El GIEI ve con preocupación que las evidencias que integran la investigación de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre del año pasado hayan podido ser conseguidas bajo tortura.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ha sido construida en declaraciones posiblemente tomadas bajo tortura, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante ese riesgo, las nuevas indagaciones deben ser reorientadas, enfatizó.

Durante la conferencia de prensa sobre lo que será el segundo mandato del GIEI, los expertos sostuvieron la importancia de que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) considere la inclusión de pruebas que vayan más allá de las declaraciones.

Los expertos expresaron que se corre el riesgo de que se confirme que lesiones documentadas en detenidos hayan sido hechas bajo tortura. De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tanto a nivel nacional o internacional, una prueba obtenida bajo tortura, no puede utilizarse para una investigación, apuntalaron.

“Lo que significa que evidencia distinta a la declaración sí puede ser utilizada, por eso es importante que haya otras pruebas que permitan la condena de la persona. La excesiva dependencia de declaración, crea incentivos perversos para obtenerla, por lo tanto, y lo hemos dicho en el informe, es necesario, replantear la investigación de un modo que sean las evidencias externas las que permitan las convicciones”, dijo el experto chileno Francisco Cox Vial.

Los miembros del Grupo recordaron que tienen como misión suministrar medios para que las autoridades de justicia determinen el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la responsabilidad de los presuntos responsables.

“En estos casos, si [dicho suministro de medios] llegan hacer que los jueces acojan una posibilidad de tortura, se tengan medios probatorios idóneos, que estén a la par para demostrar las responsabilidades o no de las personas implicadas”, explicó la experta Ángela Buitrago.

En cuanto a los interrogatorios, la experta explicó que el Grupo seguirá insistiendo en que se les autorice poder entrevistar a las personas que sean detenidas, o que sean contempladas por la investigación como fundamentales.

Sin embargo, el Estado no ha cedido ante esta petición, en especial, las entrevistas hechas a militares. El GIEI informó que las autoridades de la PGR entrevistaron a 10 militares del Batallón 27 de Iguala, el 26 de agosto.

“Una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR”, citó una misiva de los expertos.

Y el 11 de septiembre, se volvieron a realizar otras dos entrevistas a militares, uno de ellos ya previamente interrogado, por lo que fueron 11 los miembros del Ejército sujetos a este procedimiento. Pese a que el Grupo había solicitado previamente la interrogación a 26 elementos.

Los expertos refirieron que no sólo nunca fueron invitados a estar presentes en las entrevistas, sino que los 15 cuadernillos que aún les quedan por revisar, recién hechos llegar el jueves pasado a los expertos, que contienen las declaraciones de los militares carecen de las preguntas de la PGR. Es decir los expertos sólo pueden leer las respuestas pero no las preguntas realizadas durante las entrevistas.

“Nosotros revisamos hasta el mes de septiembre, hasta el cuaderno 126. Independientemente, de eso, nos faltan revisar 15 cuadernos que no han sido entregados el día de ayer, para completar los 151 tomos que tiene hasta el momento la investigación”, dijo Buitraga.

INDAGACIÓN EXHAUSTIVA

Para los expertos, la indagación exhaustiva de los crematorios de la zona es fundamental. En especial por los restos humanos cremados en la zona del basurero de Cocula y bolsas encontradas en el Río San Juan.

En entrevista a SinEmbargo, el experto del GIEI, Alejandro Valencia, explicó que hasta ahora sólo cuentan con información de los crematorios privados de Guerrero.

“Hay restos óseos que fueron incinerados. Nosotros señalamos en nuestro informe que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues hay que agotar esa línea de investigación, de ubicar cuáles son los hornos crematorios tanto privados, como públicos, y hasta clandestinos”, dijo el abogado colombiano.

El GIEI propuso realizar nuevos cateos, con base a la información de las líneas de investigación, en lugares, donde pudieron haberse llevado a lo normalistas, que no sean meramente las fosas.

Sobre la búsqueda, el experto español Carlos Baristain explicó que el GIEI podría sumarse a las acciones que realizan las autoridades para encontrar a los normalistas.

“Luego de recibir la información que hemos venido pidiendo desde hace tiempo y que todavía no tenemos completa, tomaremos la decisión de si participaremos en acciones específicas, que debería hacer la PGR o la policía federal, en algunas de ellas seguramente vamos a estar presentes”.

“Nosotros estamos planteando interrogaciones específicas, y en una metodología internacional, que es protocolo de Estambul [que evita las prácticas de tortura]. Esas cuestiones se han hecho a partir de que la PGR ha hecho evaluaciones de personas que tenían lesiones, que pueden ser atribuibles a otras cosas, pero también a malos tratos y tortura”.

DESINFORMACIÓN SOBRE HALLAZGOS

Los expertos reiteraron la desinformación difundida por el Estado en el caso del estudiante Jhosivany de la Cruz, del cual apareció un resto óseo en el Río San Juan, que posteriormente, fue enviado para analizarse en la Universidad de Innsbruck, en Austria.

“No es una identificación plena. Contrario a la información difundida públicamente”, dijo Baristain, quien también advirtió sobre la existencia de desinformación dentro de las dependencias públicas sobre el caso de Ayozinapa, y las recomendaciones del Grupo.

“Hemos hecho saber a la PGR que la información que se transmite dentro del Estado tiene que estar suficientemente contrastada, por qué, revisamos algunos documentos y había inexactitudes, o cosas que no correspondían a la verdad en el contenido de nuestro informe. Porque es la manera que no se produzca mucha confusión, es una estrategia de confusión, y tenemos que bajar eso”, dijo.

Por otra parte, sobre la segunda autopsia del normalista Julio César Mondragón, quien fuese asesinado la noche del 26 de septiembre del año pasado, el GIEI sostuvo que su exhumación podría ser importante para que salgan a la luz nuevas evidencias de la investigación. Y dar certeza a las familia de lo que realmente sucedió.

El cuerpo de Mondragón fue hallado con señales de tortura, que no fueron evaluadas de forma óptima por las autoridades en una primera instancia, de acuerdo con el informe del GIEI.

Además, los expertos aprovecharon para recalcar que un tercer peritaje en el basurero de Cocula no sería necesario, ya que el investigador José Torero detalló en el informe del GIEI que los estudiantes no pudieron haber sido calcinados en ese recinto. Este trabajo hecho por tierra la versión oficial del Gobierno, en la que se afirmó que los estudiantes fueron quemados en ese lugar. No obstante, la PGR insiste en la realización de dicho peritaje, por lo que el GIEI exhortó a que se consideren los mejores peritos y expertos en fuego.

Estos puntos serán parte de los temas en los que los expertos trabajarán, antes de la culminación de su segundo mandato, como parte de este grupo creado con base a un acuerdo entre la CIHD y el Estado mexicano, el próximo 30 de abril.