Sídney (Australia), 7 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Australia comenzó hoy a analizar la legalidad del régimen de detención en terceros países impuesto a solicitantes de asilo como parte de la controvertida política de inmigración del Gobierno del país.
El caso fue presentado por el Centro Legal de Derechos Humanos en nombre de una mujer bengalí que fue trasladada del centro de detención en Nauru a Australia para un tratamiento médico durante su última etapa de embarazo.
Un fallo a favor de la demandante por parte del Tribunal, la máxima instancia judicial del país, podría llevar a declarar inválido el régimen de detención de inmigrantes que Australia recuperó en 2012 con la apertura de centros en Nauru y Papúa Nueva Guinea.
El proceso, en el que se cuestiona si Australia puede mantener personas detenidas en otros países según sus leyes constitucionales, comienza después de que el lunes en Gobierno de Nauru anunciara que pone fin este régimen de detención y que procesará todas las solicitudes de asilo la próxima semana.
El representante del Centro Legal de Derechos Humanos, Daniel Webb, dijo que al margen de los cambios en Nauru aún “quedan preguntas importantes y no contestadas en torno al poder que tiene el Gobierno australiano de pagar y controlar la detención de gente inocente en otros países”.
“El permitir a la gente la libertad de ir a dar un paseo no resuelve la injusticia inherente fundamental que es dejarlos languidecer en una pequeña isla del Pacífico”, agregó Webb, según la cadena local ABC.
El caso de la mujer bengalí, que teme ser devuelta a Nauru con su bebé de diez meses, está vinculado a varios recursos presentados en nombre de más de 200 personas que se encuentran en una situación similar, tras ser trasladadas a Australia desde Nauru o Papúa, según Webb.
Diversos organismos han denunciado las condiciones de los centros para inmigrantes que Australia tiene en Nauru y en la isla papuana de Manus, donde se han registrado motines, muertes violentas y abusos sexuales.
Un comité del Senado australiano pidió en agosto investigar las acusaciones de abusos sexuales y otras violaciones en los centros y exigió el acceso de la comisión de derechos humanos y la prensa al lugar al denunciar que “la cultura de secretismo” ha facilitado estos excesos.
La Comisión Australiana de Derechos Humanos también denunció en febrero que numerosos menores recluidos en los centro se habían autolesionado o lo habían intentado, y que decenas habían sufrido abusos sexuales.
Muchos de los inmigrantes han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohingya, de Birmania, o Bidun, de la región del Golfo.
