Ciudad de México, de febrero (SinEmbargo).– El investigador Bernardo Navarro Benítez, del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Xochimilco, advirtió que de no regular la movilidad del transporte de sustancias peligrosas o tóxicas en el Distrito Federal, los ciudadanos quedan expuestos a sufrir una tragedia en cualquier momento.
El doctor y especialista en temas de urbanización y movilidad, explicó que tanto el Gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, así como el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que está en manos de Miguel Ángel Mancera Espinosa, deben atender esta problemática que representa una bomba de tiempo.
Si bien, en la Ciudad de México se contempla la movilidad de transporte de sustancias peligrosas, además que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene un reglamento y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con una norma para este tipo de transporte, en el DF se puede ver a diario irregularidades.
“Si no ajustamos las políticas públicas, sino se logra hacer marcos regulatorios eficientes en temas cruciales, como es la movilidad de sustancias peligrosas, yo les digo que lo que hay que hacer es esperar un nuevo accidente”, opinó el doctor Bernardo Navarro.
Cuenta de ello es que si bien existen normas y reglamentos al respecto, no hay un ajuste integral.
Por ejemplo, el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos indica que la SCT es la responsable de verificar y auditar las unidades además de otras dependencias; inclusive detalla que el costo de las inspecciones correrá a cargo del transportador.
Por otra parte, en la norma NOM-114-STPS-1994, la Secretaría del Trabajo expone los requisitos, obligaciones, detalles e indicaciones que los patrones y operadores deben seguir para transportar sustancias peligrosas o tóxicas, también detalla que la misma STPS será la encargada de la revisión.
El Reglamento de Tránsito del Área Metropolitana de la Ciudad de México vigente (reformado en 2007), emitido por el GDF contempla los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 para este tipo de transporte, en el cual detalla que los automotores de carga no deben circular en vías rápidas, atender los horarios, no transportar a personas ajenas a la operación, entre otras cosas. Las autoridades competentes para la aplicación del reglamento son la Secretaría de Transporte y Vialidad y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
Esto apunta que sí existe una plataforma de regulación, sin embargo, pese a las normas y reglas de las autoridades, la realidad es otra: hay reportes de pipas de gas siniestradas en vías rápidas, existen casos de niños trabajando en camiones dispensadores de cilindros de gas, existen camiones de carga de material tóxico en mal estado, por decir algo.
“Hay que preguntarle a los Argentinos si dejan que por sus calles pasen camiones regulados con sustancias peligrosas. No le pregunto a los franceses porque sé que allá no lo permiten”, ejemplificó el investigador de la UAM.
En el estudio “Política de tránsito en el DF: una introducción a su estudio empírico” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el entre el 2007 y 2008 existió un aumento a 450 multas por descarga de material peligroso y 250 multas a carros con sustancias peligrosas mal estacionados.
La Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de Protección Civil contempla al transporte de sustancias químicas en México como aquel que se lleva a cabo por vía carretera, ferroviaria y marítima.
“Este proceso implica riesgos tanto para quien realiza el transporte como para la población y ambientes cercanos. Dentro del marco legal que regula el transporte terrestre y ductos para materiales y residuos peligrosos existen diversas disposiciones para disminuir el peligro y los riesgos en la realización de esta actividad, entre otros se encuentran el etiquetado de recipientes, la identificación de las unidades de transporte, especificaciones para el diseño, reconstrucción de contenedores o recipientes, instalación, operación, inspección y mantenimiento de ductos, así como las medidas a realizarse en caso de un accidente”, dice la Segob.
En el informe “La permeabilidad de los suelos en los problemas de transporte de contaminantes. Aplicación en la infraestructura del transporte”, publicado por la SCT en 2002, la dependencia detalla que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encontraba en el lugar 10 de las entidades con mayores siniestros de transporte de sustancias peligrosas con 10 incidentes en dos años (1999-2001).
“El transporte de sustancias peligrosas en la Ciudad de México tiene, en términos de las políticas públicas un embrollo terrible. Está en el peor de los mundos, porque en su mayor parte es competencia de la federación, pero en una parte pequeña que es competencia del gobierno local”, explicó Navarro Benítez.
Agregó que el problema reside, por ejemplo, en el tema de circulación de transporte de sustancias tóxicas que dependen del GDF, no obstante, “la misma autoridad [capitalina] carece de competencias”, puesto que mucha de la regulación compete al Gobierno federal.
Aseveró que para que las políticas públicas en esa materia puedan funcionar debe existir una coordinación entre autoridades locales y federales.
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México promulgada en 2014 y realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALFD) omitió contemplar el transporte de sustancias peligrosas.
La misma presidenta de la comisión de movilidad de la ALDF, Claudia Cortés Quiroz, dijo que la “Ley [de Movilidad] no es perfecta, es perfectible”. Expuso que ya hay una iniciativa para regular, por medio del Reglamento de Tránsito, a este tipo de unidades de transporte, incluyendo a las de carga, pero eso quedará pendiente para la próxima legislatura, porque a la que pertenece acabará sus funciones en septiembre próximo.
Por su parte, el Centro para el Fomento de la Salud y Educación de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes) ha insistido a las autoridades instruir a los operadores de transporte de sustancias riesgosas e incluso han pedido reforzar la capacitación en ese sector. Inclusive la organización ha sido voluntaria para capacitar a los choferes, sin embargo, desde hace 6 años, sólo han recibido la asistencia de 400 conductores, informó Rocío Mejía, directora de Cenfes.
El investigador Bernardo Navarro Benítez también argumentó que la falta de regulación se debe a que no hay continuación de políticas públicas, por tanto los reglamentos y las normas “se convierten en poesía”.
