El día de ayer, “El Químico” Benítez fue separado de sus funciones como Secretario de Turismo de Sinaloa luego de que la Fiscalía del estado presentara al Congreso local una declaratoria de procedencia en su contra. El ahora exfuncionario es acusado de desempeño irregular de la función pública, acusaciones contenidas en dos carpetas de investigación, todas en un mismo sentido: el presunto daño a la hacienda pública del Municipio de Mazatlán. A esto se suman las diversas denuncias que la sociedad civil ha hecho en su contra por presuntos actos de corrupción.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres presumió su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con los altos niveles de la 4T. En octubre pasado, su salto al Gobierno de Rubén Rocha Moya en medio de las investigaciones que enfrentaba por su gestión como Alcalde de Mazatlán fue visto por algunos observadores como una “imposición” al tiempo que generó cuestionamientos al Gobierno de Sinaloa.
“La interpretación que tenemos varios es que el Gobernador no quería eso, que fue obligado y que esta decisión pasó por lo menos por Bucareli y que ‘El Químico’ como muchas veces lo presumió, el decía que tenía relaciones al más alto nivel de la 4T y que eso le ayudaría”, comentó, en ese sentido, en octubre pasado el académico y escritor Arturo Santamaría en entrevista con SinEmbargo Al Aire.
El día de ayer, “El Químico” Benítez fue separado de sus funciones como Secretario de Turismo de Sinaloa luego de que la Fiscalía del estado presentara al Congreso local una declaratoria de procedencia en su contra. El exalcalde es acusado de desempeño irregular de la función pública. El Gobernador Rocha Moya aclaró en conferencia de prensa que su salida del Gobierno es para que enfrente estos señalamientos sin la protección que le brindaba su fuero.
La Fiscalía ha explicado que se trata de diversas acusaciones contenidas en dos carpetas de investigación, todas en un mismo sentido: el presunto daño a la hacienda pública del Municipio de Mazatlán mientras encabezó el mismo, cargo que dejó en octubre de 2022 para aceptar la Secretaría de Turismo estatal ofrecida por el Gobernador Rocha Moya.
Hasta este miércoles, la Fiscalía de Sinaloa estaba a la espera de una respuesta por parte del Congreso del estado a la solicitud de procedencia contra Benítez Torres que presentó, para confirmar que no hay lugar a dicha petición, en virtud de que ya no cuenta con esa protección legal para citar a “El Químico” a la audiencia inicial, en la que se formulará imputación en su contra.
Además, advirtió que con independencia que Benítez Torres haya dejado la Alcaldía de Mazatlán o ya no tenga el nombramiento de Secretario de Turismo existen dos juicios políticos en su contra en el Congreso del Estado, los cuales continuarán su procedimiento.
El 19 de octubre de 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) interpuso una denuncia penal contra Benítez Torres, a quien acusó de desempeño irregular de la función pública, por el presunto daño patrimonial luego de que el entonces Alcalde de Mazatlán otorgó un contrato a la empresa Azteca Lighting que ascendió a 400.8 millones de pesos para la compra de dos mil 139 luminarias y que habría derivado en un daño patrimonial en contra de dicho municipio por 60 millones 880 mil 730 pesos, ya que éstas nunca fueron entregadas.
“La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $60’129,630.67, atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Municipal, por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de anticipo por la adquisición de 2 mil 139 lámparas completas al proveedor Azteca Lighting, S.A. de C.V., el cual se considera improcedente”, se indicó en el documento del resultado de la ASE.
Asimismo, se indicó que no se “aportó los elementos que justifiquen la adjudicación directa del contrato número OM-UA145/2022 de fecha 02 de marzo de 2022, incumpliendo con la normatividad aplicable, por lo cual se determina que debió realizarse mediante el proceso de licitación pública, y haberse materializado la entrega de bienes que amorticen el pago del referido anticipo”.
El 25 de octubre, el diario Noroeste dio a conocer que fueron 10 asociaciones y activistas las que solicitaron un juicio político en contra de Benítez Torres, cuando aún se desempeñaba como Alcalde de Mazatlán. Entre los inconformes estaban Movimiento Amplio Social Sinaloense A.C. que dirige Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez; el Consejo Popular de Mazatlán, de Maribel Vargas Memije; Tecnología Informática Móvil del Sur de Sinaloa A.C. de Efraín Vargas Millán; Todos Somos Sinaloa A.C, de Juan Mario Martíni Rivera.
Así como el Consejo Ecológico de Mazatlán, de Martín Alejandro Guerrero Ibarra; Centro para la Educación Agrícola y Ambiental A.C., de David Ocampo Peraza; Asociación de Vecinos del Fraccionamiento Sábalo Country, de Joel Cañedo Rodríguez; Asociación de Jubilados de Zona Sur de la UAS A.C., de Tomás Valenzuela Ortega; Centro de Atención para la Alimentación de las Familias A.C., de María de Lourdes San Juan Gallardo; y Unión de Músicos, Artistas, Trabajadores del Entretenimiento de Mazatlán A.C., de Sergio Ávila del Real.
Estas asociaciones civiles también convocaron a la ciudadanía a firmar una moción para llevar a juicio político al Presidente Municipal, por lo que acudieron con dicha solicitud a diversas plazas comerciales y puntos de concurridos de Mazatlán en busca del apoyo de los mazatlecos.
El 26 de octubre, tras la salida de “El Químico” a la Alcaldía de Mazatlán, hecho que tuvo lugar el 25 de octubre, para asumir como Secretario de Turismo del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal del estado, aseguró que tal situación no interferiría en las investigaciones que se seguían.
“El hecho de que el señor Guillermo Benítez Torres haya renunciado a su Alcaldía, no interfiere para nada en la investigación que estamos aquí estamos realizando”, dijo la funcionaria estatal en conferencia de prensa, en donde detalló que hasta ese momento se estaba dando seguimiento a 10 denuncias presentadas por ciudadanos y por la Auditoría Superior del Estado, todas bajo la acusación de desempeño irregular en la función pública.
“El trabajo que estamos realizando nos va a ir marcando la pauta del paso a seguir, ahorita sería prematuro adelantar”, agregó Quiñónez Estrada, quien reiteró que no habría “carpetazo” a las acusaciones que existen en contra del entonces funcionario, y que tampoco descartaba la posibilidad de que conforme avanzaran las investigaciones pudieran surgir otros delitos.
Para el pasado 4 de enero, la Fiscal dio a conocer que se había iniciado una segunda carpeta de investigación contra “El Químico”, esta vez por la compra de varios vehículos, los cuales donó el ayuntamiento de Mazatlán, en 2022, durante una rifa por la celebración del Día de las Madres, cuando Benítez Torres aún encabezaba la administración de dicho municipio sinaloense.
“Existe esa carpeta, ya estamos dando los últimos toques, en cualquier momento estaríamos listos”, indicó en ese momento Quiñónez Estrada en declaraciones a medios, en donde confirmó que la carpeta no se había judicializado, por lo que estaba reservada la información y no podía ventilar el contenido.
Los señalamientos de corrupción contra “El Químico” en su gestión en Mazatlán llevaron a que su nombramiento como Secretario de Turismo no fuera bien recibido, incluso por algunos de sus compañeros de partido, Morena. Incluso en el hackeo que sufrió la Sedena por el autodenominado grupo “Guacamaya” se señaló que existía discordia entre el Gobernador electo y el entonces Alcalde.
En opinión del académico y escritor Arturo Santamaría, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “fue obligado” a sumar a su gabinete a Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, pese a la denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado.
Arturo Santamaría recordó en esa ocasión que “El Químico” ha presumido su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su nombramiento como Secretario de Turismo estatal podría ser una indicación mandada desde la misma Secretaría de Gobernación.
“El Gobernador, conociéndolo bien desde hace muchos años y cómo ha razonado políticamente pensamos que él hubiera tomado esa decisión. Me atrevo a decir que fue obligado […] No hay nada racional en esto, es imposible que él haya tomado la decisión además sabiendo que hay muchas fricciones políticas entre ‘El Químico’ y el Gobernador”, subrayó el académico y escritor.
Eso acabó ayer con su separación del cargo para enfrentar los señalamientos de presunta corrupción.
Juan Torres Navarro, Diputado federal por Morena, también presentó una denuncia penal contra Benítez Torres, el 26 de octubre de 2022, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto daño patrimonial al municipio de Mazatlán por más de 800 millones de pesos, según dio a conocer el propio legislador.
De acuerdo con la información compartida por el legislador, durante la gestión municipal de “El Químico” Benítez, se contrató a una empresa fantasma como despacho legal para la Comuna, tras lo cual se detectó una evasión fiscal de cuatro millones de pesos y una observación de la Auditoría Superior del Estado por 819 millones de pesos en el tema de sueldos y salarios, situación por la que adelantó en ese momento, la FGR había iniciado una carpeta de investigación.
Otros señalamientos que han puesto en la mira la gestión como Alcalde del exfuncionario son las cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 que fueron reprobadas consecutivamente por el Pleno del Congreso del Estado, la última por el excesivo crecimiento del 746 por ciento de los pasivos sin fuente de pago, que significó un gasto de 160.9 millones de pesos.
Mientras que para la cuenta pública del 2021, la ASE detectó una disminución de los pasivos sin fuente de pago de un 15.43 por ciento, pero subsiste un adeudo de 136 millones de pesos. A ello se suma que la ASE estimó en la muestra auditada recuperaciones probables de 20 millones de pesos por pago de remuneración que superaron el monto establecido en el tabulador de sueldos, gastos realizados sin contar con la documentación comprobatoria; permuta de terrenos sin contar con la documentación justificativa, deudores diversos los cuales no se han recuperado ni comprobado, entre otras observaciones.
Al mismo tiempo, asociaciones civiles de Mazatlán han acusado a Benítez Torres de corrupción, al señalar que desde el inicio de su administración, una de las primera compras que hizo “El Químico” fue la de una camioneta valuada en más de un millón de pesos, adquisición que se llevó a cabo de manera directa y sin licitar. Además habría destinado recursos a obras innecesarias como el Mirador del Corazón, el Pasillo de Liverpool, las estatuas de Marilyn Monroe y del Capitán Jaques Yves Cousteau, mientras la población requiere servicios básicos.
Además, del dinero que gastó en viajes constantes, en los que habría realizado gastos suntuosos y excesivos, alejados de la realidad económica de Mazatlán, ya que, de según lo referido por los inconformes, el entonces Alcalde realizó más de 60 viajes, la mayoría de ellos sin justificación y pretextos banales, además que se omitió información de cómo y en qué se gastó los recursos.
Medios locales también refieren los desencuentros con sus subalternos y funcionarios, quienes no le habrían hecho caso para manipular el presupuesto, como el exdirector jurídico, Luis Antonio Aguilar Colado; el exdirector de Tenencia de la Tierra, Raúl Carvajal Tirado; Gildardo Izaguirre Fierro; así como Marsol Quiñones Castro, exdirectora del Instituto Municipal de Cultura, la exsíndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, quien incluso tuvo que demandar la violación de sus derechos electorales y la práctica reiterada y documentada en razón de género.
Las asociaciones civiles también acusan al exalcalde de haber negado atención a las personas desplazadas por la violencia de la zona serrana de Concordia y otras comunidades, pese a que así lo establece la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley Estatal de Atención de Víctimas del Estado de Sinaloa y la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa.
– Con información de Noroeste y RíoDoce
