Uno de los problemas para avanzar es el hecho de que México sea una república federal de 129 millones de personas y haya 32 estados, cada uno con su propia constitución y poderes, lo que complica la coordinación entre los distintos niveles del Estado
Marta Hurtado
Ginebra, 7 noviembre (EFE).- México asumió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tiene enormes retos y desafíos para preservar las libertades fundamentales de sus ciudadanos y se comprometió a trabajar para mejorar la situación.
“México enfrenta retos considerables en materia de Derechos Humanos. No venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, afirmó al iniciar su discurso el Subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, jefe de la delegación mexicana.
México se sometió hoy al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que evalúa el estado de las libertades fundamentales y por el que deben pasar cada cinco años todos los Estados miembros de la ONU.
Ruíz Cabañas puntualizó que participaba en el EPU con una “delegación de alto nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial que refleja el compromiso de las autoridades por fortalecer los derechos humanos en nuestro país”.
Y acto seguido describió todas las áreas en las que el país enfrenta grandes desafíos.
“La tortura y otros tratos inhumanos o degradantes; la desaparición forzada, las amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones a los derechos de las personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad”.
“Pueblos indígenas; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas LGTBI (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales); la trata de personas; y una tasa de impunidad lastimosamente alta nos exigen a todos los servidores públicos fortalecer nuestros esfuerzos”, asumió Ruíz Cabañas.
Explicó que uno de los problemas para avanzar es el hecho de que México sea una república federal de 129 millones de personas y haya 32 estados, cada uno con su propia constitución y poderes, lo que complica la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
“La complejidad de México como estado federal se refleja en que aproximadamente el 95 por ciento de los delitos y violaciones a los derechos humanos son de jurisdicción estatal”, explicó.
Sostuvo que en el último lustro se han modificado 21 leyes nacionales y 350 leyes locales para fortalecer el respeto a los derechos humanos pero que su implementación es dificultosa.
Además explicó que, pese a los avances, todavía hay grandes desafíos, de los que destacó, entre otros:
“La efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y combate a la impunidad que asegure el acceso efectivo a la justicia tanto a nivel federal como local; la operación eficaz de todas las disposiciones y mecanismos creados a partir de la ley de desapariciones de personas y la ley contra la tortura”, indicó.
Ruíz Cabañas también incluyó entre los desafíos “la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado y la reparación integral de las víctimas; y el fortalecimiento de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.
En este sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, explicó que desde 2012 el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas había protegido a mil 030 personas.
“Pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar que se continúan cometiendo homicidios contra estas personas, tres de los cuales, eran beneficiarios de este mecanismo. El esfuerzo, aunque destacado, debe profundizarse”, aseguró Avante.
La mayoría de los países que tomaron la palabra durante la evaluación encomiaron el empeño de México pero, como indicó el representante estadounidense” los esfuerzos deben ser mayores”.
El delegado de Estados Unidos solicitó también a las autoridades mexicanas que los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rindan cuentas.
Argentina y Chile también ahondaron en el tema de las desapariciones forzadas y si bien reconocieron los esfuerzos realizados, pidieron más ahínco en las investigaciones y sanciones.
Venezuela, por su parte, pidió garantizar los derechos de las personas migrantes y luchar para reducir los niveles de pobreza extrema.
Y Ecuador ahondó en la importancia de la reparación integral de las víctimas.
