Familiares de mineros fallecidos tras la explosión de Pasta de Conchos consideran como una ofensa que el Senador Napoleón Gómez Urrutia tome el caso “como bandera política”. Elvira Martínez, viuda de un minero fallecido e integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, critica que el sindicato “no hizo nada para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores” y tras el siniestro no hizo gestiones para recuperar los cuerpos ni para que se castigara a los responsables.
Hoy, dice, aprovechará el retorno del líder sindical –quien desde hace 16 años está a la cabeza de su gremio– para que enfrente la justicia. “Ahora que la CIDH ha admitido la queja, nosotros en su momento vamos a pedir al Gobierno de México que rinda su declaración y los motivos de por qué no hizo el rescate”.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Napoleón Gómez Urrutia es “falso” y “mentiroso”. Así dice Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, uno de los 63 mineros aún sepultados tras la explosión en la mina 8 Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Así lo consideran otras mujeres que han cargado durante más de una década con su dolor.
Elvira es parte de la organización civil Familia Pasta de Conchos (OFPC) que lleva 12 años en una lucha por el rescate de los cuerpos de los mineros que aún siguen sepultados en la mina propiedad de Industrial Minera México (IMMSA), filial del Grupo México.
El Senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) dijo en días pasados que buscará reabrir la investigación del caso. Los deudos de los mineros fallecidos en la explosión no se lo tomaron de buena manera.
“Ustedes saben que es una tragedia que ha quedado en la impunidad en la que perdieron la vida 65 trabajadores mineros como resultado de una conducta irresponsable, de una negligencia de la empresa minera propietaria de esta concesión […]. Hoy tenemos que seguir luchando porque se haga justicia a esas familias, como en mucho otros casos que han sucedido. Pasta de Conchos será una bandera, un ejemplo para el nuevo Gobierno si logramos que se logre recuperar la justicia, el respeto y la dignidad para estas familias”, sostuvo el líder sindical en una rueda de prensa.
Gómez Urrutia, quien lleva 16 años al frente de su gremio, insistió en que buscará que las familias sean indemnizadas de forma digna y que se rescaten los cuerpos: “Esas han sido nuestras tres demandas: que se rescaten los cuerpos de los trabajadores mineros, abandonados y sepultados como si fueran instrumentos de trabajo, objetos de producción, son seres humanos que hay que respetarlos; que se haga una compensación digna a las familias y justa por el sufrimiento; y tercero, que se reabra una investigación para determinar las causas que provocaron la tragedia y que se hagan las responsabilidades que correspondan. Eso es lo que seguiremos proponiendo que se ha como un acto de justicia”.
Martínez Espinoza explica que siguió la rueda de prensa que ofreció Gómez Urrutia, a un día después de haber tomado posesión como integrante de la Cámara alta, y que le dio “coraje escuchar cómo habla, como si tuviera mucha moral en cuanto a lo de Pasta de Conchos, cuando siempre hemos dicho [las familias de las víctimas] que los responsables de la tragedia son tres: la empresa, la Secretaría del Trabajo y el Sindicato”.
La viuda sostiene que es una ofensa que el líder gremial use el caso de Pasta de Conchos “como bandera política”, pese a que “todos saben que el Sindicato Minero no hizo nada para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores” ya así evitar el siniestro, y tampoco ha hecho nada concreto para pedir el rescate de los cuerpos.
“Yo lo calificaría como un mentiroso. El querer levantarse el cuello, dar una imagen de un líder que lucha, eso es falso. La imagen que quiere dar es totalmente falsa”, recalca.
Cristina Auerbach Benavides, representante de la organización Pasta de Conchos y vocera oficial de las 58 familias que llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincide en que el ahora legislador “evidentemente está usando el tema, y usarlo en esas condiciones, es una gran ofensa, y con eso no estamos diciendo que no es culpa de Grupo México o de la Secretaría de Trabajo. No, lo que estamos pidiendo es que se deslinden responsabilidades por participacion por omisión y creo que en el caso del Sindicato Minero hubieron grandes omisiones”.
El caso de Pasta de Conchos, actualmente está en mesa de instancias internacionales. En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de los 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión.
La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 personas.
Al momento de la explosión, la mina contaba con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De los obreros que perdieron la vida, cuatro eran empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.
Jorge Bladimir, esposo de Elvira, era parte del grupo de los sindicalizados. Tenía un salario de 93.50 pesos. Los 36 obreros que estaban bajo el contratista General de Hulla recibían solo 80 pesos por jornada laboral.
El siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas.
Auerbach Benavides explica que el sindicato minero tenía las facultades legales (el interés jurídico) para realizar e impulsar las acciones legales, pero no lo hizo y ahora dice en público que fue un homicidio industrial. “Eso es como no decir nada, y no hacer nada porque el homicidio industrial no es un delito que se persiga porque no existe en el Código Penal de este país”.
La activista y los familiares se cuestionan por qué el sindicato no hizo las acusaciones ante las instancias legales por los delitos que sí existían.”Decirlo de voz [que rescaten los cuerpos], ¡todos lo han pedido! Fox, Calderón, todo mundo lo ha pedido, pero no basta pedirlo, no basta declarar nada más ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido para que eso suceda? ¿Con qué autoridad moral viene ahora a hablar de eso. Si no ha mostrado que hizo algo para evitar la muerte de los mineros?”, cuestiona la representante de las familias.
Elvira Martínez resalta que en todas las diligencias y trámites que han emprendido, dentro y fuera del país, jamás les han informado o dicho que otra instancia haya tramitado algo. “El señor sigue mintiendo como siempre lo ha hecho. Él desde donde está no va hacer absolutamente nada, porque sabe absolutamente bien que el caso no está en sus manos. Por que ya está en el CIDH”, acusa.
La viuda aprovechará el retorno del líder sindical para pedir que como representante del sindicato rinda cuentas. “Ahora que la CIDH ha admitido la queja, nosotros en su momento vamos a pedir el Gobierno de México, rinda su declaración y los motivos de por qué no hizo el rescate. Pero también yo creo que se le va a pedir al Sindicato Minero que diga cuál fue su papel en este caso”.
EL SINDICATO NO VIO POR LOS MINEROS
Sindicato Minero afirmó que -previo a la explosión- emplazó a huelga a Grupo México cada año por violaciones “graves a la seguridad que ponían en riesgo la vida de los trabajadores. Pero en la historia de esta mina, esas huelgas nunca estallaron. Solo permaneció “la inseguridad”, según expone el informe “Carbón Rojo”.
“Carbón Rojo” es un estudio realizado por la Organización Familia Pasta de Conchos con el auspicio de la fundación Heinrich Bóll. El informe –elaborado a raíz de múltiples entrevistas con mineros, familiares y múltiples documentos– documenta y expone las inspecciones que mostraban la falta de seguridad en la mina, la tolerancia de la Secretaría de Trabajo para que siguiera en función pese al riesgo que representaba para sus trabajadores y cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, meses antes había emplazado a la mina por las malas condiciones, pero negoció “y dejó pasar la negligencia después de vender a sus representados”.
Después de la tragedia, Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos en 2006. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo lo clasificó como “confidencial”.
Promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, que le fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.
En su calidad de demandante, Elvira recibió un total de mil 343 fojas del expediente. Así fue como la OFPC tiene acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera.
De acuerdo a las actas obtenidas, las huelgas a las que emplazaba el Sindicato nunca se concretaron ante la firma de convenio, pero sin mejorías en la seguridad.
“En el último de éstos, firmado casi un mes antes de la explosión en Pasta de Conchos, el Sindicato de Napoleón Gómez Urrutia repartió 2 por ciento a los trabajadores de la mina. La semana del siniestro, había 282 trabajadores sindicalizados, el 2 por ciento representó, para los 282 trabajadores sindicalizados, nada más 184 mil 997 pesos. Es decir, 656.20 pesos para cada uno, menos el uno por ciento de cuota extraordinaria para el sindicato, que esa semana fue de 328.10.
“No sabemos de qué cantidad se calculó el 2 por ciento, ni cómo fue entregada al Sindicato Minero, ni quiénes lo negociaron –además de Xavier García de Quevedo y Napoleón Gómez Urrutia–, pero el Sindicato Minero debió cobrar caro cada desistimiento”, detalla el informe.
Elvira sostiene que “esta práctica de negociar el desistimiento del emplazamiento a huelga sin mejorar las condiciones de seguridad no ocurrió sólo en el año 2006, sino que era una práctica recurrente”. Y Cristina Auerbach expone que los emplazamientos eran por el tema salarial y no por aspectos de seguridad e higiene, al menos no tres años antes de Pasta de Conchos.
“No existe ninguna prueba de que él [Napoelón ] intentó evitar la muerte de los mineros y eso es sumamente grave porque las familias, yo, todos podemos entender que para las empresas lo importante son las ganancias; pero frente a la voracidad de una empresa y la política entreguista del Estado, sólo queda el sindicato, es el que está para proteger a los trabajadores de esas decisiones empresariales. Así es que, si es muy grave lo que hizo Grupo México, si es muy grave los que hizo la Secretaría de Trabajo, es tremendamente grave que quien debió proteger a los trabajadores mineros (el Sindicato) no lo hiciera” acusa la defensora.
Cristina y Elvira retan al líder sindical a que pruebe que hizo algo para tratar de evitar la tragedia y que compruebe con documentos las acciones que hizo para que rescaten los cuerpos.
“Obviamente hablar del tema de Pasta de Conchos, una vez que fue admitido ante la CIDH, pues ahorita a todo mundo le vendría bien. A todos les viene bien, pero que él se atreva a decir que va a abrir un caso que está abierto ante la CIDH, gracias a la labor que hacemos la OFPC y Centro Prodh, no sólo es aberración legal”, es una ofensa, reclama Auerbach Benavides.
