La resolución de Cedillo Duarte se basó en la existencia de elementos para juzgar a los militares, pues las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron consideradas por la juzgadora como suficientes.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Jueza federal Raquel Cedillo Duarte determinó ayer que los ochos militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa anteriormente liberados y aprehendidos de nuevo hace una semana, permanecerán privados de su libertad y serán procesados por el delito de delincuencia organizada.
Se trata de los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
La resolución de Cedillo Duarte se basó en la existencia de elementos para juzgar a los militares, pues las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron consideradas por la juzgadora como suficientes.
Los elementos del Ejército mexicano son señalados por los testigos protegidos denominados como “Neto” y “Carla” de recibir supuestos sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
El pasado 1 de febrero, la misma Jueza giró nuevas órdenes de aprehensión contra los militares que enfrentan el proceso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, quienes fueron detenidos mientras acudían a la Unidad de Medidas Cautelares por la Fiscalía General de la República.
Tras un amparo interpuesto por los abogados de los militares y un proceso de revisión ante un Tribunal federal, el sábado 20 de enero la Jueza Segunda de Distrito de Procesos en el Estado de México resolvió dejar en libertad a ocho militares imputados en la desaparición de los normalistas y cambiar la prisión preventiva oficiosa por cinco medidas cautelares.
Apenas se conoció la medida, y los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, deploraron y cuestionaron la medida y consideraron que esta decisión judicial “violenta el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”. En un comunicado, añadieron: “Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen”.
La liberación ocurrió a pesar de la gravedad del caso y de que había elementos suficientes para mantenerlos en prisión, señaló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de Guerrero, que acompaña jurídicamente a los normalistas de Ayotzinapa y a sus padres desde hace años.
“La Jueza tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito”.
A juicio del mismo Centro Tlachinollan, habría “motivos suficientes para que la Jueza impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la Jueza el daño inconmensurable que causa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que esta decisión revela un trato parcial hacia los militares imputados en detrimento del derecho de las víctimas.
-Con información de Rubén Martín
