“Si el Gobernador del estado no ha entendido que los defensores civiles somos ciudadanos que lo que procuramos es ayudar a nuestra comunidad, que procuramos ayudar al gobierno para que los conflictos sociales encuentren un cause institucional de solución, estamos perdidos”, dijo en abril de 2018 Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos, asesinado en Chiapas el pasado 3 de enero.
Por Ángeles Mariscal
Chiapas/Ciudad de México, 8 de enero (ChiapasParalelo/SinEmbargo).– Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos, asesinado en Arriaga, Chiapas, el pasado 3 de enero, cuando una persona a bordo de una motocicleta le disparó por la espalda, pugnaba para que ciudadanos de ese lugar tuvieran derecho al agua, a caminos, mercados, a la reconstrucción de sus viviendas dañadas por el sismo de septiembre de 2017.
Querer vivir en un mejor entorno y trabajar por ello se convirtió para Sinar y para miles de defensores de los derechos humanos en la lucha por su propia vida.
Una de las acciones que realizó en Arriaga, un municipio ubicado en la zona costa de Chiapas, fue para impedir que se derrumbara un mercado público considerado como un monumento histórico. A pesar de las protestas de los ciudadanos del lugar, el mercado fue demolido.
Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, señaló que ese hecho ocurrido en el 2013 fue uno de los detonantes de las amenazas y persecuciones contra el activista.
“Uno de los temas que agudizó las amenazas contra Sinar Corzo, fue el tema del mercado público, donde el gobernador y los operadores en ese entonces, Eduardo Ramírez Aguilar y el ex secretario de Gobierno, Aranda, amenazaron a Sinar Corzo a través de sus enviados o mensajeros (…) El compañero había recibido amenazas de muerte y hay un antecedente en la denuncia que se hizo ante la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fueron omisas”, dijo.
En 2013, habitantes de Arriaga formaron el Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Arriaga “Coloso de Piedra”. Ese mismo año, por demandar la construcción del sistema de agua potable para las comunidades, Sinar Corzo fue encarcelado.
Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra las autoridades estatales y el entonces gobierno de Manuel Velasco Coello.
En abril del año pasado, Sinar Corzo también encabezó las demandas de la población damnificada por el terremoto de septiembre de 2017. Nuevamente fue amenazado, lo que le hizo denunciar este hecho a través de un video, y plantear que las personas defensores de los derechos humanos son ciudadanos que lo que buscan es ayudar a su comunidad.
“Si el Gobernador del estado no ha entendido que los defensores civiles somos ciudadanos, que lo procuramos es ayudar a nuestra comunidad, lo que procuramos es ayudar al gobierno para que los conflictos sociales encuentren un cause institucional de solución, estamos perdidos”, dijo en aquella ocasión.
Sinar Corzo fue finalmente asesinado el pasado 3 de enero. La mañana antes de su muerte Sinar Corzo había estado en una reunión con autoridades municipales, precisamente para pedir transparencia en la construcción de un camino a la comunidad La Línea.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato. Más de 100 organizaciones civiles, colectivos y grupos defensores de los derechos humanos escribieron: “vemos con preocupación este signo de frágil situación en la que se encuentran los defensores de los derechos humanos en el estado de Chiapas. En los últimos 6 años fueron asesinados 12 defensores de los derechos humanos”.
Durante el sepelio de Sinar, los integrantes del Comité Ciudadano que fundó Sinar Corzo también hicieron un pronunciamiento. “Rutilio Escandón Cadenas, Andrés Manuel López Obrador, no puede haber una cuarta transformación callando voces a balazos. El crimen de Sinar Corzo no va a quedar impune, hay muchos defensores, somos miles y vamos a pelear por la justicia”.
El fin de semana la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas dijo a través de un comunicado que continuaba con las investigaciones. Los integrantes del Comité Ciudadano de Arriaga insistieron en que su lucha es transparente y es por lograr los servicios públicos a la comunidad. Pidieron medidas cautelares, porque dijeron sentirse en riesgo. Hasta ayer domingo ninguna autoridad había hablado con ellos.
