La Consejera dio detalles que van desde la preparación de la elección, la jornada electoral, los cómputos hasta la calificación y declaración de validez de los resultados.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado dos leyes que detallan las reglas sobre la elección del Poder Judicial que se realizará en junio de 2025.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada uno de los procesos electorales de jueces, ministros y magistrados.
La Consejera dio detalles que van desde la preparación de la elección, la jornada electoral, los cómputos hasta la calificación y declaración de validez de los resultados. “Están previstas todas las etapas del proceso: la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral, los cómputos y sumatorias, asignación de cargos, y calificación y declaración de validez”, explicó Godoy Ramos.
Destacó que se realizarán entrevistas públicas a los aspirantes para que puedan definirse los perfiles más adecuados entre los que habrá debates y transparencia en el uso de espacios de promoción y de campaña en general. De entre las fechas compartidas, destaca el 31 de enero, que será cuando los comités de evaluación realicen entrevistas y seleccionen a los finalistas y el 12 de febrero tendríamos las listas finales de aspirantes.
“En cuanto a la convocatoria y postulación de las candidaturas, el Senado de la República emitirá la convocatoria general a los tres poderes de la unión para integrar el listado de las candidaturas. Esta convocatoria no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos ni para la integración y funcionamiento de los comités de evaluación”, añadió la Consejera jurídica.
Cada comité estará conformado por cinco integrantes de reconocido prestigio en la actividad jurídica y observando la paridad de género. Posteriormente, publicarán, dentro de los quince días naturales siguientes a su conformación, convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de las postulaciones. Concluido este plazo, los comités publicarán las listas de quienes hayan obtenido los requicitos constitucionales.
Después, los comités avaluarán la idoneidad de los perfiles conforme a su curriculum, así como antecedentes profesionales y académicos. También realizarán entrevistas públicas a efectos de evaluar los conocimientos técnicos, y capacidades de las y los aspirantes. Asimismo, los aspirantes podrán participar de manera simultánea en dos o más convocatorias emitidas por los poderes para el mismo cargo o circunscripción plurinominal.
Al final del proceso, los comités elegirán a 10 candidatos por cada cargo de ministro de la SCJN, magistrado electoral y magistrado del nuevo Tribunal de disciplina, y seis candidatos por cada cargo a magistrados colegiados de distrito y por cada Juez de distrito. En consecuencia, emitirán las listas a cada Poder de la Unión para que determinen su conformidad.
Mediante la insaculación pública quedarán sólo tres candidatos por cada cargo de ministro, magistrado electoral y del Tribunal de disciplina, y dos candidaturas por cada cargo de magistrados colegiados y jueces de distrito. A más tardar del 1 de febrero los poderes podrán remitir las listas al Senado.
“Al INE le corresponde aprobar el modelo de la boleta, la documentación y materiales electorales; administrar y distribuir el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, y emitir reglas y pautas para garantizar este derecho. También le corresponde organizar y desarrollar foros de debates entre las personas candidatas, y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social brinden espacios de manera gratuita, garantizando condiciones de equidad”, destacó la Consejera Jurídica.
“Deben vigilar que ninguna persona reciba financiamiento público o privado en sus campañas. Debe determinar los topes máximos de gastos, personas de campaña, y las reglas de fiscalización. Debe garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí misma, o por medio de otras personas, espacios en radio o televisión, internet o cualquier medio de comunicación para promocionarse. Debe supervisar que ningún partido político o servidor público, haga actos de servilismo y propaganda”, añadió.
En cuanto a las campañas, Ernestina Godoy también indicó: “Los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos, visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como sus propuestas amparadas en la libertad de expresión. Queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier material utilitario, a excepción de material gráfico. Podrán hacer suso de sus redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre que no implique erogaciones o potenciar o amplificar sus contenidos”.
