Lenia Batres llegó como Ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por designación del Presidente de la República, en una decisión apegada a la letra de la Constitución y una vez que no obtuvo el respaldo senatorial necesario para su ratificación. Así funcionan las instituciones; guste o no, es lo que prevé la Constitución. También asume el alto cargo con un mandato imperativo dictado por López Obrador. Así no funcionan las instituciones.

No estamos en presencia de algo menor, sino de una grave antinomia que puede derivar en una contradicción irresoluble políticamente. O se es a plenitud ministra, o se es agente directo, con encargo o consigna presidencial. O lo uno, o lo otro.

El discurso de Lenia al asumir su ministerio ante el pleno de la Corte, nos dice claramente que el mismo deriva de la facciosidad partidaria, que se anuncia al protestar con el brazo izquierdo, levantado como señal para subrayar de dónde viene y para qué. Pareciera un detalle anecdótico y baladí, pero no lo es, por más que asemeje una gesticulación identitaria cuan estéril.

Lenia Batres será una jugadora dura, golpeadora, rupturista, encargada desde adentro de la Corte misma de llevar a extremos la colisión de poderes de la que se ha encargado López Obrador en su pugna con el Poder Judicial de la Federación, particularmente contra su máxima instancia. No es extraño este comportamiento porque es simétrico con el de los gobiernos populistas y autoritarios de otras latitudes.

Para ese encargo, nada difícil de jugar desde su sillón, con su holgada toga y quizá sin darse cuenta, lo primero que ha perdido es la preciada independencia que ha de tener una persona dedicada a la judicatura que se tome en serio y actúe de acuerdo con la propia Constitución. Y ese es su déficit de entrada. Al sentirse a gusto con el mote de “magistrada del pueblo”, anuncia con hechos la pretensión de que los ministros de la Corte se elijan por voluntad popular en elección directa, intento de reforma que pronto veremos formalizarse desde Palacio Nacional. Se trata de un remedio más grave que la enfermedad que padece la justicia mexicana, que sigue en espera de una profunda y efectiva reforma que inicie por la del poder.

Es más comprensible que le haya dado el discurso protocolario de bienvenida la Ministra Yazmín Esquivel, sobre la que pesa un irrefutable cargo de plagiaria que la inhabilitaría para continuar en el puesto, pues su título profesional está en entredicho y es un requisito insalvable. Además, el mensaje que dan los asistentes a la ceremonia dice mucho: la familia, se comprende; compañeros de partido y hombres clave del presidente, obliga a una lectura diferente. Aquí no hay dudas y en el futuro tampoco habrá sorpresas: el discurso de Lenia Batres será el hilo conductor de su desempeño posterior, obviamente con desapego a su responsabilidad constitucional.

Lenia Batres no está obligada a practicar una urbanidad tan habitual de toda corrección política. No pocos deseamos que la república actúe desformalizando los ritos, complicadas reglas del ceremonial y oscuros lenguajes, lo mismo de jueces que de magistrados y ministros; pero eso no está en el discurso de la recién llegada a la Corte. Si bien actuó de manera fuerte y franca, su discurso está fincado en sofismas que, dicho sea de paso, muy poca apariencia de verdad tienen.

Su exposición, bastante clara, parte de una premisa sin sostén y sin demostración al afirmar que la Constitución está subordinada al Poder Judicial de la Federación, en particular a la Suprema Corte. El Poder Judicial de la Federación tiene la enorme responsabilidad de velar por la constitucionalidad de los actos, entre otros, de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la república, al igual de lo que se refiere a las entidades federativas para preservar la inviolabilidad de la Carta Magna. Pero no solo, también tiene la atribución de velar por la división y equilibrio de los poderes, sobre todo por su calidad agregada, desde 1994, de ser un Tribunal Constitucional, del tipo de los que se extendieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que contuvo al nazifascismo, y décadas después en América Latina. El hecho de que se respete y se haga respetar la Constitución por este Poder Judicial no es, de ninguna manera, subordinar el texto supremo al poder que tiene la responsabilidad de custodiarla.

En esta materia vale, y bastante, ir al origen histórico de la institución en el constitucionalismo de los Estados Unidos, que se convirtió en modélico en el resto del continente americano, lo que es más que sabido y explorado. Don Daniel Cosío Villegas lo expuso a detalle. De que hubo una recepción colonial de la tradición romano-germánica, ni quién lo dude; pero eso, la nueva ministra debiera comprender que es harina de otro costal y de otro tiempo.

Y de que en este drama nacional ha habido excesos de larga data, ni quién lo ponga en tela de juicio. Uno de esos excesos, que ha sido el principal, se llama “intervencionismo presidencial”, que siempre suele engordar sus poderes a costa de devorar a los otros, como lo estamos viviendo ahora con el gobierno de López Obrador que, en el caso que me ocupa, es incapaz de construir un consenso para llenar la vacante que vergonzosamente dejó Arturo Zaldivar, y envía a una militante morenista a la Corte.

Está de sobra decir que en nuestro país hay juristas de garra y empaque que pudieron ser postulados por el Presidente y aceptados por unanimidad en el Senado. Pero no son de Morena. Y más allá de que lo fueran, porque es legítima su adopción partidaria, tienen la estatura suficiente, intelectual y de carácter para asumir un alto cargo de esa naturaleza y desempeñarlo como se debe, responsablemente de forma independiente e imparcial. No doy nombres, porque contribuirían a empequeñecer la figura de Lenia Batres.

Dos cosas me preocupan: la primera, que se pretenda abandonar en forma de una especie de desdén del poder presidencial, los fallos que declaren inconstitucionalidades, porque esos fallos son la “poderosa barrera contra los tiranos”; la segunda, que se enseñoree “el demonio del espíritu de partido que suele extender su cetro” sobre el conjunto de las instituciones. Lo primero lo expuso Tocqueville; lo segundo Hamilton, en El federalista.

De allá viene esta parte de nuestro constitucionalismo. Reformable por necesidad, claro que sí, pero para avanzar a un tiempo de derechos, equilibrios, rendición de cuentas, transparencia y equidad. Y lo digo como crítico pertinaz de nuestro sistema de justicia y como abogado que ha sostenido litigios en favor de obreros y campesinos, algunos de los cuales se han tardado un cuarto de siglo para concluirse.

Que hay excesos, señora Ministra, es cierto. Lo que no queremos es que esos excesos ahora lleven a la tiranía.

06 enero 2024

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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