Organización civiles nacionales y extranjeras y agraviados por violaciones graves a derechos humanos afirman, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le apuesta a que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia.
Ante casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se ha llenado de frases como: “Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará hasta las últimas consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, “Este hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, en términos de acciones y hechos, sólo queda el silencio.
Para defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste social las herramientas de su estrategia de olvido.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).— Conforme han pasado los meses, el señalamiento de que el Estado mexicano le apuesta al olvido se ha vuelto recurrente entre los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos forzadamente entre anoche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, en Iguala, Guerrero.
El pasado 26 de agosto, al cumplirse 11 meses de la desaparición forzada de los jóvenes –en un hecho que el Gobierno federal ha zanjado atribuyendo a policías municipales y al grupo delincuencial Guerreros Unidos el presunto rapto, asesinato y desaparición de los restos de los estudiantes–, el vocero de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, refrendó una vez más que para ellos la lucha será incansable hasta que se cumpla su única exigencia: la aparición con vida de sus hijos. Recordó además que el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió con ellos a cumplir con un decálogo desde octubre del año pasado.
“Diez puntos que para él quedaron en el olvido pero que para nosotros están en la memoria, porque nos faltan 43”, dijo antes de iniciar una marcha en la Ciudad de México. En 20 días se cumplirá un año del ataque a los estudiantes, en el que además fueron asesinadas seis personas, sin que hasta ahora la exigencia de justicia y verdad haya sido satisfecha.
No es la primera vez que agraviados de violaciones graves a derechos humanos dicen, entre el reclamo y la advertencia, que el Gobierno mexicano le apuesta a que el tiempo diluya de la memoria la exigencia de justicia. Tampoco es la primera vez que, ante casos de alto impacto, la respuesta del gobierno se llene de consabidas frases como “Se llegará hasta el fondo del asunto”, “Se actuará hasta las últimas consecuencias”, “Se ejercerá todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, “Este hecho no quedará en la impunidad”. Y luego, el silencio.
Para defensores de derechos humanos se trata de una forma de actuar recurrente y generalizada del Gobierno mexicano, que ha optado por “administrar” las crisis en lugar de resolverlas, y que ha hecho del paso del tiempo y el desgaste social las herramientas de su estrategia de olvido.
Los ejemplos sobran. Tan sólo en lo que va de este sexenio se pueden enlistar, además de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, en donde agentes del Estado asesinaron a personas en acciones que podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales. O el caso de Santa María Ostula, en el municipio michoacano de Aquila, donde elementos del Ejército presuntamente atacaron a la población, causando la muerte de un menor de 12 años, el pasado julio.
O el de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, donde en julio del año pasado otro niño perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por un policía y al menos nueve más resultaron mutiladas, durante un enfrentamiento entre pobladores de esa comunidad y policías estatales. O el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, proveniente de una minera subsidiaria de Grupo México, hecho considerado por el propio gobierno como el “peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”.
En todos los casos, tras el escándalo mediático vinieron las declaraciones de funcionarios asegurando que investigarían los hechos. Y luego, el silencio.
Por supuesto no se trata de algo intrínseco y exclusivo del actual Gobierno federal, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante los 12 años de panismo en el país se registraron otros varios casos de alto impacto que, en su momento, indignaron a la sociedad y pusieron en aprietos a las autoridades. Las víctimas de esos agravios han mantenido su exigencia de justicia, mientras que en las autoridades parecen que lo que persiste es la apuesta de que el tiempo agote esa exigencia.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con la implementación de una estrategia de seguridad para supuestamente combatir al narcotráfico, la violencia se disparó en el país y aunque el gobierno trató de mantener un discurso de que los asesinatos y crímenes como desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales tenían como únicas víctimas a los criminales, brotaron casos que echaron por tierra esa versión.
Acaso uno de los más impactantes, por el perfil de los afectados y las implicaciones sociales que tuvo al iniciar un movimiento que aglutinó a víctimas de todo el país, fue el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia Ortega, junto con la de seis personas más, el 28 de marzo de 2011. Si la conmoción por ese hecho fue germen para el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en términos de procuración de justicia, hasta febrero pasado, a casi cuatro años del crimen, ninguno de los 23 detenidos por su presunta responsabilidad, habían sido sentenciados, como dijo el poeta en una entrevista con el diario La Jornada.
En ese contexto de la lucha de las víctimas de la violencia, en su momento también causaron impacto los asesinatos de Marisela Escobedo, Nepomuceno Moreno y Sandra Luz Hernández, padres de una joven asesinada y de sendos desaparecidos, respectivamente, y quienes se volvieron activistas en la lucha por la búsqueda de justicia para los suyos. O casos como el ataque a jóvenes durante una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 16 muertos y al menos una docena de heridos, o el de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron durante un enfrentamiento entre militares y supuestos delincuentes, en Monterrey. Nuevo León.
Este año, ambos casos cumplieron un lustro sin que se hubiera hecho justicia para las víctimas y sus familias. Además en ambos casos, las víctimas fueron doblemente agraviadas pues en su momento se les acusó falsamente y sin pruebas de ser criminales, en una narrativa que intentaba desestimar sus muertes por una supuesta pertenencia al crimen organizado.
También en el sexenio de Calderón ocurrió la que es considerada como la peor tragedia infantil de los años recientes, cuando en Hermosillo, Sonora, la Guardería ABC se incendió, provocando la muerte de 49 nenes el 5 de junio de 2009. Al dolor por la muerte de los bebés y niños, además de decenas de heridos, se sumó la indignación al saberse que la guardería estaba subrogada a una persona relacionada familiarmente con la esposa del entonces Presidente, Margarita Zavala, y el entonces Gobernador del estado, Eduardo Bours.
Los 19 involucrados inicialmente fueron exonerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país y recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la aprehensión de maestras y empleadas de la guardería por presunta negligencia, pero un juez las negó. Durante estos seis años, los padres han mantenido la exigencia de justicia para sus hijos.
Otro incendio que causó conmoción fue el del casino Royale, en la ciudad neoleonesa de Monterrey, en agosto de 2011, en un ataque atribuido a Los Zetas y en el que fallecieron 52 personas. “No habrá impunidad”, prometió al día siguiente de la tragedia el entonces Secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y las culpas se repartieron entre los servidores públicos que habían autorizado la operación del casino y los de Protección Civil que no habían verificado que operara correctamente, sin que finalmente ninguno fuera sancionado. El autor intelectual del incendio, Carlos Alberto Oliva Castillo, se convirtió en testigo protegido de la PGR.
Los hallazgos de fosas clandestinas en Durango, y San Fernando, Tamaulipas, y la masacre de 72 migrantes en ese mismo municipio, entre 2010 y 2011 se suman a los casos en los que la conmoción se agotó sin que a la fecha se haya llegado a la verdad y se haya hecho justicia.
Con Vicente Fox Quesada como Presidente, uno de los casos que más impacto causó fue la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y la posterior negativa del gobierno mexicano y de la empresa (Grupo México) de recuperar los cuerpos de 63 mineros que quedaron atrapados. Las familias a la fecha mantienen viva la lucha por justicia.
También en ese sexenio, y durante la guberantura de Peña Nieto en el Estado de México, ocurrió el enfrentamiento entre pobladores de la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco y policías federales, el 3 y 4 de mayo de 2006. Los pobladores de San Salvador Atenco, opositores al proyecto fallido de Fox de un nuevo aeropuerto, fueron violentamente reprimidos por los policías en una jornada que implicó allanamientos ilegales, detenciones arbitarias, abusos sexuales de 26 mujeres, y la muerte de dos personas, uno de ellos menor de edad. En los días siguientes al enfrentamiento, además, fueron detenidos y encarcelados una docena de líderes del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, opositores al proyecto del aeropuerto, quienes permanecieron encarcelados cuatro años, hasta que una resolución de la SCJN determinó su excarcelación.
Por los abusos sexuales cometidos por policías contra mujeres, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el proceso que ha seguido la instancia internacional, el gobierno mexicano intentó llegar a una solución “amistosa” con las víctimas, cuando el caso retomó relevancia. Antes y después de esa coyuntura, no hubo sino silencio.
Si se rastrea más atrás en el tiempo, surgen otros casos de alto impacto como las masacres de indígenas en Acteal, Chiapas, y en la comunidad El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero, o de campesinos en Aguas Blancas, en ese mismo estado…
EL OLVIDO COMO ESTRATEGIA
“Se apuesta a eso, justamente a que habrá desgaste, habrá olvido, y justamente así es cómo se atienden los temas, aguantando el embate un rato y después pretendiendo que nada pasó”, dice Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional, organización que ha señalado reiteradamente que la estrategia del gobierno en casos de violaciones graves a derechos humanos es precisamente el olvido y el desgaste de las víctimas.
Quiroz expone que hay una condición natural de los movimientos sociales que tienden a desgastarse pasado un tiempo. El problema, dice, es que el gobierno le apuesta a ese agotamiento natural de los procesos de forma deliberada, en lugar de atenderlos.
Con él coincide la también defensora de los derechos humanos Blanca Martínez, quien forma parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Martínez señala que se trata de una política deliberada de “administrar los conflictos”, en lugar de resolverlos. Para ello, explica, se ha erosionado el sistema de justicia a fin de generar condiciones para que los procesos de procuración de justicia sean “fraudulentos” por sí mismos.
En el mismo sentido se expresa Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), que agrupa a 75 organizaciones civiles de todo el país. Mas Ríos Martínez subraya que no se trata de una estrategia nueva, pues la respuesta del gobierno de dejar que el tiempo condene al olvido los agravios se puede ver también en los casos que persisten impunes de desapariciones forzadas en los años de la llamada “Guerra Sucia”, cuando ocurrieron al menos 512 desapariciones forzadas, según la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los Años Sesenta y Setenta del Estado de Guerrero (Comverdad).
El director de la Red TDT dice también que aparejada con la estrategia de un mutismo que lleve al olvido los agravios, el gobierno distorsiona los hechos a fin de evitar su responsabilidad histórica con los deudos y las víctimas de las violaciones a derechos humanos.
Otros mecanismos que sirven al mismo propósito, agrega, son el desgaste de las víctimas o sus familiares, mediante procesos engorrosos o tardados en la búsqueda de justicia, la criminalización de los movimientos sociales que exigen justicia por esos agravios, o el ocultamiento de información indispensable para llegar a la verdad de los casos. Todo eso se suma en una maraña cuyo propósito es silenciar la verdad y la exigencia de justicia.
Quiroz advierte que con esa forma de actuar el gobierno favorece la impunidad y la inacción de los ciudadanos, pues el mensaje que transmite es que no importa cuán válida sea una exigencia ni qué tan intensamente se luche por una causa, tarde o temprano esa demanda se va a agotar.
“Hay un fuerte mensaje de impunidad ahí”, afirma el defensor.
ACTUAR MAL DELIBERADAMENTE
Martínez considera que en esa estrategia de administrar los casos en lugar de resolverlos opera una lógica “perversa” y “fraudulenta”, pues en el afán del gobierno de querer sólo superar la crisis sin llegar a la verdad y la justicia, los procesos de procuración de justicia de hacen mal deliberadamente.
“Los casos se administran y en la administración hacen mal las cosas para que no se acerque la justicia a las víctimas”, señala. No hay una sola forma de proceder en ese sentido, pero casos en los que una imputación se cae porque el presunto responsable fue torturado para declararse culpable, o en los que se confronta mediáticamente a las víctimas con sus victimarios son ejemplos de ello, de acuerdo con Martínez.
También lo son las deficiencias en las averiguaciones de las procuradurías de justicia. El caso Ayotzinapa es un útil botón de muestra al respecto.
Apenas el pasado 17 de agosto, el Grupo Interdiscipinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que investiga la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reportó en su quinto informe de actividades que autoridades judiciales tanto locales como federales ocultaron y destruyeron evidencia relacionada con el ataque a los estudiantes. La PGR, señaló el grupo de expertos, no informó a familiares de los estudiantes ni a sus abogados del hallazgo de ropa de los normalistas y fueron los integrantes del GIEI quienes encontraron el registro del resguardo de las prendas en junio pasado.
A partir de este hecho, el pasado 27 de agosto -un día después de que se cumplieron 11 meses de la desaparición forzada de los normalistas- la PGR informó que enviaría “diversas prendas y objetos” de los estudiantes al Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que sean analizados.
Los expertos también informaron sobre la existencia de unos videos del día en el que desaparecieron los jóvenes en Iguala y que posiblemente fueron destruidos. Uno de estos videos proviene de una cámara ubicada en el Palacio de Justicia de Iguala.
Además señalaron que habían solicitado a las autoridades realizar una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón –quien fue asesinado y cuyo rostro fue desollado–, debido a que no se evaluaron varias lesiones del rostro y fracturas craneales en el primer estudio, así como ampliar las imágenes satelitales del basurero de Cocula –donde según la PGR fueron incinerados los restos de los normalistas– y buscar en otras fosas utilizando tecnología láser.
El GIEI indicó también que en 12 por ciento de sus peticiones de datos sobre el caso no pudieron acceder a la información porque ésta no existía o no se había resguardado correctamente.
Cuestionada sobre qué implicaciones tiene que sean las propias autoridades las que fomenten esta falta de acceso a la justicia, Martínez replica que conduce a que cada quien “se queda con su verdad, y la verdad histórica para generar condiciones de justicia, de condiciones para que las víctimas pueden sentir que el daño afectado de alguna manera se está reparando, se queda inconclusa. Entonces se quedan demandas eternas de justicia”.
La impunidad entonces “se vuelve norma”, concluye.
Si para las víctimas o sus familiares, la estrategia de apostar por el silencio y el olvido supone la continuación del agravio y la impunidad, para la sociedad implica “el detrimento total de las instituciones del Estado”, sostiene la defensora de derechos humanos.
“Un Estado que es incapaz de garantizar los componentes básicos de justicia para el pueblo es un Estado peor que fallido: es un no Estado, o un Estado que no debe de existir”, reflexiona.
