Como lo mencionaba la semana pasada, hay casos que constituyen un mircocosmos de cuestiones estructurales que nos aquejan como sociedad. El caso Ayotzinapa es un atroz recordatorio del viacrucis que padecen miles de víctimas de desaparición forzada en este país. Con instituciones endebeles, cooptadas, revictimizantes, la desaparición de los 43 pone al desnudo a un sistema político y de justicia corrompido.

Esta semana tocó el turno a Pegasus. Ese software espía que este gobierno negaba rotundamente fuera adquirido durante el sexenio, mucho menos usado. En la investigación denominada #EjércitoEspía, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto —y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso—revelamos tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México con el malware Pegasus durante este sexenio: Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor; y un periodista del medio Animal Político.

El común denominador de las intrusiones ilegales es que las víctimas estaban informando sobre las Fuerzas Armadas, y en el caso de Raymundo Ramos, acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por militares. En los tres casos, las infecciones mediante Pegasus fueron confirmadas por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, entidad con las mejores credenciales a nivel mundial para detectar intrusiones con el malware.

A ello se suma evidencia documental. La empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., que previamente se demostró que formaba parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió autorización por parte de NSO Group para representarla exclusivamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional entre marzo de 2018 y, al menos, hasta diciembre de 2019.

Adicionalmente se tiene pruebas de que la Secretaría de la Defensa Nacional contrató con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. un “sistema de monitoreo remoto de información” en abril de 2019. En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como ante R3D por vía de solicitudes de acceso a la información. Ayer supimos que el Ejército pago 60 millones de pesos en un año por ese “sistema de monitoreo remoto de información”.

Con lo anterior se demuestra que la actividad de defensa de los derechos humanos y periodismo sigue bajo asedio en un país donde ambas poblaciones se encuentran en riesgo extremo. México es el país más letal para la prensa y uno de los más mortíferos para quienes se dedican a la defensa de derechos humanos. En el camino a este extremo -el asesinato- personas defensoras y periodistas padecen una retahíla de agresiones diversas para inhibir su labor. En el caso particular, y a la luz de los correos obtenidos del #SedenaLeaks, queda expuesta la visión de las instituciones militares de este país: los críticos son peligrosos, enemigos de la nación.

Por eso, como otros crímenes de diversa índole, gravedad y magnitud, se decidió interponer denuncia formal. Así se hizo al día siguiente de la publicación realizada la noche del 2 de octubre. Sin mucha confianza por la FGR, se buscará acabar con la impunidad respecto al espionaje con Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No hay garantías mínimas institucionales para eso, por lo que pedimos que se creara un mecanismo internacional independiente para observar y apoyar la investigación.

Dos días después de la revelación de estos nuevos casos de espionaje – el 04 de octubre- el presidente López Obrador cargó contra las víctimas y los medios de comunicación que son parte de esta investigación. No escuchamos palabras de solidaridad sino más odio y encono. Preocupante viniendo de un Jefe de Estado.

En ese marco de revictimización y difamación se negaron rotundamente los hechos sin ofrecer evidencia alguna. Lo paradójico es que se parece mucho a la respuesta que diera en junio de 2017 ante las revelaciones de la investigación #GobiernoEspía, cuando también hablamos de intervenciones de comunicaciones de periodistas y activistas mediante Pegasus. Peña Nieto, molestó, acusó que eran mentiras. Ahora su sucesor hace exactamente lo mismo pese las pruebas que le gritan a la cara.

Al día siguiente de su primera respuesta, el presidente cargó contra Animal Político a través de la funesta sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”. En su largo discurso también tronó contra Artículo 19 diciendo que nos hemos “ladeado al lado del conservadurismo”. En este contexto presentó un video producido por el gobierno, que bajo el risible título “infodemia” acusa que la información expuesta son meras “inferencias”. En ese video no refutan con datos la evidencia científica presentada en #EjércitoEspía.

Nada novedoso conociendo la maquinaria de propaganda y manipulación que opera desde el gobierno con recursos públicos. Pero por previsible no es menos inquietante. Con nuestros recursos públicos se encubre a golpe de mentiras una violación grave a la privacidad de las víctimas. Ante la reacción del gobierno lo único que podemos esperar es encubrimiento e impunidad. Eso es lamentable y condenable dado el proceso de profundización de la militarización y el autoritarismo que conlleva. Más triste resulta que las expectativas de cambio depositadas en el proyecto político que hoy gobierna se vayan diluyendo.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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