Pasaban las tres de la tarde del domingo, la hora de la siesta.

En el video que circuló por redes se escucha música de fondo, quizás un corrido  proveniente de una fiesta. Quien graba lo hace desde una ventana colindante a unos cien metros de distancia; lo hace con miedo; no quiere ser descubierto. Tiembla.

En el centro de la imagen hay dos camionetas blancas con las cuatro puertas abiertas. Al lado, una docena de hombres formados en fila con las manos en la nuca. Frente a ellos, otro grupo de personas les apunta con fusiles de asalto en la mano. Pasan algunos segundos. De pronto, el sonido de la música se interrumpe para dar paso al retumbo de los cartuchos que salen de las armas de fuego. El video se llena de pólvora; aparece una nube blanda. Los hombres caen y desaparecen de la imagen. El fusilamiento ha terminado.

¿Fueron 17? ¿Fueron 11? Las versiones varían. De lo que no hay duda es que aquel domingo, en San José de Gracia, Michoacán, se vivió una tragedia, una masacre.

La literatura académica define bajo el término “masacres” eventos en los que mueren tres o más personas. Siguiendo esa definición, la organización Causa en Común registró que en 2021 se perpetraron al menos 529 masacres en México [1]. De ese total, 217 ocurrieron en tres estados: Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Esto significa que el 41 por ciento de todas las masacres en el país ocurrieron en solo tres de las 32 entidades federativas del país —lugares con dinámicas muy particulares de criminalidad organizada—. Se trata, por tanto, de un fenómeno altamente focalizado. Llama la atención, por cierto, que en Querétaro, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán no se registrara ninguna masacre en 2021. En México, según dónde uno esté, se viven realidades muy distintas. Eso no es consuelo para nadie, pero confirma que no estamos predestinados a la violencia; hay instituciones, procesos y relaciones que la habilitan (y que la contienen).

Las 529 masacres registradas en 2021 son muchísimas. Son, sin embargo, menos que las 672 registradas en 2020. Más allá de que ambas cifras sean terribles, la reducción del 21.28 por ciento no es menor. La estadística va de la mano con otras cifras que señalan una disminución importante en la ocurrencia de delitos de alto impacto en México en los últimos dos años [2]. Con todo, debería ser prioridad absoluta del Gobierno federal, de la FGR y de las fiscalías estatales reducir este tipo de eventos a cero. Es posible. Es deseable. Es urgente.

El primer paso para atender el problema de las masacres es aceptar que se trata de un problema real. Esconderlo o minimizarlo no es opción. Por eso llamó la atención que el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja —funcionario que, por lo demás, se ha mostrado como asertivo y capaz— haya declarado que lo sucedido en San José de Gracia “fue una refriega y no un fusilamiento”. Su búsqueda por definiciones claras lo llevó a un pantano conceptual. Según registró la prensa el 2 de marzo, Mejía Berdeja señaló que “no puede hablarse de fusilamiento porque los impactos de las balas no son en una sola línea ni fue una acción sincronizada”. La declaración no solo muestra falta de empatía con las víctimas; es también una aberración lingüística. ¿Lo más grave?

Recuerda las peores prácticas del Gobierno de Felipe Calderón y su tendencia a minimizar la escalada de violencia que se vivía en el país.

Igual de irresponsable que la declaración de Mejía Berdeja fue la “Rayuela” de La Jornada publicada el 28 de febrero y que, sin evidencia alguna, sugirió que lo acontecido en San José de Gracia era un “montaje” o “provocación”. De nueva cuenta parecía que volvíamos al periodo 2006-2012 y enfrente de nosotros no estaba el periódico clásico de la izquierda mexicana sino uno más de los panfletos que en aquel entonces elogiaban el “compromiso” de Felipe Calderón con la guerra contra las drogas. Los lectores de La Jornada todavía esperamos una disculpa pública.

Es posible reducir drásticamente el número de masacres en México si se envía el mensaje a los (posibles) perpetradores que este tipo de eventos suponen una línea roja que no puede cruzarse. ¿Cómo hacerlo? Canalizando todos los recursos del Estado a la investigación y esclarecimiento de estos hechos. Sí: todos los recursos disponibles, como si de ello dependieran los puestos de los altos funcionarios.

El mensaje debe ser claro: se trata de delitos que afectan desproporcionadamente a la población y que se castigarán siempre, independientemente de donde sucedan y de la organización responsable. Para ello es necesario generar una Política Criminal (así, en mayúsculas) en la que se delineen áreas de prioridad de investigación para todas las fiscalías y policías del país. Sin ese derrotero seguiremos construyendo cuarteles militares e invirtiendo millones de pesos cada año en policías sin resultados palpables.

Tal Política Criminal —inexistente a escala nacional a 15 años de iniciada la crisis de violencia en el país— implicaría la creación de un modelo de atención diferenciada por delito que precise con claridad el rumbo de la política de seguridad y justicia en México. En ese modelo, la erradicación de masacres deberá ser la primera prioridad.

Lo sucedido en San José de Gracia puede servir como vector para avanzar en esa dirección; para ello falta, sin embargo, que las autoridades locales y federales del país se atrevan a mirar y escuchar. Ahí está el video en internet para que Mejía, y compañía, lo vuelvan a ver.

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[1] Informe completo de Causa en Común.

[2] Véase, Carlos A. Pérez Ricart, Homicidios en México 2021.

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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