Salvador Olmos García tenía casi 32 años y fue asesinado por policías municipales en Huajuapan de Léon, Oaxaca. Lo atropellaron con una patrulla luego de que, supuestamente, se quitara las esposas y escapara al ser detenido por realizar una pinta. Era comunicador, crítico de las acciones del Alcalde y de las concesiones mineras. Informaba sobre el movimiento magisterial, en especial sobre el enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán entre las policías federal y estatal contra maestros y civiles, apenas siete días antes de su muerte. El asesinato fue calificado como homicidio doloso y no hay una línea de investigación que apunte a su actividad como locutor en la radio comunitaria Un Ñuu Savi. Un testigo afirma que los patrulleros que lo arrollaron, incluso se dieron tiempo para rematarlo, pues el auto le pasó dos veces por encima. Sus rastas fueron arrancadas del cuero cabelludo y aparecieron en un lugar distinto al del atropellamiento. Su cuerpo estaba muy golpeado y sus testículos inflamados, pero la Fiscalía –dicen Artículo 19, la abogada del caso y la familia– insiste en validar la versión de los policías y ha desechado la línea de la tortura.
Ciudad de México, 7 agosto (SinEmbargo).– Salvador Olmos García criticaba a través de una radio comunitaria el despojo del territorio a los pueblos de la región mixteca por parte de las mineras, el derroche de los recursos públicos del Alcalde de Huajuapan de León, Oaxaca, el conflicto magisterial y los hechos violentos del 19 de junio en Nochixtlán.
Era un comunicador que, sin haber estudiado periodismo, era incómodo para los intereses políticos y económicos de su comunidad, pues trasmitía sus críticas los sábados y domingos durante una hora a través de la frecuencia de la radio Un Ñuu Savi 90.1 FM en el programa “Pitaya Negra”, dicen sus familiares y amigos a SinEmbargo.
El 26 de junio de este año, Salvador –”Chava” como le llamaban– hizo una pinta de protesta reclamando “queremos obra pública, no remodelación de fachada” en el recién construido Hemiciclo a Juárez, la obra más emblemática de la actual administración municipal, y fue detenido por elementos de la policía local; luego fue asesinado. Lo atropellaron cuando, supuestamente y de acuerdo con la versión de los uniformados, el joven de 31 años intentaba escapar luego de zafarse de las esposas.
Antes, Salvador salió de su casa porque una camioneta con unos hombres vestidos de civil merodeaban las instalaciones de la radio comunitaria y decidió trasladarse para ayudar a sus compañeros locutores. Pero ya no pudo llegar, se quedó a medio camino.Hizo una pinta en el Hemiciclo a Juárez, una obra custodiada las 24 horas por civiles que trabajan para el municipio, dicen los amigos de Chava y que tiene grabados los nombres de los estudiantes más destacados de una escuela secundaria aledaña, que curiosamente coinciden con los alcaldes que han gobernado Huajuapan, afirman.
Fue lo último que hizo, porque fue ejecutado, dicen defensores de los derechos humanos, mientras que la indagatoria insiste en que fue un homicidio doloso.
“La carpeta de investigación afirma y reivindica a los policías que dicen que son los que capturan a Salvador y estos dos policías lo trasladan y se desconoce quién determina que lo que hizo por la pinta sea calificado como un delito y no como una falta administrativa. No sabemos quién es el que determina y los policías lo llevan a las sedes alternas de la vicefiscalía y hay lapso de tres horas donde se desconoce qué pasó, puesto que la fiscalía estaba cerrada. Ahí es donde supuestamente se escapa y hacen una persecución, llega la patrulla 092 y surge el accidente”, explica Elsa Pastor Cordero, abogada de la familia de Salvador.
Pero hay un testigo que observó los hechos desde la ventana de su vivienda y que afirma que el comunicador alzó las manos. La patrulla tuvo tiempo de frenar, pero no lo hizo: lo embistió. Cuando Salvador estaba en el pavimento, atropellado, el conductor del vehículo regresó y le pasó por encima en una segunda ocasión, dice.
“Vemos que la Fiscalía local se ha hecho ajena. Lo califican primero como homicidio simple y es una investigación demasiado limitada. El cuerpo de Salvador estaba muy lesionado: tenía una fractura en la pierna derecha y en el hombro derecho. Una excoriación de cinco centímetros, fractura en tabique, la espalda raspada, señas de la llanta de la patrulla en el tórax y una lesión en el abdomen”, detalla.
Además, Salvador tenía los testículos inflamados y parte de sus rastas de entre 10 y 15 centímetros le fueron arrancadas con el cuerpo cabelludo en un lugar distinto a donde ocurrió el atropellamiento.
“Todo hace suponer que fue torturado, pero eso lo tiene que aclarar la Fiscalía. El subdirector de peritos manifiesta que es posible [por el tipo de lesiones] que fueran producto de la velocidad del auto, pero si lo relacionamos con la narración de los policías, en esas calles no se puede tener una velocidad así, es una curva y sigue el atropellamiento”, explica la abogada.
INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Alba Cruz, activista del Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos (CódigoDH), afirma que Salvador fue ejecutado y que en su caso hay intereses políticos y económicos.
“Yo no le llamaría homicidio doloso, menos simple: fue una ejecución hecha por agentes de Estado. Yo miro una serie de irregularidades, me parece que la falta de acceso a la justicia que está teniendo la familia, a una investigación clara, de un procedimiento imparcial, me parece que hay parcialidades en el procedimiento de la autoridad. Me hace mucho ruido el hecho de que sea la versión de los policías que ejecutaron a Chava la que se tome en cuenta para la investigación. Hay muchos intereses sobre el caso: diplomacias, compadrazgos. Parece que las condiciones no están dadas para hacer una investigación imparcial”, dice.
La defensora de los derechos humanos destaca la necesidad de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga el caso, porque en Oaxaca se le intenta dar carpetazo como un homicidio común, sin tomar en cuenta la libertad de expresión y la labor informativa que Salvador ejercía.
“Chava era una comunicador y no se le quiere tratar así. Se está tratando el asunto desde la visión de un simple homicidio imprudencial doloso. En Oaxaca hay 300 concesiones de exploración de minería otorgadas, muchas de ellas están en la región mixteca”, explica. “Chava informaba sobre el no respeto a la decisión de las comunidades de no explotar sus territorios, el no hacer las consultas previas a la que tienen derecho como comunidades indígenas. Chava estaba haciendo eso con constancia desde hace tiempo en el programa Pitaya Negra, en donde él era la voz más importante”, dice.
Alba Cruz descartó que las autoridades en Oaxaca busquen llegar a la verdad en el caso de Salvador Olmos, pues ni siquiera hay una cadena de custodia.
Las rastas arrancadas y diseminadas en otro lugar, distinto a donde ocurrió el supuesto accidente, nunca fueron resguardadas: los amigos, los curiosos del pueblo, la familia tuvieron acceso a ellas antes que nadie. Los peritos fueron los últimos en tomar fotografías con su celular de la escena del crimen.
“Por ese hecho tan simple y tan lógico, si hubiera cadena de custodia, se podía determinar que Chava fue agredido en otro lugar”, expone.
GRAVE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS: ARTÍCULO 19
El segundo informe trimestral sobre agresiones a la prensa mexicana dado a conocer el día de hoy por la organización Artículo 19 profundiza en el caso de Salvador, y afirma que además de tratarse de una grave violación a los derechos humanos, por tratarse de una “ejecución extrajudicial a manos de elementos de la fuerza pública”, al joven comunicador y a su familia se les viola el derecho de acceso a la justicia, verdad y reparación.
La organización establece que la Fiscalía incurre en una falta de debida diligencia en la persecución penal del delito y a la revictimización de la familia.
“La familia de Salvador nunca fue notificada de su muerte a pesar de que el cuerpo fue encontrado a las 4:35 horas de la mañana. ‘Desde ahí empezaba lo malo. Nadie nos decía nada’ dijo el padre del comunicador comunitario a ARTICLE 19 durante una entrevista en Huajuapan. El papá de Salvador acudió al Hospital Villavicencio el mismo domingo después de percatarse que su hijo no había llegado a dormir a su casa y a partir de que una conocida les avisó que habían asesinado un joven y que quizás era Salvador. En el hospital preguntó a varios empleados por su hijo, pero nadie le dio respuestas. El familiar supo que su hijo estaba en el mortuorio porque un empleado de una empresa funeraria se lo informó al ver que no le daban respuestas”, detalla el informe.
Salvador murió a las 6:30 horas, pero el personal del Ministerio Público se presentó en el hospital hasta las 11:30 horas.
“Las diligencias de los agentes de procuración de justicia han sido torpes y negligentes desde el inicio. Cuando los mismos agresores dieron aviso de lo sucedido con Salvador sólo acudió una ambulancia al lugar de los hechos. No acudieron peritos en el momento y no se resguardó la zona donde fue cometido el crimen. El lugar fue acordonado hasta más de 24 horas después de que las autoridades tuvieron conocimiento del asesinato del comunicador”, revela el documento.
Artículo 19 destaca que el acompañamiento de las instituciones públicas a la familia de Salvador y a los testigos ha sido nula “a pesar de que se encuentran en riesgo”.
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares para los familiares, pero no para los testigos. El Ministerio Público tampoco emitió medidas de protección ni llevó a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los testigos. Tampoco la familia cuenta con acompañamiento psicológico a la fecha, detalla el informe.
La organización indica que las inconsistencias en los hechos sobre el homicidio de Salvador no han sido incorporadas al expediente. No están los peritajes, la descripción de las lesiones, ni la mecánica de hecho y la pericial de la vestimenta.
“Sólo uno de los coches que estuvo involucrado en los hechos fue sujeto a estudio pericial, y el dictamen incluido en el expediente. En la Vicefiscalía deben existir cámaras que hayan captado la supuesta fuga del comunicador, sin embargo no se ha integrado a la carpeta de investigación la información recabada de las mismas. Pero aún más grave, no hay una reconstrucción integral de los hechos. El Ministerio Público encargado de la investigación pidió tres meses para integrar la carpeta”, dice.
Artículo 19 también alerta sobre que no se ha tomado en cuenta la labor informativa de Salvador como una línea de investigación sobre su muerte. Al contrario, el joven identificado con el movimiento anarcopunk ha sido estigmatizado.
POSIBLE TORTURA SIN INVESTIGAR
Salvador, de acuerdo con el informe de Artículo 19, pudo ser torturado antes de ser asesinado.
“Uno de los testigos del homicidio dijo que Salvador ya no llevaba zapatos cuando fue atropellado. A la fecha siguen sin aparecer las botas, lo que indica que es probable que Salvador haya sido despojado de sus zapatos por las mismas autoridades.Asimismo, existe la certeza de que le arrancaron las rastas al periodista durante los hechos. Amigos de Salvador recogieron sus rastas en un lugar distinto de donde fue encontrado el cuerpo, esto y el hecho de que haya sido despojado de sus botas dan elementos para suponer que fue vejado momentos previos a la ejecución extrajudicial. Los familiares del periodista llevaron los pedazos de las rastas a la Vicefiscalía, esto tampoco ha sido incorporado al expediente”, explica.
El informe agrega que “el cuerpo fue encontrado en Las Huertas, un lugar identificado en la comunidad por ser donde llevan a golpear y torturar a gente. ‘¿Quién dio la orden para que lo llevaran a Las Huertas. Nos han dicho que ese es el lugar donde torturan a la gente en el municipio’ cuestionó un familiar del periodista. Uno de los amigos de Salvador también comentó ‘una amiga que trabaja en el municipio dice que llevan a los jóvenes a golpearlos a Las Huertas'”.
Artículo 19 indica que sólo hay un detenido vinculado al proceso de homicidio doloso, cuando participaron supuestamente cuatro policías. Las familia no ha sido llamada a declarar.
“A la luz de las diligencias de investigación realizadas por la Vicefiscalía Regional de Huajuapan de modo parcial, deficiente o tardío, y de aquellas que no se han practicado. ARTICLE 19 cuestiona seriamente, por una parte, la capacidad del Estado mexicano de llevar a cabo un proceso de persecución penal efectivo en el caso de la ejecución extrajudicial de Salvador Olmos, y, por otra, la voluntad de cumplimiento de su deber de garantizar el acceso a la justicia.
“EXIGIMOS JUSTICIA”: HERMANA DE SALVADOR
Salvador era el mayor de los hermanos. De lunes a viernes se dedicaba a la venta de ropa. Estaba soltero, vivía en casa de sus padres y ayudaba con recursos a una de sus hermanas que estudia enfermería en Puebla.
Era un joven serio, reservado. Siempre vestía de negro. Usaba rastas. Era estigmatizado por su aspecto y por identificarse con el movimiento anarcopunk. Le gustaba el rock and roll, pero era un joven pacífico que luchaba a través de la palabra.
Así lo recuerda su hermana Erika Edith Olmos García en el estudio de televisión de SinEmbargo.
La joven de 24 años se pone nerviosa al inicio de la entrevista. La intimida saberse frente a una cámara. Pero luego, mientras habla de su hermano, de Salvador, se relaja. Al poco tiempo fluye y lo recuerda.
Su hermano dice, andaba siempre solo. Le gustaba caminar en la madrugada, a cualquier hora. Sin miedo. Le apasionaban las luchas sociales y era un activista hecho y derecho. Además de locutor en el programa “Pitaya Negra”, hacía volantes informativos y los repartía en el pueblo.
Traía al Alcalde en jaque, lo criticaba sobre todo por el uso de los recursos públicos. Pero Erika desconocía que la labor que hacía Salvador, era de las más peligrosas en el país. Informar, criticar, opinar, investigar. En México de acuerdo con Artículo 19 es asesinado un periodista cada 26 días durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una cifra escalofriante.
Por eso Erika afirma varias veces durante la entrevista: “nunca nos imaginamos que podía pasar esto”. Ahora su hermano está muerto. Fue asesinado en circunstancias sospechosas.
“La verdad estamos indignados toda la familia, porque nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Se notan las irregularidades desde el principio, desde el hospital”, dice.
La joven pide justicia. Es lo único que espera. No desea que la “gente se acostumbre a que ya lo mataron y ya es normal. Que no se les haga a ellos una costumbre”.
“Quiero conocer la justicia, donde esto que pasó no sea en vano. Que la gente entienda que no está bien, estamos en una sociedad demasiado mal”, dice.
Erika recuerda las rastas ensangrentadas de su hermano en sus manos. Se las llevó un vecino. Estaban regadas afuera de su casa, en un lugar distinto a donde fue atropellado.
Al vecino se le hizo raro, no se le hizo normal, recalca Erika. Entonces fotografió las rastras de entre 10 y 15 centímetros arrancadas con cuero cabelludo, el charco de sangre y corrió a la casa de Chava. Así llegaron las evidencias a las manos de la hermana.
“Mi hermano era el que cuidaba de todos. Él apoyaba a mi hermana. ¡Quiero justicia! No quiero que el día de mañana le pase algo a un amigo, que le llegue a pasar a otra persona, por comentar en la radio”, exige Erika.
La hermana de Salvador clama por justicia en un México donde el asesinato a un periodista es sinónimo de impunidad. De acuerdo con Artículo 19 durante el segundo trimestre de 2016 las agresiones se incrementaron en 115 por ciento respecto a enero-marzo de este año. En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas y se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio. Todos esos ataques han quedado en total impunidad.
