¿Qué hacen las comisiones ciudadanas contra la Corrupción y el Abuso Policial? Reciben las quejas de ciudadanos y policías; se entrevistas con las víctimas, revisan los casos y emiten recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría capitalina. Además dan acompañamiento a las víctimas que quieran presentar una denuncia penal.
Hasta el momento se han emitido cuatro recomendaciones dirigidas a la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En caso de estas recomendaciones se les da un plazo a las dependencias para que emitan una respuesta, de no ser así, los casos se harán públicos.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– En menos de dos meses, las comisiones ciudadanas contra la Corrupción y el Abuso Policial acumulan un total de 327 reclamos, de los cuales 60 vienen de los mismos policías y el resto, de ciudadanos contra policías. Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha detectado dentro de la policía capitalina ciertas formas “de comprender el control” que no han sido respetuosas con la dignidad humana.
El pasado 16 de julio se anunció la Comisión Ciudadana contra la Violencia a Mujeres Policías y otra más contra la Corrupción Policial. A poco menos de dos meses de que comenzaron a funcionar, Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano, dio a conocer que se han emitido cuatro recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría capitalina derivadas de reclamos presentados.
Aunque aún no se hacen públicos los temas de las primeras quejas que han atendido, el Consejo Ciudadano adelantó a SinEmbargo que se ha detectado que “hay generalmente o genéricamente una especie de construcción institucional histórica que privilegia ciertas formas de comprender el control que no necesariamente han sido respetuosas de la dignidad de las personas”. Y también adelantó que ya se han comenzado a detectar algunos patrones.
“Sí hay evidencia de que existe ese tipo de estructuración, que no considera la dignidad de la persona, pero desde nuestro punto de vista, en este momento, es minoritaria. No hay una avalancha gigantesca”, precisó Guerrero Chiprés en entrevista.
“Lo que sí podemos determinar es que todo patrón de abuso sexual puede estar vinculado con un asunto de ejercicio de poder, no necesariamente cuyo objetivo sea lo sexual, sino el poder. Como una forma de territorio y poder. Y no sólo es contra mujeres policías, también contra varones policías. Y también de mujeres contra policías varones. Y varones contra varones”, añadió.
¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS COMISIONES?
El consejero presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que la Comisión contra la la Corrupción Policial está integrada por cuatro consejeros ciudadanos y un representante de la Secretaría de Gobierno, otro de la Procuraduría y uno más de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta comisión recibe reclamos tanto de los mismos policías, como de los ciudadanos.
Mientras, la comisión contra la violencia a mujeres policías está integrada por cuatro consejeras y un consejero; así como por un representante de la Procuraduría capitalina, otro de la SSC, otro de la Secretaria de la Mujer y uno más de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
“Las dos comisiones son un modelo único en el mundo”, destacó Guerrero Chiprés.
¿CÓMO SE DENUNCIA?
Ambas comisiones reciben los casos de ciudadanos hacia policías, o de agentes a sus mismos mandos o compañeros. Si un ciudadano o un agente quiere presentar una queja puede hacerlo enviando un Whats App al 5533 5533.
Sin embargo, las quejas también han llegado al Consejo de otras maneras, por ejemplo, a través de la misma Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, pues en sus audiencias públicas se han acercado agentes de seguridad para externarle alguna problemática.
“Se trasladan los casos para con nosotros, o vienen directamente por la Jefa de Gobierno”, explicó Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano.
Una vez que está presentada la queja, el Consejo hace una entrevista a la víctima con un equipo especial,que incluye abogadas, abogados, y psicólogos o psicólogas. “Hay una reunión con ellos [los denunciantes], se les plantea qué es lo que se puede ir construyendo y se va dialogando con ellos. Y a partir de lo que se va decidiendo, se va identificando la forma de intervenir, de acuerdo a la voluntad de la víctima”, precisó.
Luego, los casos son expuestos ante las dos comisiones –que el pasado martes celebraron su tercera reunión–, donde una vez establecido el quórum, se presentan los temas y se vota la recomendación que se hará y se deciden los tiempos en que se ha de cumplir y a quién va dirigida.
Un día después la recomendación es enviada a la dependencia correspondiente, puede ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Procuraduría capitalina, y se les da un plazo para que emitan una respuesta. De no ser así, el Consejo hará pública la denuncia.
“Es un plazo determinado según lo que establece cada caso la comisión en su pleno, dice: ‘te doy dos días, te doy quince días, te doy 13 días y me tienes que responder’. Se hace la recomendación y se tiene que responder, sino, la hacemos pública”, precisó Guerrero Chiprés.
SUMAN CUATRO RECOMENDACIONES
Salvador Guerrero explicó a SinEmbargo que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana –que entró en vigor el pasado 3 de agosto luego de ser aprobada por el Congreso local– establece que el Consejo Ciudadano puede emitir recomendaciones, que se tratan de opiniones colegiadas, consensuadas y calificadas, “para dirigirla a asuntos internos, es decir a la estructura de la SSC, o a la comisión de Honor y Justicia, según sea el caso, y lo mismo a la Procuraduría”.
Hasta el momento se han emitido cuatro recomendaciones dirigidas a la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el martes pasado se revisaron otros ocho casos.
Además de las recomendaciones, el Consejo puede dar acompañamiento a una víctima, si así lo desea, para presentar una denuncia. Por otra parte, explicó el consejero presidente, si las comisiones llegan a detectar un patrón de comportamiento, y las víctimas piden anonimato, el Consejo puede hacer un señalamiento ante la autoridad.
“De hecho eso lo hacemos [presentar una denuncia] si lo quiere la persona, porque hay muchas variaciones. Hay personas que no quieren desmantelar el anonimato y sólo quieren ofrecer datos de modo, tiempo y lugar. De acuerdo al tipo de denuncia que sea. Sí es exigible, en algunos casos, que haya asunción plena ante el MP, porque no puedes decir desde el anonimato algo que es muy grave y no lo puedes sostener”, precisó.
“Si es un patrón de comportamiento, y tenemos varios llamadas, si las personas piden anonimato, lo respetamos, y podemos llamar o señalar algo ante la autoridad. Según el caso del que se trate. Hay personas que explícitamente piden que no se retire su anonimato o que solamente quieren hablar con el Consejo”, explicó.
“De hecho así es básicamente, pedimos permiso y si ellos quieren ir a una etapa superior, ante el Ministerio Público, ante lo cual nosotros ofrecemos acompañamiento, entonces procedemos. Si ellos no quieren, pues no”, recalcó.
RECUPERAR LA CONFIANZA DEL CIUDADANO
En este sentido, Guerrero Chiprés destacó que el trabajo del Consejo Ciudadano –que está integrado por 25 consejeros honorarios y 180 colaboradores–, “es un proceso de recuperación de un puente directamente con las autoridades, encabezadas por la Jefa de Gobierno, que en su apertura, ahora nos ha permitido asistir diariamente a las reuniones de Gabinete de Seguridad, eso no existía”.
“Nosotros asistimos diariamente a reuniones con organizaciones de la sociedad civil para temas de trata, de buillyin, de suicidio, de adulto mayor, de maltrato animal, para 25 temas entonces tenemos un pie en las organizaciones de la sociedad civil y otro con las autoridades locales, y estatales y federales”, explicó.
Guerrero Chiprés también habló de las causas que permitieron que durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa se perdiera la confianza del ciudadano en las instituciones.
“El principal problema de un Gobierno que no cumple su obligación o que abandona el asunto de la seguridad que es tan importante, o el asunto de la procuración de justicia, o que miente sobre los datos, la consecuencia inmediata es un desplome de la confianza. Yo creo que los resultados electorales lo revelan a nivel nacional y local claramente”, consideró.
“Estamos en colaboración y construcción de un esquema de acompañamiento ciudadano que conoce de los datos, de las organizaciones, de los movimientos sociales, que conoce de la Ley, pero sobre todo que conoce que si no es conjuntamente no se puede reconstituir el tema de la seguridad”, añadió.