presidencial, actuaron al margen del orden constitucional.
Informe_Especial_Democracia_Pueblo“A lo que habría que agregar que, si bien en el siglo XX en México no hubo golpes de estado ni dictadura militar, lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco, que inhibió la participación ciudadana y segó el desarrollo de la vida democrática por décadas, y tuvo efectos similares en la violación a los derechos humanos, o aún peores, que los de los gobiernos militares centro y sudamericanos”, se lee en la presentación del Informe Especial.
Y la CNDH recalca: “la militancia en la FPPM, o en cualquiera de sus partidos aliados, y la mera simpatía por el General Miguel Henríquez Guzmán, le representó a miles de ciudadanas y ciudadanos un costo muy alto”, pues sufrieron desapariciones transitorias y desapariciones forzadas, persecución, despidos laborales, cárcel, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos de familias enteras; además de la criminalización y estigmatización por los medios de comunicación en su momento, y el olvido y su eliminación de la vida política nacional y de la historia, “a tal grado que difundiera vergüenza y temor entre la población el sólo acreditarse o asumirse como ‘henriquista’, es decir como opositor al partido del Gobierno”.
Como parte de la criminalización y olvido que el Gobierno de aquel entonces perpetuó, se logró eliminar a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano de la escena política bajo cargos de constituir un “peligro” para la vida democrática; sancionó a ciudadanos por el sólo hecho de hacer pintas en paredes con la letra “H” de Henríquez o repartir el periódico oficial de la FPPM.
También nombraron todo acto o manifestación de henriquistas como “mitote de alborotadores” y “buscabullas”, al mismo tiempo que las autoridades impedían por la fuerza, y al amparo de medidas “legales”, toda reunión de ese partido, como se hizo a partir del 7 de julio de 1952, mediante disposición expresa del entonces Secretario de Gobernación. Quienes en aquel entonces tenían el poder caracterizaron al General Henríquez Guzmán como un “hombre enloquecido de orgullo” (Zócalo, 21 de agosto de 1953), claudicante, indeciso, pelele loco”, (Zócalo 29 de agosto de 1953), un “vendido” que a cambio de su derrota obtuvo negocios del gobierno, un traidor al pueblo que hasta fue condecorado con una medalla por su “lealtad al sistema”.
La investigación resalta que dentro del archivo de Miguel Henríquez Guzmán, en el periódico oficial de la FPPM, Heraldo del Pueblo, y en otros periódicos afines como Cantaclaro, Redención y Renovación hay cientos de registros de detenidos, asesinados, desaparecidos, y una infinidad de hechos de represión que nunca trascendieron, y que mucho menos tuvieron justicia. Algunos de ellos como los que se registraron en Portales, Veracruz, donde 6 activistas del henriquismo fueron desaparecidos por el sólo hecho de estar fijando engomados con la leyenda: “FFPM-H-1954”, según una nota publicada en el Heraldo del Pueblo el 7 de febrero de 1954.
Otro caso fue el de Valentina Pérez, detenida por agentes de la Federal de Seguridad “por órdenes expresas recibidas verbalmente del señor Carretero Ayudante del Sr. Presidente”, hecho ocurrido en marzo de 1954. De acuerdo con el reporte del agente, el delito de Valentina fue que “se encontraba en la puerta de Palacio correspondiente a Corregidora, vendiendo el periódico El Heraldo del Pueblo, de filiación henriquista, gritando en voz alta que era el periódico del pueblo, de la clase oprimida y de la clase que deseaba tener como Presidente al General Miguel Henriquez Guzmán “el único que no estaba vendido al Gobierno”.
Y pese a que el autoritarismo de aquel momento logró eliminar del registro de partidos a la FPPM y cerrar sus oficinas para impedir cualquier reunión, mitin o acto político, consumado el 16 de febrero de 1955 por agentes del Servicio Secreto, ni así se detuvo la represión.
“Sólo entre abril y mayo de 1954, a raíz de la cancelación del registro de la Federación, los casos de violaciones de derechos humanos a henriquistas son indicativos de los niveles de violencia que se llegó a tener, porque abarcaron todo el país: en Villa Juárez, Puebla, fueron asesinados Vicente Cruz y José Licona; en Filiberto Camacho, Puebla, fue asesinado Florentino Casares y heridos sus hermanos por el Presidente Municipal del lugar; en Oteapan, Veracruz, la policía arrestó y golpeó al presidente del comité de la Federación; en Amecameca, Estado de México, otro dirigente fue asesinado a puntapiés; en Izúcar de Matamoros, Puebla, se anduvo ‘cazando’ por varios días al líder campesino Teodoro Sánchez, se le detuvo con lujo de fuerza y sin cargo alguno, y luego simplemente apareció asesinado; en Temapache, Veracruz, el Presidente Municipal amenaza con quitarle sus tierras a todo aquél que sea identificado como henriquista; en Mexicali, Baja California, y en Jilotepec, Estado de México, la persecución también era contra campesinos, entraban a sus casas, las destruían, los despojaban y luego los detenían y los obligaban a trabajos forzados como escarmiento sólo por ser ‘enemigos del Gobierno’; y en la Ciudad de México, con motivo de la impresión de un volante, agentes que dijeron ser de la Policía Secreta irrumpieron en la imprenta donde se tiraba el periódico el Heraldo del Pueblo, confiscan todos los volantes y hasta la forma de linotipo que se encontraba en la prensa”.
La Comisión subrayó en su Informe Especial que los hechos vividos entre 1951 a 1965 demuestran que hubo una estrategia represiva sistemática y además “cobijada institucionalmente por parte del Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos” cometidas particularmente en contra de ciudadanas y ciudadanas militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al partido oficialista de aquel momento.
“Violaciones que es la fecha, no podemos identificar ni esclarecer totalmente. Además, gracias a la investigación se comprueba que ese aparato represivo tenía como finalidad limitar los derechos civiles de los mexicanos y controlar el ejercicio de la democracia, pero también, en una segunda etapa, garantizar la impunidad, toda vez que se fomentó la desaparición de pruebas y archivos que permitieran la identificación tanto de los delitos como de los infractores”.
El Informe Especial incluye propuestas dirigidas específicamente a los titulares de los poderes Ejecutivos federal y de los estados, a efecto de conformar un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política. Asimismo, al Congreso de la Unión, para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente, para la extinción del Estado Mayor Presidencial; para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria.
También recomiendan fortalecer las iniciativas de democracia participativa, así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos.
“Mucho se ha avanzado ciertamente, pero mucho queda aún por avanzar, y esto solo será posible mediante el cumplimiento cabal de nuestra Constitución Política; cancelando definitivamente la creación de corporaciones de espionaje y represión, como lo fueron en su momento el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad; y teniendo órganos electorales realmente autónomos de cualquier influencia gubernamental, religiosa, económica o facciosa, que reivindiquen el derecho a la democracia como una conquista que mucho trabajo nos ha costado ejercer a cabalidad”, finaliza el documento de la Comisión.
