Altar, Sonora, un pueblo en medio del desierto a unos 100 kilómetros de la frontera con Arizona, ha pasado de ser un centro de actividad agrícola a convertirse en escala de miles de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos.
Por Parker Asmann y Steven Dudley
Ciudad de México, 7 de octubre (InsightCrime).– En la frontera entre Estados Unidos y México, el negocio del tráfico de migrantes ha pasado de estar conformado por una estrecha red de clanes cuyos miembros conocían muy bien los cruces y las conexiones que sus clientes requerían para migrar, a convertirse en una boyante industria celosamente monitoreada por grupos del crimen organizado, que además cobran impuestos sobre esta actividad.
Esto es particularmente evidente en Altar, Sonora, un pueblo en medio del desierto a unos 100 kilómetros de la frontera con Arizona, que ha pasado de ser un centro de actividad agrícola a convertirse en escala de miles de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos.
En una reciente visita a la frontera, InSight Crime realizó un viaje a esta parte del norte de Sonora. Con menos de 10 mil habitantes dispersos en unos 4 mil kilómetros cuadrados, Altar era anteriormente un tranquilo municipio agrícola y ganadero. Si bien la presencia de estas industrias aún se puede percibir en la carretera federal que conduce al oeste de la ciudad hacia Caborca, el área metropolitana más grande de esta zona del estado, la economía migrante es omnipresente.
Después de pasar por el lecho de un río seco, vimos varias tienditas alineadas en la calle frente a la plaza del pueblo, así como la iglesia católica de altas paredes blancas de estilo colonial, que se ha elevado sobre la plaza principal durante más de 100 años. El día de nuestra visita, sobre las cuatro columnas alrededor de la entrada de la iglesia colgaban luces verdes, blancas y rojas, como preparación para el Día de la Independencia, que se celebra en México cada 16 de septiembre.
Dentro de una de las tiendas, cubierta por mochilas que colgaban en hilera, los vendedores ofrecían sudaderas de camuflaje por 300 pesos mexicanos (unos US$15). En la parte de atrás, ocultos a la vista, también vendían botines de camuflaje por 120 pesos (alrededor de US$6), que los migrantes usan sobre sus zapatos para no dejar huellas en su trayecto por el desierto.
Ese fue nuestro primer encuentro con la nueva economía de Altar: la economía migrante.
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Nos dirigimos al Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN), el cual es financiado en su totalidad por la Iglesia Católica, además de las contribuciones hechas por donantes independientes, y que opera en Altar desde mayo de 2001.
Allí conocimos al padre Prisciliano Peraza García. El padre llevaba un sombrero de alas anchas y gafas de sol para cubrir su redonda cara del implacable sol. Sus jeans azules levemente descoloridos caían sobre botas de cuero oscuro, que le daban la apariencia de ganadero. Su estatura baja y su complexión robusta contrastan con su voz ronca y profunda, que a veces es difícil de entender.
Subimos a su auto, un Jeep color rojo manzana con un oso de peluche de casi un metro de altura atado a la llanta de repuesto de la parte trasera. Mientras dábamos vueltas por la ciudad, el padre saludaba a todos con un signo de paz y un “¡Ay!” gutural.
Durante todo el trayecto señalaba las casas de huéspedes, hostales pequeños e improvisados que parecen cubrir la ciudad. Peraza dice que estos hostales, en su mayoría sin licencia, surgieron cuando los migrantes comenzaron a pedirles a las tiendas de la zona un lugar para pasar la noche. En su apogeo, dice que había cientos, pero estima que ahora hay alrededor de 130, además de unos 20 hoteles.
Además de refugio, las casas de huéspedes ofrecen alimento, ropa y artículos de tecnología, como linternas y dispositivos GPS. Peraza dice que hay diversas redes de polleros, o traficantes de personas, que tienen un control estricto sobre algunos de esos hostales, de donde los migrantes no pueden salir a la calle sin permiso o sin escolta. Peraza dice que se enfrentan a un doble peligro: los “grupos de asalto” pueden robarles o vendérselos a otros polleros; y esos otros polleros pueden secuestrarlos y obligarlos a pagarles para que continúen el viaje con ellos.
Sin embargo, con el tiempo, estos establecimientos se han convertido en la economía más visible como resultado directo de la industrialización del tráfico ilícito de migrantes en esta zona. A lo largo de una franja de tierra en un vecindario cerca de la carretera principal, las tarifas nocturnas se anuncian claramente en las fachadas por tan solo 30 pesos la noche (cerca de 1.50 dólares).
Otro establecimiento ofrecía los mismos servicios a un precio similar en la calle del frente. Pero esta es solo la tarifa inicial, nos cuenta Peraza: 10 pesos más por una almohada, otros 25 por un colchón, y aún más por una manta. Dice que la mayoría de los migrantes pagan alrededor de 100 pesos (unos 5 dólares) por noche después de sumar todos los costos.
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Al otro lado de la ciudad, grupos de obreros construyeron nuevos edificios para albergar a los migrantes que seguían llegando. Esta infraestructura no siempre existió porque la sección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP) en Tucson, al sur de Arizona, que abarca a Sásabe, el caserío por el que suelen pasar los migrantes que salen de Altar, no siempre fue una ruta de tráfico tan concurrida.
Durante la década de los ochenta, los agentes en esta parte de la frontera suroeste con México promediaban alrededor de 45.000 “hallazgos” cada año, la menor parte de ellos en Sector Big Bend, en el oeste de Texas. Pero, a medida que el gobierno de Estados Unidos endureció su trabajo policial a mediados de la década de los noventa utilizando políticas agresivas de “prevención mediante disuasión”, los migrantes empezaron a cruzar cada vez más por el desierto.
En el punto más álgido en los años 2000, los agentes de la CBP en el sector de Tucson registraron más de 600 mil hallazgos. Estos incidentes han disminuido considerablemente, pero para fines de 2022 habrá más de 230.000 hallazgos, la quinta parte de los cuales será en la frontera. Los hallazgos están conduciendo a números récord a lo largo de toda la frontera, donde, por primera vez desde que la patrulla fronteriza de Estados Unidos comenzó a mantener registros, consignó más de dos millones de hallazgos en el año fiscal 2022.
La creación de las casas de huéspedes, y más adelante su control por parte del crimen organizado, son un reflejo directo del rostro cambiante de quienes trafican con el creciente número de migrantes en México. Pero en Altar, la migración es rentable de otras maneras.
Los grupos criminales utilizan personas especializadas en reclutar migrantes que necesitan ser transportados hasta Altar. InSight Crime habló con personas que migran desde lugares tan cercanos como el vecino Sinaloa y tan lejanos como el centro de Guanajuato. Los negociantes de la ciudad no solo les venden camuflaje, sino además ropa, sombreros, cantimploras metálicas y otros elementos que los migrantes pueden necesitar antes de partir hacia el desierto.
A los conductores contratados que se movilizan en camionetas de tamaño mediano conocidas en la zona como “benz” se les paga por hacer docenas de viajes todos los días para transportar a miles de migrantes. En las afueras de la ciudad, cerca del basurero municipal, un camino de grava es utilizado como vía principal, y Peraza dice que la policía local no suele interrumpir el tráfico.
En Altar hay otras industrias conexas que han sentido el boom migratorio. Las concesionarias, por ejemplo, han experimentado ventas constantes de camionetas, y las gasolineras se benefician vendiéndoles el combustible que requieren para trasladar a los migrantes. Si se descomponen, están los mecánicos que reparan las piezas y los neumáticos, de manera que estén en buenas condiciones para atravesar el escarpado terreno.
Además, hay empresas locales que proveen los bloques de cemento y demás materiales necesarios para que los equipos de obreros contratados construyan los estrechos hostales sin licencia, que ahora son de varios niveles. Los servicios de lavandería se emplean para lavar sábanas, toallas y demás prendas, y los puestos de comida que venden tacos de barbacoa y burritos de frijoles tienen cada vez más clientela.
Mientras estaban a la espera de otra oportunidad para cruzar la frontera, varios migrantes nos contaron que la industria agrícola también ha recurrido a su mano de obra —abundante y barata— para cosechar productos locales como los espárragos, que en algún momento fueron el sostén de esta región. Entre 2015 y 2020, según datos del gobierno mexicano, más de 75.000 migrantes mexicanos llegaron a Sonora en busca de trabajo.
Incluso organizaciones locales como el CCAMYN se han beneficiado de la industrialización del tráfico ilícito de migrantes a través de Altar. El aumento de los flujos migratorios les permite obtener más fondos y apoyos para ofrecer refugio y otros servicios esenciales.
Peraza estima que el 95 por ciento de la comunidad depende directa o indirectamente de la migración ilegal —una cifra imposible de confirmar pero que tampoco se pude refutar—.
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En México, los migrantes siempre han sido significado de dinero, pero no necesariamente para los grandes grupos criminales.
En 2011, la investigadora Gabriella Sánchez presentó su tesis doctoral ante la Universidad Estatal de Arizona, la cual incluye un análisis de 66 casos de tráfico de personas en Estados Unidos, así como entrevistas con cientos de migrantes. Hasta la fecha, este es quizá uno de los trabajos más completos sobre el tema, en tanto describe las redes de clanes informales, en su mayor parte de carácter familiar, que han manejado la migración a través de corredores como este tramo de la frontera entre Arizona y Sonora.
En su mayor parte, dichas redes requieren la misma infraestructura que nosotros encontramos en Altar, pero no necesariamente trabajan para los “carteles”, término que utilizan tanto autoridades, legisladores y periodistas para referirse a las grandes organizaciones criminales, ni operan bajo su dirección.
Sánchez cierra su estudio de 2011 con una conclusión sorprendente: “Lejos de estar bajo el control del crimen organizado, el tráfico es una estrategia de los pobres para generar ingresos, que a su vez genera oportunidades económicas para los miembros de la comunidad en dificultades financieras”.
Pero ¿es esto cierto todavía? Es algo que sigue siendo difícil de discernir con certeza. En algunas ciudades fronterizas hay halcones, personas que salen a la caza de “clientes” para los grupos del crimen organizado en los refugios de migrantes. Estos grupos también exigen que los polleros hagan un pago por cada migrante traficado, e incluso han establecido sus propios polleros para que manejen el tráfico ilícito de migrantes.
“Después del inicio de la guerra contra las drogas en 2006, los grupos del crimen organizado en México se diversificaron y recurrieron cada vez más a otras actividades criminales con ánimo de lucro, especialmente el tráfico ilícito de migrantes”, le dijo a InSight Crime un abogado que pidió el anonimato debido a lo riesgoso de su trabajo en la frontera entre Estados Unidos y México, representando a migrantes que han sufrido abusos por parte de autoridades y grupos criminales.
Otras personas en lugares similares como Tijuana y que se extienden hasta Altar dicen que también han visto un cambio notable en el comercio. Peraza, por ejemplo, dice que los grandes grupos criminales ya ejercen un control mucho mayor sobre los migrantes, especialmente por el aumento de los precios en los últimos años. Un viaje que antes costaba entre 3 mil y 5 mil dólares, actualmente cuesta entre 7 mil y 10 mil dólares e incluso más, según nos dijeron migrantes y autoridades. Un migrante mexicano que estuvo esperando en Altar todo el año pasado dijo que pagó 13 mil dólares para cruzar la frontera cerca de Sásabe, pero que luego fue transportado a Phoenix y finalmente a Houston.
“Los grupos del crimen organizado cambiaron o se expandieron, pasando del que quizá fue su trabajo tradicional en el tráfico de drogas a [involucrarse] también en el tráfico de personas debido a la rentabilidad de dicha actividad”, afirma Victor White, codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha del Departamento de Justicia, que se conformó el año pasado para combatir el tráfico de personas y la trata de personas.
No se sabe cuánto dinero les están generando estas operaciones a los grandes grupos criminales, como el Cartel de Sinaloa, cuyas diversas facciones controlan este corredor de la frontera entre Estados Unidos y México. Peraza dice que cobran al menos US$100 por migrante. Aunque esta cifra puede parecer modesta, si se supone, como lo hace Peraza, que cada mes pasan por Altar unos 30.000 migrantes, esto da un total de 3 millones de dólares solo por este concepto y solo en Altar durante un solo mes.
“Los grupos del crimen organizado más grandes se dieron cuenta de que la migración representaba un gran negocio”, dice Peraza. “Con los migrantes hay menos bronca [que con las drogas] y mucho más dinero”.
Peraza y otras personas con las que InSight Crime habló a lo largo de la frontera coinciden con esa cifra, y algunos estiman que es mucho mayor.
Además, estos grupos criminales quizá también han usurpado otras economías criminales que antes estuvieron bajo el ámbito de las operaciones familiares que Sánchez describe en su tesis. Los llamados “carteles”, por ejemplo, les cobran US$1.000 a los migrantes mexicanos experimentados por un “permiso” para cruzar el desierto en pequeños grupos de cuatro o cinco personas sin guías.
Al parecer, también se están arriesgando poco con respecto al dinero que esperan que les paguen las redes de tráfico. Cuando pasamos en el Jeep rojo de Pereza por una polvorienta carretera que va desde Altar hasta Sásabe, hacia el norte, pudimos ver que, a pesar de que el camino era casi impenetrable debido a la temporada de lluvias por los monzones, había por lo menos seis camionetas aparcadas al borde de la carretera.
Dos hombres registraban en un cuaderno los nombres de quienes estaban a punto de embarcarse en su viaje hacia el norte. Vestidos de pies a cabeza con camuflaje y con los rostros cubiertos con bufandas, una docena de migrantes varones se encontraban sentados hombro contra hombro en la silla de una de las camionetas.
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Al comienzo de la carretera que conduce hacia Sásabe había tres grandes cruces blancas y bien elaboradas. Cada una tenía una fecha y un nombre.
No hay dudas de que quienes pagan estos elevados precios tienen pocas garantías. Dadas las políticas de prevención mediante disuasión, así como el cierre de las fronteras para quienes solicitan asilo, los migrantes deben dirigirse a cruces cada vez más peligrosos en áreas remotas del desierto.
Entre Altar y la frontera entre Estados Unidos y México en Sásabe hay menos de 100 kilómetros. Pero esa ruta es peligrosa, sin agua y sin forma de cubrirse del abrasador sol del verano o de las gélidas temperaturas que llegan al caer la noche.
Además de los costos y de las implacables condiciones del desierto del norte de Sonora, los migrantes enfrentan otros peligros, incluidos los grupos de asalto armados que se extienden por ambos lados de la frontera.
“Ya hay una organización que se mantiene informada: ‘Oigan, están traficando [unas personas], cojamos su carga [de migrantes] y mantengámoslos como rehenes’”, le dijo a InSight Crime Leo Lamas, Agente Especial Adjunto en Tucson, de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
En el CCAMYN, a los migrantes les recuerdan los riesgos de diversas maneras. Al ingresar, en un gabinete de madera hay volantes con información para que los migrantes conozcan sus derechos y sepan cómo denunciar los abusos y dónde encontrar apoyo para su viaje. Sobre el gabinete hay una cartelera con una exigencia: “No más muertes”.
A la izquierda de la mesa, sobre la pared que conduce a la entrada de la sala principal, cuelga un diagrama de dos partes con dibujos que ilustran a los migrantes sobre la flora y la fauna que pueden encontrar al cruzar el desierto.
“¿Vale la pena arriesgar tu vida?”, pregunta el diagrama.
En el comedor, sobre la pared hay un mapa de la frontera entre Arizona y Sonora, con un montón de puntos rojos alrededor de una zona específica del desierto del sur de Arizona entre Sásabe y Lukeville, al oeste. Entre finales de 1999 y mediados de 2021, la mayor parte de los casi 4.000 migrantes hallados muertos fueron encontrados en esa zona, según datos recopilados por la organización Humane Borders.
Sin embargo, la verdadera cifra de migrantes muertos en la frontera entre Estados Unidos y México es quizá mucho mayor, dado que estos son solo los cuerpos hallados por los defensores y las autoridades locales y federales —el CBP solo cuenta los cuerpos hallados por sus agentes— antes de que la tierra se trague cualquier rastro de ellos.
Aun así, las muertes no parecen detener la industria del tráfico de personas.
Al caer el sol, los cocineros de CCAMYN llaman a la cena. Cuando la veintena de migrantes del refugio se sientan a las mesas para comer, los empleados de CCAMYN hacen una oración.
La mayoría de ellos se preparan para partir en los próximos días. Si perecen a lo largo de estos caminos, es poco probable que se erija una cruz en su memoria, ni siquiera en una de las solitarias carreteras mexicanas.
