Abogados y activistas critican duramente al Gobierno por usar la pandemia como excusa para deportar menores y enviarlos a sitios peligrosos.
Por Nomaan Merchant
AP.- Cuando el personal de un centro de detención de la frontera con México los subió a un autobús el mes pasado, un niño hondureño de 12 años y su hermanita de nueve pensaron que los llevarían a un albergue para luego entregarlos a su madre.
Se les había dicho que firmasen un papel que pensaron le informaba al albergue que no tenían el coronavirus, según dijo el muchacho. El documento estaba en inglés, un idioma que los hermanos no hablan. Lo único que reconocieron fue la palabra “COVID”.
El autobús, sin embargo, los transportó durante cinco horas a un aeropuerto, donde los subieron a un avión.
“Nos mintieron”, dijo el niño. “No nos dijeron que nos enviarían de vuelta a Honduras”.
Más de dos mil menores no acompañados han sido expulsados desde marzo, haciendo uso de una declaración de emergencia que hizo el Gobierno de Donald Trump, la cual usa el coronavirus para justificar la negativa a ofrecer protección a estos menores en el marco de leyes de asilo y sobre tráfico de personas. Abogados y activistas critican duramente al Gobierno por usar la pandemia como excusa para deportar menores y enviarlos a sitios peligrosos.
Ningún agente de Estados Unidos vio el video que tenía el niño en su teléfono, que mostraba a un individuo encapuchado que sostenía un rifle, lo llamaba por su nombre y los amenazaba a él y a su hermana, semanas después de que el tío con el que vivían fuese asesinado a tiros en junio. Y si bien fueron expulsados esgrimiendo la declaración de emergencia por el virus, no se les hizo la prueba del COVID-19, de acuerdo con el muchacho.
Tres semanas después del asesinato de su tío, los hermanos se fueron de Honduras y cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos. En tiempos normales, las autoridades estadounidenses los alojarían en centros para menores y luego los entregarían a su madre, que vive en el centro del país. En cambio, fueron expulsados el 24 de julio, después de pasar tres días en un centro de detención, y ahora viven en Honduras con otro tío que trata de irse del país.
El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó numerosos pedidos de comentarios sobre la historia del muchacho y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) también declinó hablar del tema, diciendo que los menores habían estado bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza hasta que fueron deportados en un vuelo operado por el ICE.
Voceros de ambas agencias se niegan a responder la mayoría de las preguntas sobre el trato que dan a los aproximadamente 70 mil adultos y menores que han expulsado al amparo de la declaración de emergencia de marzo. No explican cómo deciden si expulsar a un menor o no ni dónde los retienen antes de deportarlos, incluidos hoteles donde alojaron a hasta 150 menores no acompañados, entre ellos alguno de un año.
Buena parte de lo que se sabe de estas expulsiones surge de los relatos de niños como el muchacho de 12 años, quien le contó su experiencia a la Associated Press la semana pasada, aportando detalles dignos de alguien mayor.
La AP no identifica al menor, a su hermana ni a su madre, y tampoco revela dónde vive la madre en Estados Unidos, ante la posibilidad de que los niños sigan en la mira de la gente que mató a su tío.
La doctora Amy Cohen, directora ejecutiva de la organización de activistas Every Last One (Hasta el Último), habló con el muchacho varias veces y dijo que encontró su relato creíble, a juzgar por las conversaciones que mantuvo con otros cientos de niños migrantes.
“Cuando se presentaba la oportunidad de exagerar o de adornar el relato, no lo hacía, para nada”, dijo Cohen. “Y es coherente en todo lo que dice. No da la sensación de que haya ensayado el relato”.
Seis menores fallecieron desde el 2018 después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, varios en condiciones que plantearon interrogantes acerca del trato que esa agencia da a los menores. La agencia dice que dispuso nuevos controles médicos y que traslada a un hospital a todo menor que se piense necesita atención médica.
En los tribunales, mientras tanto, el Gobierno arguye que los menores que procura expulsar no están sujetos a las protecciones del acuerdo de Flores, un fallo de hace dos años que fija parámetros para la detención de los menores migrantes.
El tío de los niños se hizo cargo de ellos hace tres años, luego de que su madre se fuese con su hija mayor debido a amenazas de las pandillas, según la familia.
No está claro quién mató al tío. El muchacho dice que recuerda que la familia decidió no llevar al tío a un hospital por temor a no tener dinero para sacarlo de la morgue.
El asesinato sacudió a la familia. Según el niño, él y su hermana quedaron librados a su suerte en lo de su tío, donde él cocinaba los frijoles y huevos que quedaban en la casa.
Hasta que un día se presentó un individuo, le pidió el teléfono y se lo devolvió luego de grabar un video. En el video, el hombre les pregunta sus nombres a los hermanos y les advierte: “O se suman a nosotros y empiezan a trabajar para nosotros” o terminarán como su tío. El mismo día, alguien dejó una nota afuera de la casa con amenazas, según dijo el niño.
“Me recordaban la muerte de mi tío”, expresó. “Tuve mucho miedo”.
Decidieron entonces sumarse a un grupo de migrantes que se iban de Honduras hacia Estados Unidos, relató. El grupo se dividió en Guatemala y un hombre los ayudó a él y a su hermana a cruzar México y a llegar a la frontera con Estados Unidos.
Es imposible confirmar partes del relato. Expertos dicen que la MS-13 y otras pandillas a menudo amenazan a la gente verbalmente y se sabe que los grupos y las rutas que siguen los migrantes por México y América Central están controladas por traficantes que cobran miles de dólares por persona. La madre del menor dice que no cree que el niño ni ningún pariente les haya pagado a coyotes.
Los hermanos cruzaron la frontera alrededor del 21 de julio y fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con el menor. Según el relato, él y su hermana fueron llevados al centro de procesamiento de la Patrulla en McAllen, Texas, donde se separa a menores y adultos y se los retiene en especies de jaulas de mallas metálicas. El centro, que abrió durante el Gobierno de Barack Obama, es el mismo usado hace dos años para detener a cientos de adultos y sus hijos, de los que fueron separados siguiendo la política de tolerancia cero, que después fue abandonada.
El niño dijo que fue retenido en una jaula con otros 20 menores de su edad o mayores. Fue separado de su hermana, pero la podía ver a la distancia en otro sector.
Una vez al día alguien les tomaban la temperatura, pero el muchacho afirma que nunca le hicieron un examen médico o alguna prueba para ver si tenía el virus. Indicó que él usaba un barbijo que trajo desde Honduras.
Pudo llamar a su madre una vez antes de ser expulsado con su hermanita. La llamada que recibió la madre venía de McAllen, Texas.
La siguiente llamada que recibió la madre fue de un funcionario de Honduras, unos pocos días después, que le pidió que enviase un pariente a que recogiese a los niños, que se encontraban en un albergue para menores deportados. Fue así que ella se enteró de que habían sido expulsados, según dijo.
La madre habló hace poco en el tráiler donde vive con su familia, incluida su hija mayor, que ahora tiene 16 años.
“Quería hacer algo, tener paz, saber que mis hijos estaban a salvo conmigo”, dijo entre llantos. “Ninguna parte de Honduras es segura”.
