De acuerdo a cables desclasificados por National Security Archive, el Embajador de EU en México notó prácticas policiales excesivas en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Fue casi una profecía de lo que vendría después.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Un cable desclasificado por National Security Archive (NSA) indica que en 2011 el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, expresó su preocupación por las “fuertes y desconcertantes” tácticas policiales de “mano dura” durante el enfrentamiento con estudiantes normalistas en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.
El 12 de diciembre de 2011, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron con la Policía Federal, Estatal y Municipal luego de una protesta en la que pedían la reanudación de clases en su escuela; en dicho enfrentamiento murieron dos alumnos. El encargado federal del operativo era Facundo Rosas, un funcionario policiaco que después fue contratado por el Gobernador Rafael Moreno Valle.
“Sin tomar en cuenta quién es responsable de las muertes, la evidencia de tácticas policiacas de mano dura son fuertes y desconcertantes”, escribió el Embajador en un cable que envió a Washington y que tituló: “Violenta protesta en Guerrero deja dos muertos, autoridades señalan con el dedo”.
De acuerdo con el documento obtenido por la organización National Security Archive (NSA) –fundada en en 1985 y dedicada a desclasificar archivos del Gobierno de Estados Unidos–, Wayne narró que “estudiantes de una escuela de maestros local [de Ayotzinapa], quienes habían realizado siete protestas mayores durante los pasados ocho meses, bloquearon el tráfico en una importante carretera federal cerca de la capital [Chilpancingo] del estado en demanda de una inmediata reunión con el Gobernador [Ángel Aguirre Rivero] para discutir las condiciones de su escuela”.
“Después policías estatales y federales se movilizaron para desalojar la protesta y reabrir la carretera, ambos, policías y manifestantes reaccionaron con tácticas violentas, y dos manifestantes resultaron muertos”, continúa el documento.
El Embajador describió que las autoridades federales y estatales “señalaron con el dedo”, se acusaron una a la otra de los dispararon que dejaron dos jóvenes muertos, “independientemente de quién es responsable de las muertes, la evidencia de tácticas policiales de mano dura es fuerte y desconcertante”, advirtió Wayne.
“Organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos local han condenado enérgicamente los asesinatos. Las investigaciones están en curso, pero las autoridades estatales y federales se han culpado una a la otra de las muertes. Aunque va a pasar un tiempo antes de que se aclaren los hechos, el Gobernador de Guerrero despidió a una serie de altos funcionarios estales en un esfuerzo por controlar el daño político. Resumen final”, concluyó el Embajador.
El reporte de Wayne indica: “Las autoridades estatales reaccionaron defensiva e insensiblemente, culpando a las víctimas y negando cualquier responsabilidad. Para tratar de limitar el daño político, Aguirre despidió a tres de sus más altos funcionarios de seguridad y ha intentado un tono más comprensivo ante la prensa, en posteriores declaraciones y entrevistas. El caso está siendo investigado por el estado y las autoridades federales y Aguirre y sus colaboradores están bajo una enorme presión para llevar a cabo una investigación a fondo, aunque los resultados no se esperan para el corto plazo. Independientemente de quién es responsable de la muerte [del estudiante], la evidencia de tácticas de mano dura de la policía es fuerte y desconcertante”.
Luego del enfrentamiento en la Autopista del Sol, el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero destituyó al Procurador del Estado, Alberto López Rosas; al Secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y al Subsecretario de Seguridad, Ramón Arreola.
Facundo Rosas se quedó en su puesto. Luego fue contratado por Moreno Valle, a quien también le renunció por distintos episodios de represión en Puebla.
Organismos de derechos humanos señalaron entonces que también hubo tortura de normalistas por parte de elementos de seguridad. Por el caso dos agentes del estado de Guerrero fueron investigados por los disparos, fueron encarcelados por 16 meses y luego liberados debido a que no se encontraron las pruebas suficientes en su contra.
