La gran mayoría de los políticos se han acostumbrado a vivir cómodamente de los presupuestos de gobierno y muy pocos son los que han hecho carreras dignas, profesionales, útiles, en el desempeño del servicio público. Revertir la reelección es la mejor fórmula para terminar con una amplia fauna parasitaria que impulsada desde los partidos políticos, pudre las instituciones públicas.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La reelección de senadores, diputados locales y federales, así como presidentes municipales, regidores y síndicos, aprobada en diciembre del 2013 por el Congreso de la Unión, fue una concesión que el gobierno del priista Enrique Peña Nieto hizo a las dirigencias de los partidos PRI, PAN y PRD, para que a cambio le aprobaran sus reformas en materia enérgetica, para favorecer y privilegiar los negocios de empresas nacionales y extranjeras que pretendían apoderase de las áreas más productivas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Fue una reforma envenenada que se acordó como parte del llamado Pacto por México que firmaron Peña Nieto y las dirigencias del PRI, PAN y PRD.
Esa reforma constitucional en materia político-electoral que entró en vigor en febrero del 2014, no benefició a la democracia, pero sí permitió a las dirigencias partidistas ejerce un mayor poder y control en la postulación de candidatos a puestos de elección popular, fortaleciendo cacicazgos y grupos facciosos, por lo cual es sana la iniciativa de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de promover una reforma constitucional que haga efectivo el lema que en 1910, enarbolado por Francisco I. Madero, dio origen a la Revolución Mexicana: “Sufragio Efectivo, no reelección”.
La gran mayoría de los políticos se han acostumbrado a vivir cómodamente de los presupuestos de gobierno y muy pocos son los que han hecho carreras dignas, profesionales, útiles, en el desempeño del servicio público. Revertir la reelección es la mejor fórmula para terminar con una amplia fauna parasitaria que impulsada desde los partidos políticos, pudre las instituciones públicas.
Una de las presunciones que se argumentaron para justificar la reelección de legisladores, federales y estatales, así como presidentes municipales, regidores y síndicos, es que eso ayudaría a su profesionalización, algo que en la práctica no ha ocurrido.
También se argumentó que la reelección le daría estabilidad política a los ayuntamientos y a los congresos, algo que en la práctica no ocurrió, pues sólo contribuyó a perpetuar en sus cargos a fósiles y caciques en los partidos políticos.
Tampoco funcionó el supuesto de que legisladores, alcaldes, regidores y síndicos se esmerarían en cumplir responsablemente sus tareas ante el temor de que el pueblo los castigara en las urnas, riesgo que fue superado al ser postulados, muchos de ellos, por la vía de la Representación Proporcional, proceso en el cual no es determinante el voto directo de los ciudadanos.
La reelección sólo ha propiciado un mayor control de las dirigencias partidistas en la postulación de candidatos que permanecen atados a la voluntad de quienes tienen el control de los partidos políticos, que por ley son los que tienen el monopolio de las postulaciones, excepto que algunos muy aventurados o rebeldes busquen ser candidatos por la vía independiente, lo que entraña dificultades que muy pocos pueden y están dispuestoa s superar.
El 3 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó por 107 votos en pro, 16 en contra y 1 abstención, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reformaron, adicionanaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. El 5 de diciembre de 2013, en sesión de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 409 votos en pro, 69 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto enviado por el Senado de la República relativo a esas mismas reformas constitucionales en materia político-electoral.
En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se publicó el miércoles 22 de enero del 2014 la declaratoria de reforma constitucionalo en materia político electoral que formalizó la reelección de diputados federales y senadores, así como de diputados locales y presidentes municipales en todo el país. Esa declaratoria la hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, entonces presidida por el diputado panista Ricardo Anaya Cortés. Se dio lectura al cómputo de aprobación de 18 legislaturas estatales: Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En esa ceremonia de la Comisión Permanente, en la cual se declaró aprobada la reforma constitucional en materia político-electoral el 22 de enero del 2014, tomó la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, entonces del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien criticó las modificaciones a la Carta Magna.
“Se ha legislado por consigna y en contra del interés nacional. El instrumento de estos cambios ha sido las reformas a la Constitución. En estos meses se ha llevado a cabo una deformación constitucional […] La reelección legislativa es el prólogo de la reelección presidencial. Insistimos, es una reelección partidista a través del beneplácito de las cúpulas partidistas y no una reelección que premia el compromiso ciudadano de los representantes, su profesionalismo o su mandato con los electores. Es simplemente un mecanismo de control de las cúpulas del poder”, reprochó el entonces legislador de Movimiento Ciudadano.
En su crítica a la reforma electoral que entró en vigor en 2014, agregó Mejía Berdeja: “El INE [Instituto Nacional Electoral] es un engendro que deja intocados los cacicazgos; es la presión de los gobernadores, encabezados por Eruviel Ávila [mandatario del Estado de México]. Y dejaron al INE a medio camino, se mantienen los institutos locales. Se seguirán violando los topes de gastos de campaña; ahora hasta un 5 por ciento y con la palabra determinancia, que sabemos que siempre es la coartada de los tribunales para mantener la inequidad electoral. La propaganda gubernamental para encubrir campañas políticas se seguirá perpetuando”.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Mejía Berdeja, que luego pasó a las filas de Morena, consideró inadecuada e insuficiente la reforma político-electoral del 2014: “Por eso nosotros decimos que reelección también sin revocación de mandato es inmovilismo, es regresión, es autoritarismo. Nosotros proponíamos precisamente por ello que se estableciera la figura de la revocación de mandato para que aquel gobernante que no cumpla por negligencia, incapacidad o corrupción pueda ser quitado anticipadamente por los electores”.
En esa misma sesión de la Comisión Permanente, en la cual se declaró aprobada la reforma constitucional en materia político-electoral el 22 de enero del 2014, habló también el senador Víctor Manuel Camacho Solís del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.
Contextualizó Camacho Solís: “La reforma de Reyes Heroles fue un motivo de enorme satisfacción para la oposición y para los intelectuales independientes del país. La reforma política del 1994-1996 fue reconocida por todos, había satisfacción en que habría un Instituto Federal Electoral independiente. Sin embargo, en esta ocasión la reforma política es un tema forzado”.
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Explicó Camacho Solís sus objeciones: “Fue un tema forzado porque ésa fue la negociación por parte del Partido Acción Nacional, la condición para poder aprobar la reforma energética. Y entonces hicimos una reforma política llena de prisas, llena de candados, con muchas cosas que le quitaron el vigor en muchos de los puntos que podrían haber sido útiles. Se establece una reelección, pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos”.
Esta reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2023 fue publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero del 2014 y entró en vigor al día siguiente, ajustada a los plazos establecidos e algunos artículos transitorios.
El reformado Artículo 59 estableció: “Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
Y el Artículo Transitorio Déximo primero aclaró que “la reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018”.
Mientras tanto, el reformado Artículo 115 estableció: “Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
Y por su parte el artículo transitorio Décimo Cuarto especificó: “La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.
También se reformó el Artículo 116 constitucional, que quedó en los siguientes términos: “Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
Y las regulaciones del artículo transitorio Décimo Tercero del mismo decreto aclaraban: “La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección de diputados locales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto”.
En ese mismo decreto de reformas constitucionales se establece, en el artículo transitorio Décimo Quinto se establece una disposición que se aplicó tanto a Andrés Manuel López Ovbrador, como a Claudia Sheinbaum Pardo: “el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el primero de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.
