Uno de los argumentos que más pesan en el caso Rosario es que los delitos de desvío de recursos de los que se le acusa fueron continuados, es decir, que iniciaron en la Sedesol y luego en la Sedatu, ambas secretarías bajo el dominio de ella y del equipo que decidió mantener en las dos instituciones.
-Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Emilio Zebadúa, quien fuera el Oficial Mayor de Rosario Robles Berlanga cuando dirigió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será un testigo colaborador en el caso del desvío de millones de pesos en esas dos dependencias. De acuerdo con las filtraciones, sus testimonios apuntarán a su exjefa y al jefe de ella, Enrique Peña Nieto.
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público. Parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”. Entonces se abrió un espacio en el que se le cuestionó si avisó a su superior, que sería el expresidente Peña Nieto o a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade. En ese esquema se le cuestionó sobre el papel que jugó su círculo cercano, es decir, sus subordinados en ambas secretarías, ya que cuando ella dejó la Sedesol, en 2015, llegó a la Sedatu con casi el mismo equipo.
Apenas ayer, Rosario Robles tildó de “infamia para mantenerla presa” las nuevas órdenes de aprehensión emitidas el viernes en su contra por un Juez federal y en las que se le señala por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, la también extitular de la Sedatu expuso que sus abogados no habían sido notificados de una nueva orden de aprehensión, y que el objetivo del actual Gobierno únicamente es mantenerla en la cárcel.
“No hemos sido notificados de una nueva orden de aprehensión por los supuestos delitos de delincuencia organizada… Pero por lo que ha trascendido, se trataría de una infamia con el único propósito de mantenerme presa”, afirmó Robles a ese medio comunicación.
Así, con 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, seis funcionarios públicos dejaron la Sedesol para ocupar desde agosto de 2015 las oficinas de la Sedatu y los colocó en puestos estratégicos en materia de presupuesto, de adquisiciones y legales. En ese primer año de funciones en la Sedatu, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un posible daño al erario por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.
El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Zebadúa, pero no es el único. Junto con él Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio conformaron el equipo que la acompañó.
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en operación.
Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Robles Berlanga, el hecho de que Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción, ya que ese es un campo que ya fue descubierto.
EL PAPEL DE LA OFICIALÍA MAYOR
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño de los servicios administrativos que se proporcionan; suscribe convenios, contratos y todos los documentos que impliquen actos de administración; propone a la Secretaria la designación y sustitución de servidores públicos; autoriza las adquisiciones y la documentación para los pagos con cargo al presupuesto; autoriza el ejercicio de los recursos de la secretaría y es el único conducto para gestionar las partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en la Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento Territorial, y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su primer año de funciones, ya acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de posible daño al erario público. Pero continuó.
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de Programación y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones, está conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición de Cuentas.
El nombre del titular de esta Dirección no es público.
Esa unidad está conformada por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de Control y Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y Seguimiento Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos Departamentos de Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de Servicios Generales; una Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la Dirección de Normatividad Presupuestaria.
LA OPORTUNIDAD DE ROSARIO
Horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso a Rosario Robles Berlanga, el 13 de agosto de 2019, se le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
En su segunda audiencia llevada a cabo el 13 de agosto de 2014, horas antes, su defensa dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría de las que ella tuvo conocimiento a través de los Pliegos de Observaciones.
En cuanto a José Antonio Meade, los abogados señalaron que una de las pruebas de que Rosario estaba interesada en atender las observaciones de la Auditoría, está en las actas de la entrega-recepción que ella le hizo a José Antonio Meade al entregarle la Sedesol en agosto de 2015.
Eso habría abierto una vertiente en el caso y hubiera debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos.
