El instituto informó en un comunicado que esta resolución se da a raíz de la negativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a entregar a un particular la información respecto al pago efectuado por los terrenos aledaños a Santa Lucía, especificando nombre del beneficiario, fecha, monto, precio pactado y número de hectáreas, así como el soporte documental de las consultas realizadas en poblaciones indígenas aledañas, precisando fechas, participantes, datos informados a las personas sobre el proyecto y registros de la votación.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentar documentos que sustenten las consultas realizadas a pueblos indígenas para habilitar las instalaciones de la Base Aérea de Santa Lucía como aeropuerto internacional, además de revelar la información respecto a los pagos realizados para adquirir terrenos aledaños.
El instituto informó en un comunicado que esta resolución se da a raíz de la negativa de la Sedatu a entregar a un particular la información respecto al pago efectuado por los terrenos aledaños a Santa Lucía, especificando nombre del beneficiario, fecha, monto, precio pactado y número de hectáreas, así como el soporte documental de las consultas realizadas en poblaciones indígenas aledañas, precisando fechas, participantes, datos informados a las personas sobre el proyecto y registros de la votación.
La Sedatu argumentó en su respuesta que no ha efectuado pago alguno por los terrenos aledaños a Santa Lucía, debido a que fueron adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que orientó al ciudadano a presentar su solicitud en otra dependencia.
Respecto a las consultas, indicó que sólo contaba con el Acta de Asamblea General Comunitaria del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Militar No. 1 de Santa Lucía, celebrada con la comunidad de Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de México, el 10 de marzo de 2019.
Inconforme con la respuesta otorgada por la Sedatu, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, por lo que el caso fue presentado ante el pleno por la Comisionada Josefina Román Vergara.
Luego de analizar el caso, los comisionados del Instituto determinaron que la Sedatu no tomó todas las medidas necesarias para localizar la información respecto a los pagos hechos por los terrenos aledaños a la Base Aérea, ya que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, como la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, la Dirección General de la Propiedad Rural y la Dirección General Adjunta de Pago de Predios e Indemnizaciones.
En cuanto a la documentación que sustenta la consulta realizada a la comunidad de Nextlalpan, se advirtió que la dependencia no entregó la misma al particular, además de que se comprobó que no hizo una búsqueda exhaustiva de la información, pues en sus declaraciones del 24 de mayo de 2019 el titular de la Sedatu hizo referencia a diversas consultas, por lo que se concluyó que puede contar con información adicional.
Ante todas estas consideraciones, el pleno del INAI modificó la respuesta de la Sedatu y le instruyó hacer una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes con el propósito de localizar los documentos que consignan el pago por los terrenos aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, así como la documentación soporte de las consultas realizadas.
En su presentación del caso, la Comisionada Josefina Román insistió en que la entrega y difusión de la información solicitada “es la puerta para que el Gobierno Federal rinda cuentas sobre las acciones implementadas en proyectos de tal envergadura, máxime si tomamos en consideración que, de acuerdo con el antepresupuesto llamado Plan Maestro, Edificio Terminal, la construcción de la Base Aérea de Santa Lucía tendría un costo estimado de 70 mil 342 millones de pesos”.
Al presentar el caso ante el pleno, destacó también la importancia de garantizar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones de las autoridades, pues se trata de una exigencia histórica, que se traduce en una condición para una nueva forma de gobernar.
“Debemos concebir a la consulta indígena como una forma de asegurar la participación e incidencia de los pueblos indígenas en los actos del Estado que pudieran llegar a afectarles y no sólo como un medio para comunicar a los interesados sobre decisiones que ya se han adoptado o estén en proceso”, enfatizó Román Vergara.
