Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de indígenas de la Tribu Yaqui viaja en caravana desde Sonora hasta el Distrito Federal para sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, y exigirle que intervenga en el caso del Acueducto Independencia y se cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cerrar el proyecto, dijo Mario Luna Romero, uno de los líderes perseguidos por las autoridades sonorenses.
Luna Romero, quien se encuentra autoexiliado de su natal Vícam, uno de los ocho pueblos yaquis del municipio de Cajeme, Sonora, informó que la tribu cumplió con lo que estableció la Suprema Corte en 2013, cuando llegó a la conclusión de que fueron violados los derechos humanos y a la Consulta y condicionó detener la operación del acueducto, si se comprobaba que hubo daños irreparables a la etnia.
“Nosotros ya cumplimos, ya demostramos esos daños y tendremos esa reunión con las autoridades. La caravana tendrá una reunión mañana [hoy] en Sinaloa por la tarde y después en Guadalajara con otros pueblos que tienen problemas como nosotros”, adelantó el líder yaqui.
Los representantes de la tribu que llegarán al Distrito Federal esta semana también tendrán reuniones en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y buscarán una cita en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien lleva el caso de los yaquis en su lucha por el agua, dijo que el verdadero motivo por el cual las autoridades se niegan a detener el Acueducto, es para no aceptar que se trata de una obra inútil que costó al erario casi cuatro millones de pesos.
Mario Luna, quien actualmente huye de las autoridades sonorenses, debido a que hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad, dijo que responderá ante las autoridades por las acusaciones del gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, cuando el acueducto se cierre.
“No hay pruebas de lo que me acusan, porque ni siquiera estábamos ahí yo y los demás líderes que también son acusados, pero para demostrarlo tenemos que presentarnos. No lo voy hacer, porque si violaron todos nuestros derechos para lograr construir el acueducto, no creo que respeten mis derechos humanos y no me quiero convertir en un ‘liberen a Mario’ y se pierda la esencia de nuestra lucha que es por la defensa de nuestros recursos”, explicó.
Andrea Cerami confirmó que Mario puede ser aprehendido en cualquier momento. “Está vigente la orden de aprehensión y de Sonora pueden solicitar la colaboración de otros lugares y aprehenderl. E s una realidad que puede ocurrir en cualquier momento”, dijo.
Luna aseguró que la orden girada en su contra forma parte de una campaña de odio que emprendió Guillermo Padrés en contra de la tribu y de sus voceros.
“Es una campaña que los operadores políticos del gobierno del PAN [Partido Acción Nacional] lleva a cabo con la gente. Han dicho que los que nos oponemos al Acueducto, somos mentes criminales y perversas. Los yaquis ya no podemos transitar seguros por el estado, la gente en los medios de comunicación escribe cosas racistas, que nos van a matar”, dijo.
De acuerdo con Luna, la persecución del gobierno de Guillermo Padrés es tanta que, incluso, retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.
“Nos tiene totalmente marcados, para todo si eres yaqui, ellos tienen que dar el visto bueno, nos está haciendo la vida muy difícil en Sonora. Está así Padrés, rabioso con nosotros, porque sabe que el yaqui no se vende y que vamos a luchar hasta parar el Acueducto”, dijo.
En Hermosillo, las autoridades locales emprendieron una campaña en contra de los yaquis y también para presionar a los hermosillenses con la amenaza de que no habrá agua, si deja de operar el Acueducto Independencia.
David Ernesto Contreras Camou, director General de Agua de Hermosillo (Aguah), ofreció una conferencia de prensa el 12 de julio, luego de que el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, para alertar a la población del peligro de la decisión de cerrar una obra que le cuesta al erario 3 mil 860 millones de pesos.
“Me informan que la Comisión Nacional del Agua ha comunicado que a más tardar, el próximo martes [15 de julio] se le cortará a la ciudad de Hermosillo el agua proveniente de la presa El Novillo, afectando así a más de 850 mil habitantes. Esta situación es de gran trascendencia, ya que nos pone en el riesgo de caer en una delicada situación de emergencia, desafortunadamente en contra de los ciudadanos hermosillenses quienes volverán a resentir los efectos de la falta de agua en sus hogares”, dijo el directivo.
Para el lunes 14 de julio, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Hermosillo interpuso un amparo y el Acueducto siguió operando. Se ponderó el derecho al agua de los hermosillenses sobre el que tienen los 45 mil yaquis de Cajeme.
“Si logran legitimar el despojo a través de la Consulta o de cualquier otra cosa, todos los esfuerzos que se están haciendo no servirán de nada, porque nosotros somos el laboratorio, una vez que logren legitimarse en Sonora, lo harán en otras regiones del estado y de México”, dijo Luna.
EL DERECHO AL AGUA
Andrea Cerami explicó que en los proyectos donde están involucrados poblaciones como los yaquis, hay un denominador común: la especulación en las obras, sobre el derecho a los recursos naturales de las poblaciones.
El caso del Acueducto Independencia no es la excepción. “Muchas veces el verdadero negocio está en la especulación que se hace en torno a estas obras. En el tema del Acueducto nos hemos dado cuenta cómo el agua al final le importa muy poco a las autoridades. Lo del agua de Hermosillo fue un cambio de estrategia por parte del Gobierno de Sonora, pues hace cuatro años cuando se presentó la obra se decía que sólo el dos por ciento del agua serviría para abastecer a la ciudad”, afirmó.
Cerami recordó que las autoridades de Hermosillo presentaron una controversia a la Suprema Corte de Justicia, argumentando la necesidad de agua de la población y fue improcedente.
“En nuestra opinión jurídica la Suprema Corte no debió aceptarla. Legalmente hay dos suspensiones vigentes y cuatro que no fueron cumplidas, hay obra que opera sin manifiesto de impacto ambiental, hay muchos argumentos para suspender el acueducto, depende la voluntad y respeto al estado de derecho”, dijo Cerami sobre la posibilidad de que el Acueducto Independencia suspenda finalmente su operación.
Barbora Bukovska, directora General de Derecho y Política de Artículo 19 en Londres, dijo durante la presentación del documento “Principios relativos a la Libertad de Expresión y a los Derechos al Agua y al Saneamiento” que elaboró la organización, que la transparencia en la gestión de los recursos hídricos es crucial en México y en el mundo.
En el caso de México con la Reforma Energética se establece el derecho a la Consulta de los pueblos indígenas para el caso de los proyectos, pero no se aclara que debe ser previa, antes de la entrega de cualquier concesión.
