Emilio Álvarez Icaza, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de “Ahora”, describe cómo desde el activismo se propone impedir que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada. Su riesgo –indica quien hace siete meses anunció una candidatura independiente a la Presidencia- es que la militarización en las calles se agrave sin que existan controles sobre las decisiones y acciones de las fuerzas armadas. Acusa que el Secretario de la Defensa ha influido en ciertos Gobernadores para que impulsen el nuevo marco jurídico y dice que jamás ha visto tanta cerrazón política al debate respecto a una normativa. Se pregunta: “¿Es que acaso se prepara un escenario para las elecciones de 2018?”.
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Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– Se postuló como candidato independiente a la Presidencia de la República en el verano de 2017, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde hace casi cincuenta años una matanza de estudiantes abrió una herida que no logra cicatrizar. Su nombre estaba en una cartulina blanca. Y esa fue toda la ceremonia política que orquestó el activista Emilio Álvarez Icaza, quien después de cuatro años de permanencia en Washington, como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegaba a México y lo encontraba a la deriva.
Siete meses después, dirigió un mensaje a la opinión pública en la oficina de Ahora, la asociación civil que lo apoyaba. Sin exaltarse, leyó: “No vamos a caer en la estrategia del modelo Atlacomulco de fragmentar y diluir el voto. La Patria es primero”. Esos tiempos de decisiones han pasado, pero las batallas continúan.
En su despacho de la misma asociación civil, Álvarez Icaza no baja la guardia. Critica el avance en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior y habla de cómo se propone dar una batalla en lo legal para impedir su consolidación. Exclama que la permanencia indefinida de los elementos del Ejército y la Marina en las calles debilitará los controles judiciales.
Respecto a la Ley, el experto en Derechos Humanos, pocas veces ha visto una expresión “tan obstinada en no querer escuchar razones, una opinión política tan cerrada” que cada vez late más la pregunta de si lo que buscan es preparar un escenario (con militares en las calles) para las elecciones que vienen en 2018. En ese contexto, señala sin ambages que el Secretario de la Defensa Nacional le ha llamado a los Gobernadores de los estados para que impulsen ese nuevo marco jurídico. Sobre la amnistía que en días recientes propuso Andrés Manuel López Obrador, dice contundente: “No la acompaño. Jamás la acompañaré”.
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– ¿Cómo dará la asociación “Ahora” la batalla jurídica para que la Ley de Seguridad Interior no sea aprobada?
– Estamos esencialmente trabajando bajo tres ideas. La primera es social y de interpretación, ¿qué es la ley? Nos estamos enriqueciendo con otras expresiones académicas y de la sociedad civil para entender que no puede darse una discusión en donde siga avanzando un modelo de militarización. Es indiscutible que México tiene un dilema de inseguridad, pero también a estar alturas del partido, 10 años después de (iniciada una guerra), lo que se pensó como una medida excepcional y temporal apostada a la permanencia de las fuerzas armadas, lo que va a lograr es la continuidad de en la militarización.
El segundo debate es cómo sumamos a los elementos clave de la naturaleza de la seguridad pública. Creemos que más que estar discutiendo de la presencia del Ejército en las calles o de la Marina en las calles, lo que tenemos que discutir es qué hacemos con las policías. No deberíamos estar discutiendo una Ley de Seguridad Interior. Deberíamos estar discutiendo, cómo profesionalizamos a las policías. Cómo obtenemos controles en las legislaciones sobre el uso de la su fuerza. No tenemos regulaciones que nos permitan tener controles ciudadanos sobre el uso de la fuerza. El centro de la discusión como país es qué hacemos con las policías.
La tercera tiene que ver con una acción jurídica. Estamos dialogando con distintas fuerzas, con los actores que pueden interponer inconstitucionalidad.
– ¿Con qué actores?
–Los actores que han manifestado más sensibilidad, los que integran hoy el Frente o Morena. No veo honestamente que el PRI lo vayan a hacer. Son los que tienen la matraca. Hay algo que me parece muy importante. Detrás hay un tema delicado. El ex Secretario se ha dedicado a hablarle a Gobernadores para que ellos aprueben la Ley. El General Secretario. Eso me parece una señal grave porque apunta a la redefinición del pacto cívico en este país. No puede acompañarse de suyo que esté cabildeando la Ley.
– ¿Tiene pruebas de ello?
– Yo escuché directamente a actores involucrados. No me interesa poner nombres …
– ¿Cómo se agravaría la militarización?
– Si le damos una condición de permanencia indefinida al Ejército en las calles, si se debilitan los controles judiciales para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir en las casas sin mandato judicial, si se considera que hay que hacer intervenciones telefónicas como labor de inteligencia sin controles judiciales, si consideran que una manifestación es no pacífica y eso puede llevar a la intervención de las fuerzas armadas …
– Eso ya ocurre, pero ¿se puede agravar?
– Puede tener implicaciones mayores. Un ejemplo: hay un tema de debate en el uso de la fuerza. Un civil está entrenado en lo que se conoce en la gradualización del uso de la fuerza y que está bajó el principio de racionalidad. Un militar está entrenado en la letalidad de la fuerza. Y esperamos que hagan uso de ello. En un crucero específico, un oficial de seguridad civil marca el alto y el automovilista se va, el policía lo va a seguir. Si es un militiar va a disparar.
Todo esto dicho, yo soy de las personas que sigue considerando a las fuerzas armadas como instituciones de confianza y credibilidad. Soy de los que piensan que tenemos que preservar esas instituciones. El Ejército y la Marina son confiables en este país, preservémoslas. No está a discusión la confiabilidad de las fuerzas armadas y su significación en la seguridad nacional… Lo que sí está a discusión es cuando debilitamos controles y cuando usamos instituciones para el fin que no fueron creadas. El remedio puede ser peor que la enfermedad.
– ¿A qué atribuye tanto interés del partido en el Gobierno en que esta Ley pase?
– Pocas veces he visto una expresión tan necia. Tan obstinada de no querer escuchar razones. También pocas veces he visto una expresión prácticamente unánime de todos los organismos de Derechos Humanos. Se expresó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y múltiples voces de la sociedad civil. No es porque no haya habido propuestas. No se ha encontrado voluntad del PRI y su aliado el Verde. Es cuando uno observa esa obstinación. El cierre de una decisión política. Uno se pregunta: ¿Están queriendo preparar un escenario (para 2018)? Resulta que lo que pudiera ser un tema de respuesta de un asunto de interés nacional, pareciera un cálculo declarado. Se abren fundadas dudas de la intencionalidad de esta normativa.
– ¿Qué estrategia se merece México?
– México es uno de los países que más ha gastado en materia de seguridad y peores resultados ha tenido. El Consejo Nacional de Seguridad ha aprobado sus decisiones por unanimidad, pero esas decisiones no están reflejándose en el cambio de la situación. Estamos en una mala fórmula. Como país nos gastmos el dinero, pero los resultados no llegan. Sí hay otras experiencias que podemos voltear a ver. Y sí toca recuperar otras experiencias exitosas pertinentes incluso en el mismo México, no tenemos que ir a otros lugares. Hemos empezado a medir las experiencias. A ver, ¿por qué la gente sí confía en la policía de Mérida? ¿Y por qué no confiamos en la policía de la CdMx? ¿Qué pasa?
Segundo punto: el año pasado, se otorgaron más de 200 mil 300 millones de pesos a la Gendarmería, que se comprometió a hacer 10 mil actividades. La Auditoría Superior de la Federación nos dijo que la Gendarmería reportó poco más de 50. ¿Qué pasó? ¿Cómo evaluamos lo que hiciste si no tenemos los indicadores?
Otro tema que debemos revisar es la confiabilidad de la policía. Que sean policías reconocidas. No aquellos delincuentes con uniforme. También tenemos que hacer un trabajo muy significativo para reconocer a los buenos policías. En este país hay lugares en donde ser policía es ser pobre. El ingreso de un policía no es el ingreso que le permita vivir a él y su familia en condiciones de bienestar mínimo. Lo vemos con los policías auxiliares. No hay una expectativa en ciertos estratos. ¿Quiénes son los que quieren ser policías? Los que no tienen trabajo. Ese fenómeno no ayuda a la profesionalización. Tenemos que mejorar mecanismos de una construcción en la que los jóvenes quieran ser policías porque es confiable. Porque tienen orgullo, porque representa autoridad, porque su familia se sienta orgullosa.
– En esta mirada al espejo, ¿qué dicen nuestras tragedias, Palmarito,. Tanhuato, Ayotzinapa, Tlatlaya …?
– Nos dicen tres cosas. Nos hablan de violaciones muy graves a los derechos humanos, son casos extremos que se conocen como lesa humanidad. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, estamos hablando de prácticas de tortura. Son el extremo. No hay nada más grave que eso. Segundo, estamos hablando de una debilidad de los controles. Tercero, de una gran debilidad para detener las prácticas indebidas. Cuando hay comisión de abusos y actos indebidos, si no se sancionan, la pedagogía del hecho es que se vale. Entonces se repite. Por lo tanto el mensaje institucional es, síganle muchachos.
– ¿La guerra en contra del crimen organizado nos dividió entre buenos y malos?
– Yo me quedo muchas veces con la sensación de que se trata del pastor con los lobos. El pastor pacta con los lobos. Los lobos ayudan al pastor a llegar al poder y luego el pastor se hace de la vista gorda. Vimos los últimos informes deCoahuila, lo que salió en Texas. Vimos lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Nuevo León … Y no hay consecuencias. O sea, Ayotzinapa, pues. Cuando la gente apuesta por el Estado de Derecho denuncia y no pasa nada, hay un doble agravio. Uno el delito y otro cuando se destruye la confiabilidad de la gente en sus gobiernos. No por nada están los niveles tan bajos del Presidente. Con una salvedad, este gobierno gastó 37 mil millones de pesos en publicidad y tienen los peores niveles de imagen. Eso habla de una crisis muy profunda desconfianza.
-Los niveles de discrecionalidad son un foco rojo de la Ley de Seguridad Interior. Pero el nivel para reservar información ya es muy alto. Por ejemplo, la Gendarmería no se convirtió en cuerpo de élite y las razones de ello están reservadas. ¿Cómo se puede vincular la Transparencia con una Ley de Seguridad?
– (Es que) no se entiende la prioridad. No hay titular de la PGR, no hay fiscal anticorrupción, no hay fiscal de delitos electorales, que por cierto lo sacaron a la mala. Debilitas al aparato de justicia y tu prioridad es sacar la Ley de Seguridad Interior y no sacar al Fiscal. ¿Con qué diagnóstico dialogan? ¿A qué problema están respondiendo? Es ahí donde no están claras las prioridades entre fortalecer el aparato de justicia o fortalecer a un mecanismo que ha no ha venido funcionando.
– ¿Qué piensa de la amnistía para quienes cometieron delitos federales?
– No acompaño las amnistías. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es muy claro . Lo que se requieren son procesos de justicia. En todos los lugares donde se han aplicado han fracasado. Yo acompaño el Estado de Derecho.
– “La patria es primero”, dijo usted y luego declinó. ¿Qué piensa cómo se está conformando la escena política? ¿Por dónde va su inteligencia ahora?
– Me parece que hay una enorme energía dedicada en buscar nombres y no tanto en buscar propuestas. Veo más un debate de nombres que de ideas. No se puede dar una transición de este país sólo así. Tiene que haber un acuerdo de país, un plan de país y no estoy viendo las discusiones en esa dirección honestamente.
Los países que lo han podido hacer llegan a otro nivel. Puede haber diferencias y claro que son legítimas. No me genera temor alguno la diversidad. El problema es cuando los intereses particulares están por encima de los generales. Ahí veo yo esa dificultad. Cuántas cosas que nos prometen y ofrecen, ¿por qué no lo hicieron cuando pudieron? Cuando sale Meade y dice que va a combatir la corrupción desde el día uno, ¿en serio? ¿Y por qué no lo hiciste cuando pudiste?
– ¿Es posible?
– En los 90 logramos construir un carril que se reflejó en instituciones, logros, avances. Pero eso terminó en una descolorida alternancia. Es un mapa multicolor. Pero no necesariamente cambiaron los problemas. Como país necesitamos recuperar aquello que llamamos transición a la Democracia que es una condición de vida. Que las personas ejerzan todos los derechos y que se desarrolle el Estado de Derecho, así como la competencia.
