El Gobierno de México sigue sin dar una explicación lógica del cierre del Cefereso Número 2, aunque las versiones extraoficiales son corrupción e ingobernabilidad y ya iniciaron los traslados de 376 internos para vaciar las instalaciones. El personal penitenciario vive incertidumbre por conocer su readscripción a otras cárceles.
Jalisco, 7 de octubre (Zeta).- Cierra sus puertas en definitiva el penal federal de máxima seguridad de Jalisco. Termina así una leyenda negra tejida en solo 27 años. Una prisión que vio pasar la primera fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero antes, el apoderamiento de todo espacio por parte del crimen organizado y el encarcelamiento de por lo menos siete mujeres en un establecimiento exclusivo para hombres. Y en el pasado inmediato, la ingobernabilidad de un reclusorio.
Las autoridades federales no son claras en cuanto los motivos que llevan a la desincorporación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 Occidente. Entre los argumentos se escuchó que ya no era un espacio propicio para la reinserción social de los privados de libertad. También se dijo que, dada la poca ocupación del presidio, resultaba incosteable para el Gobierno Federal. Y se habló de una infraestructura penitenciaria debilitada por el paso del tiempo. La verdad aún no se conoce.
El anuncio del cierre llegó de golpe, sin que la población, los tribunales, los internos ni sus familiares, lo sospecharan. Sin embargo, era un secreto a voces que se planeaba la desocupación del inmueble, tal y como lo publicó Zeta durante los meses más recientes, sobre todo luego del traslado masivo de internos el primer día de julio y que dicho número de presos no fue cubierto desde otros Cefereso.
La incertidumbre prevalece a unos cuantos días de la publicación del decreto que acuerda el final del inmueble como cárcel. Se inició con el traslado de reclusos en pequeños grupos aprovechando horas de la madrugada. Otros de los reos aguardan con nerviosismo dentro del penal el momento en que han de correr con la misma suerte. Y el personal penitenciario también lamenta que se le vaya a readscribir a diversas prisiones del país, alejándoles de su lugar de arraigo, su núcleo social y de sus seres queridos.
Por todos lados resultó una mala noticia. Hasta para los comerciantes que habían montado sus pequeños negocios en las inmediaciones del Ejido de Agua Blanca, municipio de El Salto, donde está asentado el penal, al que por costumbre se le ha denominado “Puente Grande”, como a los cuatro establecimientos carcelarios de administración estatal que se encuentran cercanos, pero no en la misma demarcación.
Solo es cuestión de días para que el afamado Cefereso Número 2, al que dio renombre mundial la fuga de “El Chapo” al iniciar 2001, quede vacío, y con ello se cierre ese capítulo oscuro y nebuloso que antes han escrito tantas otras prisiones mexicanas, pero que en este caso singular, demuestra una vez más el fracaso del Sistema Penitenciario Nacional en sus múltiples intentos de lograr la noble misión de la reinserción social y de que los criminales no vuelvan a delinquir.
EL ANUNCIO
La madrugada del lunes 28 de septiembre de 2020 sorprendió la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que anunciaba la desincorporación del Cefereso Número 2 Occidente, ubicado en el Estado de Jalisco, del Sistema Penitenciario Mexicano. Es decir, queda separado, deja de pertenecer al grupo de prisiones que conforman dicho sistema.
La publicación desataca que los reclusos que actualmente se encuentran en la cárcel de administración federal en Jalisco serán reubicados a los demás Cefereso del país, a saber, otras 15 cárceles de media y máxima seguridad en diferentes regiones. Apenas en 2019 se había desincorporado del mismo esquema al Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM) que tenía un total de cuatro Cefereso, los mejor calificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El acuerdo sobre el Cefereso, mal llamado de “Puente Grande”, enfatizó que la determinación de los traslados correrá a cargo del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
En cuanto a los servidores públicos que laboran en esta institución penitenciaria, se publicó que también serán removidos a otras entidades federativas. “Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución”, señala el DOF.
El acuerdo fue firmado por Alfonso Durazo Montaño, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana. No da explicaciones. Es contundente. No ocurrió lo mismo que con el Cefereso Número 3 en Matamoros, Tamaulipas, que cerró sus puertas en noviembre de 2016 para -supuestamente- realizarle labores de mantenimiento, pero a cuatro años de distancia, aún no es reabierto. En ese entonces, se aseguró que el mismo tipo de mantenimiento se daría a los penales federales más antiguos (Altiplano y Occidente).
El Cefereso Número 2 fue inaugurado en octubre de 1993 y fue el segundo de características de máxima seguridad en el país, luego de la apertura del Cefereso Número 1 Altiplano, Almoloya de Juárez en 1991, durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari. Su capacidad inicial fue para 724 internos, en un terreno de 160 mil metros cuadrados, con una superficie construida de 27 mil 900 metros cuadrados. Su capacidad instalada era para mil 040 personas privadas de libertad, pero ya solo albergaba a 376, luego del traslado de otras 380 hace menos de tres meses.
LOS MOTIVOS
Las causas reales de la decisión tomada por el Gobierno de México se desconocen. Son variadas las versiones de penitenciaristas, politólogos y analistas. Funcionarios solo han dado ideas vagas de las razones para cerrar la prisión de máxima seguridad, argumentando que se vela por el bienestar de las personas recluidas y se protegen sus derechos humanos. Hasta esta fecha, los motivos planteados por estas voces son los siguientes:
Ya no se contaba con las condiciones para que se lograra la reinserción social de los internos.
Las instalaciones no cumplían con los estándares para atender a los reclusos sin violar sus derechos fundamentales.
El personal penitenciario era insuficiente para cubrir las necesidades de procesados y sentenciados.
La operación del centro carcelario -con capacidad de mil 040 presos- resultaba costosa al contar con menos de 400 internos.
No cumplía con los requerimientos de una verdadera máxima seguridad para contener reos de alta peligrosidad.
El penal federal de Jalisco era ingobernable desde 2019, cuando el grupo criminal Los Zetas se apoderó de su control.
El Gobierno Federal pretende cerrar todas las prisiones federales que son de su entera responsabilidad, para que esos presos queden en Cefereso con inversión privada y librarse de su atención.
Ninguna de esas hipótesis es corroborada por las autoridades que han preferido guardar silencio, a diferencia de lo ocurrido en el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías, cuando sobraron argumentos al Ejecutivo federal y hasta se anunció lo que ocurriría con la Isla María Madre que se convertiría en el Centro Cultural Ambiental “José Revueltas”, proyecto por cierto fallido, que ni siquiera ha estado en el presupuesto y ahora es retomado como un centro estratégico de la Secretaría de Marina para la defensa del país.
Por el dicho de personal de seguridad penitenciaria y reportes que llegaron a la redacción de Zeta, durante los primeros meses del año, la presión de Los Zetas sobre las autoridades del Cefereso Número 2 se incrementó desde mediados de 2019 para que permitieran agruparse en las celdas de diversos pasillos a los correligionarios del preso Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”. Situación que se concretó paulatinamente entre enero y abril de 2020.
INGOBERNABILIDAD
Miguel Treviño “Z-40”, consiguió que fuera cambiado a su módulo Juan Pedro Farías Saldívar “Z-27”, uno de los responsables del motín del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Topo Chico, Nuevo León en 2016. Después, el ex líder de Los Zetas logró que otros presos de su organización criminal fuesen enviados al módulo 4, para ganar “territorio” e influir más que grupos como los del Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), los viejos internos del Cártel Arellano Félix (CAF) y los del Cártel de Sinaloa.
La tensión aumentó con la llegada de la pandemia de COVID-19. La prisión fue cerrada a la visita íntima y familiar, se restringió el acceso a los abogados de los reos y toda la furia de “Z-40” se centró en los directivos. El entonces titular del centro penitenciario, Salvador Del Monte Solís, persona mayor de 60 años, terminó por “enfermarse” de coronavirus y dejó el cargo “momentáneamente”.
Custodios informaron a este Semanario que posiblemente el director no estuviese enfermo, sino que solicitó a sus superiores una rápida salida de lo que era un mal presagio. Ya había amenazas sobre el personal, tanto de quienes encabezaban diversas áreas, como del personal operativo. Poco antes del cierre de puertas por la contingencia de salud, los internos habían advertido que no querían que sus familiares fuesen revisados y se les permitiera el ingreso de comida, lo que estaba prohibido.
En sus misivas a medios de comunicación, los elementos de seguridad penitenciaria, de forma anónima, referían que “algunos mandos nos pedían que rompiéramos las reglas como los horarios de dormir y el pase de listas. Eso empezó desde que hubo más zetas en un mismo módulo”. También señalaron que a diversos oficiales los seguían al salir de sus labores hasta su casa y les proferían amenazas de muerte.
En mayo del año en curso, en dos ocasiones, el personal se vio en peligro al ser retenido por los internos. Primero en un dormitorio, después en el comedor de uno de los módulos. Exigían la reapertura de las visitas y, en uno de los hechos, el director técnico Julián Ernesto Hidalgo intervino para que los internos soltaran a custodios; en el otro, el subdirector técnico, Marcos Alberto Corona Baltazar, les prometió que pronto se reanudaría el ingreso de sus familiares.
El funcionario ya no pudo cumplir con lo expuesto a los convictos, pasadas menos de 48 horas, lo asesinaron al salir de sus labores, aproximadamente las diez de la noche del 3 de junio. A Corona Baltazar le persiguieron cuando conducía el auto oficial asignado y en el entronque de las carreteras El Salto y Libre a Zapotlanejo lo acribillaron. Tenía por lo menos dos décadas de trabajar para el sistema penitenciario federal. Perdió el control de la unidad y se impactó contra una chatarrera.
Aunque nunca han trascendido las investigaciones del caso, el 1 de julio se realizó un sorpresivo traslado del Cefereso Número 2 al Cefereso Número 17 en Buenavista Tomatlán, Michoacán, para desactivar el poder de Treviño Morales, quien figuró entre los remitidos con todo y su comitiva de Zetas. Un total de 380 reos no se fueron solos, la autoridad también ordenó la comisión de entre 80 y 100 servidores públicos para que se trasladaran a Michoacán, pues no había personal suficiente.
Pese a reducirse la población, al quedar menos de 400 en el penal federal de Jalisco, en agosto ocurrieron por lo menos dos brotes de violencia. El día 18, los internos del módulo 7 atacaron a los vigilantes que buscaban desapoderar de un celular del que se hacían llamadas al exterior. Un comandante terminó con las costillas rotas tras ser arrojado de un segundo piso. Otros custodios resultaron lesionados y aseguraron que a cada uno de ellos les correspondía cuidar aproximadamente a 80 presos en sus guardias de 24×48 horas de trabajo.
LA DESOCUPACIÓN
Para materializar la desincorporación del Cefereso Número 2 Occidente del sistema penitenciario nacional, la madrugada del martes 29 de septiembre inició el traslado de internos hacia otros reclusorios del país. A las cuatro de la mañana, personal técnico realizó la valoración de las personas a trasladar, los informes médicos, jurídicos, criminológicos, toma de fotografías de control y de huellas.
Escoltados por elementos de la Guardia Nacional, en una columna integrada por más de una decena de patrullas y una ambulancia, salieron del penal a bordo de un par de vehículos blindado tipo Rino, cerca de treinta reclusos que tuvieron como destino la Base Aérea Militar Número 5, de donde a bordo de una aeronave fueron llevados a otras cárceles. Se dijo que fueron a parar a los Cefereso Número 13 (Oaxaca) y 15 (Chiapas).
Decenas de familiares, en su inmensa mayoría mujeres, estuvieron a bordo de carretera frente a la prisión federal para despedir a sus reclusos, con la incertidumbre de saber en qué tipo de vehículo se encontraban, al no recibir información alguna de las autoridades.
“No nos recibieron para la visita y no nos dan ninguna razón. Los policías del retén dicen que no saben nada y estamos con el Jesús en la boca, de adónde van a llevar a mi esposo”, aseguró Laura, una de las angustiadas féminas.
La acción se repitió el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre. Salida de presos, traslado carretero hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana y, en un vuelo, se perdieron de vista en el cielo de Zapopan. Las mismas, y más personas, estuvieron al pendiente frente al ingreso de la guardia del Cefereso. Y continúan sin saber cuántos y a quiénes se llevaron. “Solo queremos saber a dónde van a llevar a mi papá, para ir a donde él vaya, pero ni eso nos dicen”, expresó otra fémina de nombre Teresa.
La angustia no solo es para los presos y su familia. A los servidores públicos tampoco les dan información sobre su readscripción. Los días posteriores al conocimiento de la noticia han sido difíciles. El llanto ha fluido en trabajadoras sociales, psicólogas y personal administrativo. Los hombres también muestran los estragos de la tristeza por la incertidumbre de su próxima reubicación laboral, pero nadie ha dejado de trabajar:
“Nos toca empaquetar las pertenencias de las personas privadas de libertad a cada área. Por ejemplo en el área laboral, sus productos que tenían, en lo educativo sus manualidades, libros y pinturas, y a ellos les toca arreglar las pertenencias que tienen en su celda. Dicen que nos van a enviar a los Cefereso más cercanos, como los de Guanajuato (12), Michoacán (17) y Nayarit (4)”.
LAS ATROCIDADES
Aún siguen latentes los recuerdos de la corrupción que pudo traspasar los férreos muros y las aduanas de un penal de máxima seguridad. La llegada de “El Chapo” Guzmán en noviembre de 1995 habría descompuesto el sistema rígido con el que se atendía la clasificación de los presos de alto impacto criminal. Unos acusados por pertenecer a organizaciones criminales poderosas, y otros que ameritaban medidas especiales de vigilancia por su perfil criminológico.
Fue hacia 1999 cuando Guzmán y sus compinches en el Cefereso Número 2 se apoderaron del control, luego que un grupo de ex comandantes de la Policía Judicial de Sinaloa ingresaran a laborar a la Secretaría de Gobernación que encabezaba el entonces ex gobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa. Las cerraduras de las puertas electromecánicas, las cámaras de videovigilancia y demás equipos de alta tecnología se volvieron inservibles.
El personal penitenciario comenzó a ser cooptado paulatinamente. Por la ambición del dinero o por amenazas, los custodios entraron a la nómina de los capos Joaquín Guzmán, Héctor Palma y Arturo Martínez Herrera “El Texas”. Corrompieron a los cocineros para que les vendieran menú especiales, sedujeron a algunas maestras, cocineras y lavanderas para que les complacieran y se permitió que algunas parejas de los líderes vivieran en sus celdas. Además, ingresó prostitución del exterior, a quienes se conoció como “visitas sin rostro”.
Sin embargo, la mayor atrocidad fue cometida por las autoridades, pues entre 1997 y 2001, privaron de su libertad a siete mujeres en esas mismas instalaciones, exclusivas para internos de sexo masculino. Se trataba de féminas vinculadas a movimientos populares e indígenas que fueron reprimidas por su pertenencia a grupos considerados guerrilleros o simplemente activistas durante la administración del Presidente Ernesto Zedillo.
La primera en recibir tan descomunal castigo fue Ana María, identificada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien ingresó a esa prisión de máxima seguridad entre 1996 y 1997. Fue vestida con uniforme y calzado de hombre hasta que recuperó su libertad después del escándalo de la fuga de “El Chapo”. Misma suerte corrieron Diana Patricia, con ingreso en julio de 1999; Erika y Virginia en diciembre de ese año; y Zulema en el año 2000.
Los reos que corrompieron el sistema tuvieron acceso a las mujeres presas, quienes a pesar de tener pareja, no podían recibir visita íntima. Algunas fueron víctimas de abusos sexuales, y en el caso de Zulema, que terminó de amante de Guzmán Loera, fue obligada a sostener relaciones sexuales con diversos internos, resultando embarazada y obligada a abortar, según se desprende de la averiguación previa del caso.
Las mujeres que ocupaban celdas separadas de los hombres, estuvieron internadas tanto en el Centro de Observación y Clasificación (COC), como en Tratamientos Especiales y en el Área Médica, donde permanecían hasta 23 horas del día y solo podían salir algunos instantes a un pequeño patio ubicado en esas áreas o se les dejaba caminar 15 minutos por el corto pasillo que las regresaba a su infeliz encierro.
Pese al conocimiento de esas vejaciones por parte de la CNDH que encabezaba Jorge Madrazo Cuéllar, de organismos civiles y de autoridades penitenciarias que las habían remitido de Guerrero y Ciudad de México, principalmente, nadie hizo nada por ellas. Fue hasta que trascendió el escándalo del escape de Guzmán Loera cuando meses después, se optó por llevarlas a otras prisiones y algunas fueron liberadas. Otras huéspedes de ese lugar se llamaban Elisa y Ofelia.
