Es necesario que el gobierno federal haga público el plan de recortes completo antes de la discusión del presupuesto para 2017 en septiembre y que el plan muestre un compromiso con la eliminación de gastos innecesarios, “producto de la corrupción, las ineficiencias y los privilegios”, exige el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Si bien no se ha dado a conocer la composición del grueso del recorte adicional por 175 mil 100 millones de pesos anunciado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), en combinación con el recorte preventivo por 132 mil 300 millones de pesos, esta medida afecta a algunos programas en el sector agropecuario, en educación pública e investigación científica y en salud pública, afirma el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“Los recortes en los programas señalados probablemente afectarán principalmente a los más pobres, lo que los hace regresivos”, estima el centro. “Es necesario que el gobierno federal haga público el plan de recortes completo antes de la discusión del presupuesto en septiembre y que el plan muestre un compromiso fuerte y creíble con la eliminación de gastos innecesarios, producto de la corrupción, las ineficiencias y los privilegios”, pide.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó el lunes pasado que el gobierno analice a fondo la efectividad de los programas con base en resultados para eliminar gastos superfluos, redundancias y dispendios. Además, dijo, tiene la obligación de enfocarse en el combate a la corrupción, así como en el control de las finanzas públicas desde los municipios y los estados.
Los programas de servicios públicos en el sector agropecuario, cuyos fines son mejorar la productividad, elevar el valor agregado, desarrollar mercados, apoyar a pequeños productores y promover el aseguramiento, serán objeto de recortes por unos 5 mil 300 millones de pesos en 2017. Eso se suma a lo recortado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el ajuste de febrero por 3 mil millones de pesos.
En educación pública e investigación científica los recortes anunciados hasta ahora superan los 6 mil millones de pesos.
En el ámbito de la salud pública, Atención a la Salud y Seguro Médico Siglo XXI acumulan reducciones de casi mil millones de pesos y 900 millones de pesos.
Los programas que proveen servicios públicos en salud (prevención y control de enfermedades; vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; formación de recursos humanos e infraestructura) tendrán recortes por unos mil 200 millones de pesos.
El CEEY destaca que los consumidores más pobres son quienes más resienten los aumentos y fluctuaciones en los precios de productos agropecuarios, a la vez que los pequeños productores rurales están a merced de las grandes empresas que controlan el almacenamiento y la comercialización de los productos.
En el caso de la educación pública, especialmente en primaria y secundaria, es la única opción educativa para los estudiantes de origen más humilde.
Por último, los servicios de salud pública benefician mayoritariamente a los más pobres, porque mitigan las condiciones ambientales, sociales y económicas en las que viven y que afectan sus decisiones más importantes.
El pasado viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados los “Pre-Criterios”, documento que contiene la perspectiva sobre las variables macroeconómicas más importantes que incidirán en la propuesta de ingresos y egresos de la Federación correspondiente a 2017, que se darán a conocer el próximo mes de septiembre de este año.
Este ajuste al gasto público responde a las mismas motivaciones detrás de los anuncios de SHCP y Banco de México del 17 de febrero pasado: mantener la confianza en la estabilidad macrofinanciera de la economía mexicana, ante la amenaza que supone la caída en los precios del petróleo, tanto para los ingresos petroleros del gobierno federal como para la situación financiera de las Empresas Productivas del Estado en el sector energético.
En el caso de estos “Pre-Criterios”, fueron precedidos por un empeoramiento en la perspectiva para la deuda soberana mexicana de la agencia calificadora “Moody’s”.
