Por Pablo Stropparo*

El 10 de diciembre del 2023 asumió la Presidencia de Argentina un economista proyectado como outsider sin una estructura partidaria fuerte, Javier Milei. Culminó así también el año de mayor inflación de las últimas tres décadas. Frente a lo agudo del problema y el fracaso de respuestas desde el Estado por los gobiernos anteriores, no sorprende que los votantes eligieran a un economista con propuestas libertarias, que en su campaña hizo hincapié en la resolución de este flagelo que aqueja a los argentinos a través, incluso, de una propuesta extraordinaria: dolarizar. A camino de los tres meses de la asunción presidencial, el proceso inflacionario se profundiza mientras se multiplican los escollos (especialmente los legislativos) que se le presentan al nuevo Gobierno para asegurar su estabilidad y éxito.

Iniciado su mandato, el nuevo Gobierno comunicó unas 10 medidas cuyas repercusiones se hicieron notar negativamente en las condiciones de vida de la población. Una de ellas fue la fuerte devaluación de la moneda, que llevó la inflación de diciembre al orden del 25 por ciento. Otras medidas cobraron fuerza más tarde a partir del diagnóstico del Gobierno autodefinido como liberal libertario de que el país está inmerso en una maraña de regulaciones que serían las causas de la inflación.

El anuncio de la desregulación de la economía

Así, el 21 de diciembre, Javier Milei anunció por cadena nacional un amplio y diverso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo objetivo sería desregular la economía. Uno de sus principales objetivos era implementar una reforma laboral que alivie los costos laborales y le quite poder a los sindicatos. Teniendo en cuenta los intereses que la propuesta afecta, era esperable que el DNU se judicializara, lo que ocurrió durante los dos primeros meses de Gobierno. En efecto, el capítulo laboral del DNU fue el que más medidas cautelares provocó. De alguna manera, podría decirse que este DNU, salvo en pocos aspectos, está frenado por la justicia, a la espera de que todavía se trate en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia.

Paralelamente al decreto, el Presidente Milei envió proyectos de Ley al Congreso, preanunciados antes del final de 2023 junto con la convocatoria a sesiones extraordinarias. La llamada “Ley Ómnibus” sumó mayores desregulaciones en otros sectores, además del pedido al Poder Legislativo de una desproporcionada cantidad de facultades delegadas. Sobre estas últimas cabe decir que, si bien todos los gobiernos en Argentina al asumir las solicitan, lo hacen con plazos menores y en una menor proporción, lo que supondría fuertes discusiones en el Congreso.

En efecto, ello sucedió una vez que, durante la primera quincena de enero, se reunieron los diputados en tres comisiones, siendo esta solicitud de facultades delegadas uno de los aspectos que despertó mayores críticas, diálogos y fervientes negociaciones. En la medida en que, en el Congreso, el Gobierno cuenta con un número escaso de legisladores, las negociaciones fueron duras y los resultados positivos ambiguos o cuestionables. Ello aun cuando el bloque oficialista pueda aprovechar el apoyo de Propuesta Republicana (PRO) y de parte de la Unión Cívica Radical (UCR), que otrora conformaron Juntos por el Cambio. De hecho, en las negociaciones, tanto en las comisiones como una vez que el proyecto de Ley pasó al recinto para su discusión, estas dos fuerzas políticas junto a otras más pequeñas fueron las únicas dispuestas a dialogar y negociar, teniendo en cuenta las provincias que gobiernan.

Volver a empezar

Luego de largas discusiones, el viernes 2 de febrero el proyecto fue aprobado en su versión en general por una mayoría de 144 frente a 109 opositores, sobre todo, de Unión por la Patria (UXP) y del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Insólitamente, sin embargo, cuando el martes 6 de febrero el proyecto comenzó a tratarse en particular, y una vez que notó que las limitaciones que se le estaban poniendo a la Ley no le parecieron pertinentes, el oficialismo volvió a foja cero el proyecto. La incertidumbre vuelve a reinar.

A camino del tercer mes de Gobierno, las medidas económicas tomadas al arrancar el mandato van sumando siderales aumentos de impuestos y tarifas. En un contexto donde las herramientas legislativas del Gobierno para desregular la economía y bajar la inflación no auguran un buen destino, todo se complica. Uno de los horizontes posibles es nada menos que la ingobernabilidad. ¿Podrá ejercer el mando un Gobierno inexperto en una crisis sin precedentes?

En este contexto, se plantean algunas alternativas, como la institucionalización de la alianza con el PRO, una abierta especulación de analistas y dirigentes de ese partido, como Patricia Bullrich, quien ya integra el Gobierno en calidad de Ministra de Seguridad. Por otra parte, sería esperable que, ante los primeros fracasos legislativos, el oficialismo cambie de estrategia y abandone su ambicioso megaproyecto de Ley “Ómnibus” por proyectos de Ley por temas.

Si no avanzan esas alternativas, un tercer escenario rumbo a los 100 días de gestión tal vez sea una “bukelización a la argentina”, donde la pieza fundamental del Gobierno sea la dolarización, especialmente al reconocer la ausencia de un plan de estabilización. De hacerlo, Milei –quien derrotara al peronismo en 2023– estaría, paradojalmente, repitiendo la política económica de otro peronista que se eligió presidente 35 años atrás, Carlos Menem.

Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública.

*Pablo Stropparo es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor en la UBA y en la Universidad Nacional de Moreno.

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