La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta de Reforma Fiscal para 2018 alternativa a la implementada en 2013, cuando el Secretario de Hacienda era Luis Videgaray Caso. Para el economista por el Colegio de México, Carlos Brown Solà, es necesaria una renovación, pero ninguna de las dos es suficiente.
“La propuesta de la Coparmex busca mejorar la eficiencia de la recaudación, pero no es progresiva porque no se mete con la tasa de los que tienen ingresos más altos ni aumenta el monto total de la recaudación”, dijo. La de 2013, recordó, quedó incompleta al omitir las propuestas del Ejecutivo en materia de impuestos a ingresos más altos y los directos a ganancias y propiedad.
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Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– En México urge una reinvención del sistema fiscal que aumente el monto de la recaudación de impuestos considerando a aquellos con los ingresos más altos y con un entorno de gasto eficaz, transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la economía, dijeron especialistas consultados por SinEmbargo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta de Reforma Fiscal para 2018 alternativa a la implementada en 2013, la cual inauguró el paquete de reformas estructurales del gobierno federal, pero no ha sido suficiente.
“De nada sirve aumentar la recaudaciones si no aseguramos que el presupuesto se ejerza de manera transparente y ordenada”, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, durante la presentación de las diez iniciativas en materia fiscal que promueven la redistribución y deducciones del cobro de impuestos. Algunas podrían ser a corto plazo por decreto presidencial y otras requieren un amplio debate legislativo.
En entrevista radiofónica, De Hoyos expuso que “la mal llamada Reforma Fiscal que se aprobó al principios de esta administración de ninguna manera satisfizo ni a las empresas ni a las personas: es una Reforma que se vio con un tinte evidente recaudatorio donde sí ganó el Gobierno, pero perdió la sociedad”.
“La aprobada al principio de esta administración no fue la Reforma Fiscal que esperábamos los empresarios y los ciudadanos. El único que sacó una buena partida fue el Gobierno federal que vio un crecimiento insospechable de la recaudación fiscal. Lo que nosotros proponemos es una iniciativa que no sea depredadora de los ingresos particularmente de las familias de clase media”, dijo.
El economista Carlos Brown Solà aseguró en entrevista con este diario digital que la propuesta hecha por la Coparmex es “interesante”, pero hay que considerar que viene de los empresarios.
“Busca mejorar la eficiencia de la recaudación, pero no es progresiva porque no se mete con la tasa de los que tienen ingresos más altos [especialmente los del 1 por ciento más ricos del país] ni aumenta el monto total de la recaudación. En el conjunto de políticas propuestas hay algunas un tanto populistas porque uno de los puntos está enfocado en tener contenta a la clase media y media baja”, consideró.
La Reforma Fiscal aprobada hace cuatro años, promovida por el entonces Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, entre otros puntos, homologó la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento para las zonas fronterizas; gravó con IVA de 16 por ciento al alimento y venta de mascotas; se gravó con el Impuesto Especial a Producción y Servicios de un peso por litro a las bebidas endulzadas con azúcar, y se impuso un tributo de 8 por ciento a los alimentos con alta densidad calórica.
Durante el primer semestre de 2017, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 655 mil 650 millones de pesos, un 7.6 por ciento más respecto al mismo periodo de 2016. “Este resultado se debe al buen desempeño de la recaudación tributaria”, expuso Hacienda en su último reporte de finanzas públicas. Del total, los ingresos tributarios durante enero-junio fueron por 1 billón 472 mil 268 millones de pesos, más que los 413 mil 793 millones de pesos por ingresos petroleros.
“La iniciativa presentada por la Presidencia inicialmente era muy completa. Hablaba de los impuestos a ingresos más altos, impuestos directos a ganancias y propiedad. Pero en lo que aprobó el Congreso hubo recortes y quedó una Reforma incompleta e insuficiente en términos de desarrollo que no ha alcanzado los niveles de recaudación que debería. Esto tuvo mucho que ver con quiénes estaban en las Comisiones, sobre todo en la de Presupuesto. En aquel entonces los grupos de poder participaron activamente en la renegociación. Tanto fue la inconformidad, que el Gobierno federal decidió atarse de manos por el resto del sexenio para no aumentar los impuestos”, afirmó Brown Solà.
Adrián García Gómez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el crecimiento económico ha estado en el promedio de 2 por ciento anual en los últimos años. El Gobierno de la República necesita ese aumento de recaudación para ejercer programas o invertir y ofrecer mejores servicios a las personas, por lo que a la par hace falta mayor transparencia y mejor gasto. Pero debe ir más allá.
“Definitivamente hace falta una nueva Reforma Fiscal integral para los próximos años; no es suficiente la de 2013. Es necesario disminuir la economía informal [casi el 60 por ciento del total de los trabajadores lo hace en esa categoría] y revisar la composición del Impuesto Sobre la Renta”, afirmó García.
Faltan 16 meses para que concluya la administración de Enrique Peña Nieto y dos periodos ordinarios de sesiones de la actual legislatura.
“No sería conveniente que esta asignatura quedara pendiente para la siguiente administración”, afirmó el líder patronal Gustavo de Hoyos. “Hay el tiempo suficiente para mejorar nuestro esquema fiscal. No pospongamos ni bajemos la cortina cuando le falta mucho a esta administración”, urgió De Hoyos.
Sin embargo, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, dijo recientemente que hay “muy pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario” y aseguró que el actual da “certeza” frente a la incertidumbre mundial.
De Hoyos consideró esta expresión “un poco precipitada cuando no ha habido ni siquiera la oportunidad de que se revise la propuesta que tiene todo el respaldo técnico”.
El economista Carlos Brown consideró que difícilmente se podrá hacer un cambio en la Reforma Fiscal porque el siguiente año es electoral y el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018 se presenta el próximo mes. Prevé que podrá negociarse hasta que entre la nueva administración.
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PROPUESTAS DE COPARMEX
El sector empresarial propuso una nueva Reforma Fiscal con el fin de reducir el empleo informal y no solo con un propósito recaudatorio. Mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público daría señales para que el contribuyente tenga confianza en el sano uso de los recursos públicos, aseguró la Coparmex en el documento de la propuesta Fortalecer a México.
Entre las iniciativas, promueve redistribuir y actualizar la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas porque personas con niveles medios y medios bajos son colocados en un rango que les hace pagar impuestos mayores.
“Para evitar que las personas físicas fácilmente cambien de rango en la tarifa a pesar de no incrementar su poder adquisitivo con el ingreso que perciben, con el consecuente incremento en el impuesto a su cargo, proponemos actualizar los montos de límite inferior, superior y cuota fija de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas”, expone el documento.
En otro punto, evidenció el gran rezago en el cobro del Impuesto Predial. No es un problema de aumentar tasas, sino de administrar con eficiencia la responsabilidad que tienen las autoridades locales para cobrar sus propios impuestos, por lo que es necesario modernizar sus modelos de recaudación.
Además, pide ampliar la base de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sin afectar a la población con ingresos menores. Los beneficios que representan los tratamientos preferenciales en el IVA son aprovechados en mayor medida por los decíles de los hogares de mayor ingreso.
Por ello propone crear un programa de anticipos del IVA a hogares de menores ingresos para prever el impuesto que les sería trasladado por la adquisición de alimentos y medicinas. Mediante una política adecuada de gasto social se pueden destinar recursos de manera directa a combatir los problemas que enfrentan los sectores vulnerables de la población, y así asignar de manera eficiente los recursos.
También propone reducir de manera significativa el actual gravamen del Impuesto sobre la Renta (ISR) a las personas físicas con ingresos de hasta 10 mil pesos mensuales, que representa hasta un 10 por ciento de su ingreso.
Asimismo, expone la necesidad de restablecer la posibilidad de deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores como vales de despensa, becas educacionales, becas deportivas, fondos de ahorro, útiles escolares, y reembolso de gastos médicos, dentales y funerarios. Aumentar los costos laborales no es la política adecuada para revertir el empleo informal. Debido en gran parte a los altos costos del empleo formal, el 57 por ciento de la población ocupada en México es informal, expone la Coparmex.
“La mal llamada Reforma Fiscal quitó prácticamente el 50 por ciento de la deducibilidad de las prestaciones, y lo que ha ocasionado es que muchas empresas que traían una dinámica de generar prestaciones crecientes para sus empleados hayan visto sesada esa posibilidad, porque ahora prácticamente son castigadas por el sistema fiscal”, argumentó Gustavo de Hoyos.
Se estima que la deducción parcial de prestaciones laborales genera recursos por aproximadamente 30 mil millones de pesos, calculó la Coparmex.
Asimismo, busca mejorar la competitividad del sistema fiscal al homologar la tasa del ISR cobrada a empresas a la tasa promedio de los países miembros de la OCDE.
“En el caso de México, actualmente la tasa del ISR aplicable a personas morales residentes en México es 30 por ciento, la cual es mayor que la tasa corporativa promedio de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 24.66 por ciento”, argumentó.
