Representantes de diversas cámaras de comercio y del sector empresarial —Concamin, Concanaco, Coparmex, CCE, Canacintra, entre otros— firmaron un convenio para la puesta en marcha del programa gubernamental “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que impulsará a 2.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años de edad, con becas y capacitación laboral para impulsar su desarrollo personal y la productividad y la economía mexicanas.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Representantes del sector empresarial y del Gobierno federal firmaron este día un convenio para poner en marcha al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
El objetivo es que “toda persona que quiera estudiar o capacitarse en el trabajo, no encuentre impedimentos para ello”, dijo la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
La joven funcionaria pública, urgió la necesidad de impulsar a las juventudes porque “México y sus gobiernos fueron los que nos fallaron” al frustrar oportunidades y vulnerar su potencial desarrollo social.
La idea es impulsar, sobre todo, a jóvenes del campo; de regiones asediadas por la violencia; mujeres en condición de desigualdad; jóvenes que no tienen o no consiguen trabajos.
Con su rúbrica, los grandes y medianos empresarios se comprometieron con la actual administración a incorporar jóvenes en sus centros de trabajo, para capacitarlos, proveerlos de habilidades prácticas y darles experiencia profesional que contribuya a su formación e integración al mercado laboral.
A través de la Comisión de Educación del Sector Empresarial y de su iniciativa “Talento Aplicado”, el sector privado busca implementar acciones que faciliten el logro de un sistema educativo de calidad, equitativo e incluyente en todos los niveles.
Por su parte, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), se comprometió a ejercer recursos públicos para becar a los jóvenes que se integren a las centros de trabajo.
Según la STPS, “el Gobierno les otorgará [a los jóvenes] una beca mensual de 2 mil 400 pesos para estudios universitarios y de 3 mil 600 pesos para capacitarse”.
Las y los jóvenes beneficiarios de entre 18 y 29 años, sólo podrán acceder a una de las dos modalidades —educativa o capacitación en el trabajo— dentro del programa y en una sola ocasión.
Con la de beca educativa, vertiente que será coordinada y operada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que va dirigida a 300 mil jóvenes, el Gobierno de AMLO busca “garantizar el acceso a estudios superiores”.
La beca de capacitación laboral, dirigida a 2.3 millones de personas y que será coordinada y operada por la STPS, tiene como finalidad “vincular a jóvenes con centros de trabajo”.
Además de las empresas, este programa incluye la participación de talleres, instituciones y organizaciones sociales, además de personas físicas que puedan fungir como tutores.
El proyecto plantea, en ese sentido, que la vinculación de personas a los centros de trabajo sea absorbida en un 70 por ciento por el sector privado, en 20 por ciento por el sector público (instituciones públicas) y en 10 por ciento del sector social (organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, etcétera).
La meta de fondo es revertir las actuales circunstancias en México, donde el 22.5 por ciento de la población joven no estudia, no trabaja, ni recibe capacitación. Esta cifra, es superior al promedio (15 por ciento) de las naciones incorporadas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La situación descrita impide, asimismo, que más del 87 por ciento de las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) tengan capacidad de movilidad social ascendente (o que mejoren su condición social), según datos de la STPS.
“Las elevadas tasas de desempleo juvenil están atribuidas a la carencia de una intermediación eficaz y a la falta de experiencia profesional.
Los programas de capacitación laboral parten de la premisa de que la entrega de habilidades claves incrementan la probabilidad de que jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha de competencias entre los generadores y buscadores de empleo”, se lee en el documento del programa.
Para la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, tender la mano a los jóvenes, ensanchar el capital humano, implica “sacar lo mejor” de los mexicanos. Es invertir en jóvenes que “les van a regresar riqueza” a las empresas.
La importancia de esta estrategia no sólo radica en la contribución a la inversión social y laboral de los jóvenes. El objetivo transversal —por así decirlo— es transformar comunidades con impacto positivo en términos de productividad y competitividad, así como “acelerar el desarrollo del país” en una colaboración estrecha entre el sector público y privado, que tendrá un impacto en la reducción de riesgos.
“Becarios, no sicarios”, dijo el subsecretario de Trabajo Horacio Duarte Olivares, quien resumió, así, la importancia de impulsar a las juventudes para abatir la violencia con oportunidades.
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, confirmó que la estrategia es que “la política social acompañe en paralelo a la política de seguridad”, ya que en las condiciones actuales, “los jóvenes nutren la estadística criminal” al incorporarse “en el ejército de reserva del narcotráfico”.
LA DINÁMICA
De acuerdo con el proyecto, entre septiembre y noviembre de este año se realizaron brigadas, campañas en redes sociales y reuniones con cámaras empresariales, con integrantes de la sociedad civil y funcionarios públicos, para recabar información y dar a conocer el programa.
Con la formalización de convenios de hoy, se cumple parte de la segunda etapa del programa social, que a lo largo de diciembre de 2018, incluirá procesos de “registro no vinculatorio”. Se espera que participen, de manera inicial, más de 200 empresas y participantes.
A partir de enero de 2019, las juventudes mexicanas podrán inscribirse al programa a través de más de “7 mil puntos integradores”.
“Las personas interesadas acudirán personalmente a las coordinaciones regionales, centros de coordinación indigenista o centros de registro autorizados a inscribirse”, se lee en el documento del proyecto.
De acuerdo con las condiciones de edad, nivel educativo, intereses y lugar de residencia, los jóvenes sabrán las opciones disponibles y serán dirigidos a los diferentes centros de capacitación.
“Una vez elegido el lugar de trabajo —según el programa— se notificará a la empresa que haya sido seleccionada que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el beneficiario/a acudirá al centro de trabajo”.
El beneficiario recibirá, durante 12 meses, capacitación por un mínimo de cinco y un máximo de ocho horas diarias, cinco días a la semana; una acreditación como integrante del programa; su constancia de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el medio de pago (tarjeta) de la beca mensual.
Para registrarse, los jóvenes deberán firmar una carta de compromiso del programa (que incluye una política de confidencialidad con la empresa), tomar una capacitación previa, evaluar y ser evaluado cada mes por el tutor (persona designada por la empresa, taller, etcétera) y ajustarse a las disposiciones específicas de cada pasantía.
“En caso de incumplimiento, incidente o irregularidad por parte del becario —según el programa— la empresa podrá dar de baja al becario y avisará a la STPS, informando la causa de baja”.
En 2020, la STPS efectuará la tercera parte del proceso, que incluye una constancia gubernamental de participación en el programa, además de una certificación de habilidad técnica por parte de la empresa o tutor.
En su etapa final, el programa plantea dar seguimiento a los niveles de inversión social, por medio del Sistema Nacional de Empleo.
EMPRESAS QUE PARTICIPAN
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” no establece una relación laboral entre la empresa o institución y el becario. Sin embargo, si la empresa desea hacerlo, podrá proceder a la contratación informando a la Secretaría del Trabajo.
La empresa, al inscribirse a través del sitio oficial del programa, podrá definir el número de jóvenes que aceptará por centro de capacitación, el tipo de capacitación que proveerá, la escolaridad mínima requerida y la “compatibilidad con discapacidad”.
Una vez que las instituciones participantes (públicas, privadas o sociales) se inscriban, deberán subir a la plataforma de la STPS su plan de capacitación (objetivos y metodología).
Ya que los becarios sean asignados a los diferentes centros de capacitación a través del sistema de la Secretaría del Trabajo, “la empresa deberá recibir al joven para un primer encuentro en el cual podrá aplicar pruebas internas requeridas para garantizar la seguridad en el centro de trabajo y la integridad del becario; la empresa y el becario definirán si se incorporará a la capacitación” (o no, si existe justificación legítima).
Asimismo, la empresa tendrá que designar y capacitar al tutor y al enlace con la STPS, contar con las herramientas necesarias para capacitar en habilidades técnicas y socioemocionales, así como “dar seguimiento puntual a la capacitación del becario” (que será retomada por la STPS).
