Por James Cavallaro, Sofía Galván y Humberto Guerrero

Después de revisar la situación de prácticamente todos los países del hemisferio, a veces se nos pregunta sobre cuál sería la más grave crisis en materia de derechos humanos en la región. No nos cabe duda: aquélla que atraviesan cientos de miles de víctimas en el contexto de las desapariciones en México. A la fecha, se registran al menos, 115 mil 275 personas desaparecidas; de ellas, más del 85 por ciento, han desaparecido a partir de diciembre de 2006.

Con la reciente llegada al poder de la nueva presidenta de México, se abre una invaluable oportunidad para que —a diferencia de lo observado principalmente en el segundo periodo del mandato de Andrés Manuel— se establezcan acciones dirigidas a atender esta crisis, que demanda una urgente y prioritaria atención respetuosa de los estándares internacionales en la materia. En este contexto, y a partir del reconocimiento de la evidente dificultad de acceder a la justicia en los casos relacionados con desapariciones, la creación de un mecanismo híbrido de justicia en la materia, ofrece una alternativa única para garantizar este y otros derechos

Partiendo de lo anterior, Fundar y UNHR confiamos que las conclusiones y principales recomendaciones contenidas en nuestro recién publicado informe Las desapariciones en México: Impunidad activa, y obstáculos en materia de justicia y búsqueda, podrán dar mayor claridad sobre el complejo fenómeno de las desapariciones en el país, además de sentar las bases para la posible implementación del mecanismo en referencia.

Las desapariciones en un contexto de impunidad activa
La crisis de las personas desaparecidas se encuentra inmersa en un contexto institucional que permite e incentiva la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a derechos humanos que ha derivado en la llamada “impunidad activa”. Este fenómeno no deriva únicamente de la ausencia de capacidades institucionales, sino de “una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”. Además, la impunidad activa incentiva la comisión de desapariciones y otras graves violaciones a derechos humanos, merma el impacto de medidas dirigidas a la prevención de las mismas, y revictimiza a las víctimas y sus familiares.

La falta de voluntad y capacidad del accionar institucional, de igual forma, se agudiza en un marco de actuación estatal caracterizado por la complicidad entre las autoridades y la delincuencia organizada. Esta complicidad no está oculta, ni es menor. Se presenta principalmente en los ámbitos estatales y municipales y, por parte de las fiscalías, en los tres niveles de gobierno.

En este marco, las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos estructurales y sistémicos en el acceso a la justicia. Entre estos desafíos, se encuentran: i) ausencia de recursos y capacidades técnicas de las personas operadoras de justicia y de búsqueda; ii) falta o inadecuada coordinación entre autoridades; iii) dilaciones injustificadas en los procesos e inacción procesal; iv) obstáculos para la judicialización de los casos, y v) fragmentación de investigaciones. De igual forma, se presenta una crisis en materia forense, que se refleja –por ejemplo—en la incapacidad del Estado de identificar los 52 mil cuerpos hallados en fosas comunes o resguardados en instituciones forenses, y los restos pertenecientes a miles de personas en fosas clandestinas. La inacción y falta de capacidades han obligado a las familias a asumir labores de investigación y de búsqueda, ya sea de manera individual o colectiva.

De especial mención es la situación en que se encuentran las mujeres buscadoras, quienes se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado. Además del riesgo agudizado en labores de búsqueda, estas mujeres enfrentan una carga adicional por el hecho de ser mujeres, y que las impacta a niveles económico, social y personal. Todo ello, reflejado en repercusiones, tales como: la pérdida de la fuente principal de ingresos; el uso de recursos personales para llevar a cabo la labor de búsqueda, conflictos sociales y familiares, así como afectaciones mentales y físicas.

En un contexto de impunidad activa, ¿aún existe posibilidad de alcanzar justicia? En materia de desapariciones, ya se han emitido numerosas recomendaciones, tanto por parte de organismos internacionales de derechos humanos como por organizaciones civiles nacionales e internacionales. A pesar de ello, la falta del desmantelamiento de patrones del actuar de la delincuencia organizada y redes de impunidad de corrupción ha resultado en la falta o inefectiva implementación de las mismas.

A partir del reconocimiento de la casi imposibilidad de acceder a la justicia en los casos relacionados con desapariciones en el actual contexto mexicano —así como partiendo de la experiencia comparada de otras iniciativas similares— proponemos la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales.

Esta iniciativa responde a la urgencia de contar con una clara y viable alternativa para alcanzar justicia. Sin esta, las víctimas y sus familias se enfrentan a un sistema de justicia carente de imparcialidad e independencia, y subordinado a poderes de facto —como lo son el poder político, la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas.

La propuesta que desarrollamos en nuestro informe permitirá contribuir a la realización de investigaciones independientes e imparciales. De igual forma, este mecanismo de tipo híbrido dará respuesta a las inquietudes de diversos sectores sobre el involucramiento exclusivo de instituciones internacionales en la administración de justicia en México, al tiempo que contará con mayor legitimidad. Esto último, en virtud de la falta de confianza en las instituciones de justicia, por parte de la sociedad y las víctimas.

Si bien es cierto que parece casi imposible responder al desafío de garantizar justicia en estos casos, sabemos por la experiencia en México y en otros países del mundo —como Guatemala e Italia—, que existen ejemplos prometedores. Uno de ellos, lo constituye el GIEI Ayotzinapa. A pesar de las resistencias impuestas por el Estado mexicano y las Fuerzas Armadas, su labor permitió el desmantelamiento de la narrativa falsa creada por las autoridades como “la verdad histórica”, a la vez que impulsó avances sustanciales en la investigación del caso. De hecho, uno de los tres autores del informe y de esta contribución participó en el diseño e implementación de este mecanismo –que, para el tiempo de su creación, resultó innovador en el marco interamericano de protección.

Frente al escenario analizado, es imperativo que la administración entrante reconozca la magnitud de la problemática, y, en consecuencia, presente una estrategia clara y viable que permita enfrentar una situación que demanda un tratamiento prioritario e impostergable. Sin duda, esta estrategia debe contener medidas — como la presentada— dirigidas a combatir efectivamente la impunidad activa que imposibilita acceder a la justicia. Solo a través de ella, el Estado podrá garantizar la verdad, la búsqueda y la reparación a cientos de miles de víctimas en el país.

*  James Cavallaro (@JimCavallaro) es director ejecutivo de @unitedforrights,  Sofía Galván Puente (@SofiGalvanP) es asesora senior de @unitedforrights y Humberto Francisco Guerrero Rosales (@humguerreror) es coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.

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