Hace más de una década, países poderosos absorbieron las primeras dosis de vacuna contra la influenza por encima de quienes más la necesitaban. Durante la pandemia de la COVID-19 se ha visto acaparamiento de Estados Unidos y la Unión Europea de la potencial cura. ¿Quién debe tener primero acceso?
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Ante la “guerra” de respiradores, insumos médicos y medicamentos contra la COVID-19 por parte de países desarrollados, América Latina debe coordinarse como región para garantizar un acceso a la potencial vacuna no determinado por la capacidad de pago de las personas sino por su nivel de vulnerabilidad y riesgo, considerando el derecho a la salud, a gozar de los beneficios del proceso científico y a la igualdad y no discriminación, expusieron especialistas. Y, agregaron, la distribución debe ser transparente e incluso no descartar leyes internacionales para evitar el acaparamiento.
“El acceso a la vacuna será de vida o muerte, antecedido por la guerra de respiradores incluyendo embargos en aeropuertos y el acaparamiento de Estados Unidos de medicamento [adquirió casi el 90 por ciento del inventario de los próximos tres meses de remdesivir de la farmacéutica Gilead Sciences]. Ya vimos frente a la vacuna contra la influenza AH1N1 en 2009 que algunos de los países más poderosos tuvieron una estrategia para tener acceso primero por encima de quienes más la necesitaban”, dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor en un webinar.
Hasta el momento, con más de 11 millones de contagios acumulados y 500 mil muertes, hay 18 ensayos de vacunas en investigación clínica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El proyecto de la Universidad de Oxford, que sería producido por AstraZeneca, es el más avanzado al ir en la fase tres, pero hay más desarrollos como en el Beijing Institute of Biotechnology y Moderna, que van en la fase dos.
En junio las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja afirmaron que el acceso a una “vacuna del pueblo” era un “imperativo moral”. Pero el Gobierno británico dijo que si la Universidad de Oxford logra la vacuna, los primeros 30 millones de dosis serán para los británicos y 300 millones de dosis irían a Estados Unidos. AstraZeneca firmó acuerdos con laboratorios de Alemania, Francia, Italia y Holanda para la producción de 400 millones de dosis hacia fin de año.
“Hay cientos de miles de trabajadores de la salud o los que tienen enfermedades crónicas que están en un riesgo permanente y deberían ser de los primeros en recibirla. Pero es posible que si no actuamos, sean algunos Gobiernos del mundo los que acaparen las primeras producciones de la vacuna”, alertó Calvillo.
LA DESVENTAJA DE AMÉRICA LATINA
Desde Argentina, la Coordinadora del Área de Ética en Investigación del Ministerio de Salud, Ana Palmero, diagnosticó que Latinoamérica tiene características en común sobre todo en el acceso inequitativo a la salud.
“Nos encontramos en desventaja frente a otros países con mayores recursos y tenemos mayores desafíos para acceder a investigaciones para encontrar un tratamiento, cura o vacuna contra la COVID-19”, planteó. “Nosotros no definimos la agenda. Nuestras voces terminan siendo poco escuchadas y las prioridades las terminan definiendo quienes financias los proyectos y las empresas comerciales porque ellos tienen el dinero”.
La abogada Silvia Serrano, del Instituto O’Neill para el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown, coincidió en que las desigualdades estructurales en acceso a bienes y servicios de salud que ya existen en la región antes de la pandemia, y que se han visibilizado o agudizado en este contexto, también condicionarán las posibilidades de acceso a las vacunas.
“Es creciente el llamado a considerar la vacuna como un bien público global”, dijo, por lo que los Gobiernos deben revisar los marcos regulatorios en materia de salud para asegurar que el acceso a la vacuna no esté determinado por la capacidad de pago o la afiliación de las personas a un seguro social, así como fortalecer unidades móviles de atención para llegar a todo el territorio.
Desde el jardín del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María de Jesús Medina Arellano recordó que la Guía Bioética en México “fue polémica”, pero debemos hablar de quiénes deben acceder a la vacuna y cómo los gobiernos deben asegurar un sistema justo de asignación utilizando instituciones existentes.
“La vacuna debería ser prioritaria para trabajadores de la salud y en aquellas personas en mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave”, determinó desde el lente de la bioética. “Existen propuestas para el desarrollo de comités de bioética internacional dedicados a la distribución de vacuna contra el coronavirus”.
Más que guerra, concluyeron las especialistas, debe haber cooperación internacional ante un problema mundial.
