“Salí del Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya tienen a otro gobernando el país”, recoge el diario Folha de Sao Paulo que protestó Jair Bolsonaro durante la operación policial.
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS).- La Policía Federal de Brasil ha lanzado este jueves una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Netto, por su supuesta implicación en una trama golpista para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
Los agentes han irrumpido este jueves en la casa de Bolsonaro en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, para llevar a cabo los registros, al mismo tiempo que le han solicitado la entrega de su pasaporte.
Además de la retirada de pasaporte de todos los sospechosos, entre las medidas cautelares también está la prohibición de salir del país, de comunicarse entre ellos y la suspensión de sus funciones públicas.
La Policía ha ejecutado una treintena de órdenes de registro y otras cuatro de prisión preventiva, entre ellas las de dos antiguos asesores de Bolsonaro, Filipe Martins y el coronel Marcelo Camara, y la del mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército, Rafael Martins, en el marco de la operación “Tempus Veritatis”.
Entre los investigados están el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira; el antiguo titular de Justicia Anderson Torres –quien ya estuvo en prisión varios meses tras los ataques del 8 de enero–; y el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto; el excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier; y el exjefe del Gabinete de Seguridad, el general Augusto Heleno Ribeiro.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos difundieron teorías infundadas de fraude en las elecciones de 2022 antes de que se celebraran con el objetivo de legitimar una intervención militar posterior.
La trama constaría de dos partes, una primera llevada a cabo por las llamadas “milicias digitales”, encargadas de difundir a través de los medios y las redes sociales las supuestas irregularidades del proceso electoral, mientras que en la segunda, que contaría con el aval de algunos militares, se concretaría la asonada.
