En Ciudad Juárez en marzo de 2008, el Ejército se hizo cargo del operativo conjunto Chihuahua, pactado con el Gobernador Jose Reyes Baeza y el Presidente Municipal José Reyes Ferriz. En la noche del primer día de operaciones, se empezó a establecer por los militares un retén por la calle Gómez Morín cerca del puente del Zorro, cuando pasó frente a ellos una unidad pickup de Seguridad Pública, un soldado cortó cartucho, apuntó al conductor y disparó lesionándolo en la cabeza. La víctima sobrevivió años, incapacitado totalmente para valerse por sí solo. Se presentaron las denuncias ante la Fiscalía Militar y todavía 12 años después, no se sabe siquiera quién fue el soldado que disparó, el expediente se encuentra en calidad de secreto en el tribunal militar de una ciudad del pacífico.

Durante los siguientes tres años se presentaron ante la Procuraduría General de la República, quien remitió a la Fiscalía Militar, 457 denuncias por delitos graves, sólo se logró judicializar dos de ellas, de los restantes 455 no hemos tenido noticia. Por lo menos 29 se refieren a investigaciones de homicidio o desaparición forzada, con datos exactos de las víctimas y elementos para ubicar a los posibles responsables. Todos miembros del Ejército.

Las consignas que el General Juárez dio a la prensa al iniciar el operativo conjunto de Chihuahua fue… “Mi orden de cateo es el marro y les pido que no cuenten un muerto más, sino un delincuente menos”.

Ese era el Ejército totalmente apoderado de la ciudad, era un Ejército impune, protegido desde arriba con instrucciones de disparar a matar y con un escudo de impunidad impenetrable, era el Ejército de Felipe Calderón.

Desde la visitaduría de derechos humanos y el departamento de quejas del municipio, se reunieron entre mil y mil 100 casos de violación grave a los derechos humanos de los juarenses. Todos esos agresores permanecen impunes.

Cuando veo la reticencia de las Fuerzas Armadas a procesar y sancionar como lo dice la Ley a todos los militares que de alguna manera participaron en los crímenes de Ayotzinapa, comprendo la frialdad con la que actuaron entonces, las únicas vidas que tenían valor para ellos eran las vidas de los militares y eran intocables, sin tener el dato exacto, entre 2008 y 2018, no cayeron 10 militares aquí en la frontera, donde se asesinaron entre sí y por manos desconocidas más de 15 mil civiles. Y casi doscientos policías.

Antes de 2018 el manto de impunidad que cubría a los militares, contaba con el respaldo del Presidente de la República, por eso nunca se pudo saber cuál había sido la participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Eso no nos sorprende, porque tenían licencia para matar.

Por esa impunidad crónica, desde su fundación como institución en 1931, el actual Presidente y Encinas con todo su apoyo, no han podido someter a juicio a todos los militares responsables en el caso Ayotzinapa.

Ellos con un espíritu gremial se protegen entre sí y se resisten a someterse al Estado de Derecho, y está resultando el problema más complicado para el Presidente López Obrador, que ha confiado tal vez, demasiadas tareas en las Fuerzas Armadas.

Ciertamente en cuatro años no se pueden cambiar radicalmente las malas prácticas, pero será muy difícil volver a someterlos al Estado Derecho si no se hace ahorita, porque hoy se trata de 10 o 20 militares y finalmente deben ser procesados todos los que participaron por acción u omisión y si en este asunto, los mandos militares, resisten tanto por tan poquitos, ¿que será cuando se tenga que aplicar la Ley a un grupo grande de la élite castrense?

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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