El actual Gobierno no sólo pretende que la Guardia Nacional quede formalmente en manos del Ejército, sino que aspira a prolongar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública. El opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha mostrado a favor.
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Al grito de “la militarización, no es la solución”, cientos de personas marcharon el martes hacia el centro de la capital mexicana en protesta contra una reforma legislativa impulsada por el Gobierno, la cual busca transferir la Guardia Nacional, una fuerza bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Bajo una intensa lluvia y entre banderas blancas, veladoras y carteles con la leyenda “el Ejército no me cuida”, cientos de manifestantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia la sede del Senado para expresar su rechazo contra la reforma legislativa que se aprobó el pasado fin de semana en la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.
La reforma, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, permite a la Sedena asumir el control operativo de la Guardia Nacional, la cual había había sido manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su creación en 2019.
La iniciativa se discutirá esta semana en el Senado, también bajo mayoría oficialista, donde se anticipa su aprobación.
“Nos preocupa que se esté militarizando el país”, afirmó Carlos Ruiz Espinoza, un abogado de 56 años, quien salió a manifestarse bajo la lluvia en su silla de ruedas y con una veladora en las manos.
Ruiz Espinoza admitió que aunque no tiene muchas esperanzas de que el Congreso detenga la reforma, espera que “funcionen los controles constitucionales y los equilibrios” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que haga valer la Constitución”.
Especialistas y opositores consideran que la reforma viola la Constitución, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, y han anunciado que ejercerán acciones legales para detenerla.
La presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos, también se mostró pesimista de que la reforma legislativa pueda detenerse en el Congreso, e indicó que a los ciudadanos y organizaciones civiles “sólo nos queda resistir, nos queda seguir presionando no solo al Congreso, sino también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de una buena vez se pronuncie por estos casos que están en su cancha”.
“La profundización de la militarización en este sexenio es gravísima para el país”, dijo Villalobos al advertir que la problemática de criminalidad y violencia seguirá en aumento en México aunque la Guardia Nacional pase al control de los militares.
Durante su mandato López Obrador ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de algunas de las obras emblemáticas de su Gobierno como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, así como el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos, lo que ha llevado a algunos analistas y opositores a acusar al mandatario de militarizar al país.
En medio de la polémica que ha desatado la reforma legislativa, López Obrador reconoció el martes que cambió de opinión sobre el rol de los militares en labores de seguridad pública cuando llegó al poder en diciembre de 2018 y tuvo “que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién”.
El mandatario explicó el martes durante su conferencia de prensa matutina que ya había considerado apoyarse en los militares antes de llegar a la Presidencia, pero que finalmente se decidió en ese sentido porque no había elementos operativos suficientes para combatir la inseguridad en la Policía Federal, un cuerpo que desintegró porque lo consideraba corrupto, y porque el Ejército y la Marina tenían más disciplina y eran, según él, incorruptibles.
Más del 80 por ciento de los 110 mil efectivos que integran la Guardia Nacional provienen del Ejército y la Marina.
Antes de llegar al Gobierno, López Obrador había criticado el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores policiales durante los gobiernos anteriores.
Desde 2006, las fuerzas militares han cumplido un papel clave en México en materia de seguridad en las calles. Luego de varias denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al Gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y de militares en diferentes estados del país, persisten los altos niveles de inseguridad en México. El mes pasado, grupos del crimen organizado efectuaron ataques en cinco estados del país en cuestión de una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
López Obrador intentó promover una reforma constitucional para que pasara a manos de la Secretaría de la Defensa, pero al no contar con los votos suficientes optó por proponer cambios en leyes menores, para las que el partido oficialista y sus aliados tienen mayoría.
