En Tierra Colorada se encuentran 36 refugiados, 11 de ellos son niños de nivel preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato que tuvieron que suspender sus estudios. Salieron de sus comunidades porque sicarios se llevaban a jóvenes y mujeres mayores de 12 años. Sufren de diversas enfermedades y es común ver llorar a niños y adultos, dice una mujer que los acogió.
Por Zacarías Cervantes
Guerrero/Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/El Sur).- Nueve familias desplazadas por la violencia de las comunidades nahuas de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de la Lima, municipio de Chilapa, Guerrero, apenas sobreviven sin el apoyo del gobierno en un refugio temporal que encontraron en alguna comunidad del municipio de Juan R. Escudero.
En este lugar se encuentran 36 refugiados, 11 de ellos son niños de nivel preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato. Todos tuvieron que suspender sus estudios porque al llegar aquí, casi al finalizar el año escolar, sólo fueron aceptados los de kínder y primaria como “oyentes” pero los de secundaria y bachillerato ni bajo este esquema fueron recibidos en las escuelas.
Las familias viven hacinadas en galeras que antes eran cobertizos para pollos, otras construyeron pequeños cuartos con pedazos de madera, cartón y lámina galvanizada en un traspatio que una familia solidaria les prestó.
Desde aquí demandaron a las autoridades apoyo para que sean reubicadas y reiniciar una nueva vida, “aunque sea nuevamente de cero”, dijo nostálgica una mujer de mediana edad que tuvo que dejar Tepozcuautla el 9 de junio pasado. Aclaró que a su pueblo, definitivamente ya no va a regresar. Está segura que allá, sólo la espera la muerte.
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Las familias dejaron Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de la Lima huyendo de la violencia que provoca el enfrentamiento entre las bandas criminales Los Rojos y Los Ardillos por la disputa de ese territorio.
En el lugar donde ahora se encuentran una familia pariente de una de las que fueron desplazadas, las recibió sin condicionamiento alguno.
A una le prestó una galera en la que tenía a sus pollos, a otra un pedazo de su traspatio para que construyera una improvisada vivienda, y a una más le rentó una galera de block que tenía abandonada. El resto se fueron acomodando en otros espacios disponibles.
“Llegaron pidiéndome apoyo para refugiarse en mi casa. Nosotros enterados por los medios de comunicación de la situación de violencia en los lugares de donde venían aceptamos”, dijo la dueña de la casa.
Dijo que pensó que se trataba de una familia pequeña, porque primero llegó una, pero que en las horas y días siguientes fueron llegando las demás y ahora están nueve familias con 36 personas. A todas las alojó en su traspatio, donde antes tenía pollos y cerdos.
REFUGIADOS CON SEMBLANTE DE PÁNICO
“Todos llegaron con un semblante de mucho pánico, se les notaba mucho terror, pero nadie nos contó nada. Nosotros lo que hicimos fue apoyarlos, ya estaban aquí y no podíamos decirles váyanse. Sí vimos cómo traían el rostro de pánico, obviamente que era lógico que necesitaban de nuestro apoyo, como cualquier ser humano”, contó la mujer que con su familia les dio cobijo.
A casi un mes de que llegó la primera familia, la mujer ha visto llorar a niños y a adultos, “veo su inquietud, su desesperación, su impotencia, porque aparte del miedo que les sembraron en su comunidad les quitaron todo. Allá dejaron sus casas, sus tierras que sembraban, sus animalitos. A muchos es lo que más les preocupa, sus animales, no saben si viven o ya murieron de hambre”.
La solidaria mujer que pide no revelar su identidad por el riesgo que podría significar, cuenta que en la medida que las familias van agarrando confianza le van contando sus testimonios.
“Por ejemplo, a una familia le fueron a sacar en la noche a una mujer joven, tenía dos niños muy pequeños y a ella se la llevaron y ya no la han vuelto a ver. El resto de la familia tuvo miedo de que les pasara lo mismo y una noche decidieron abandonar su casa”, informó.
Contó que las familias refieren que los hombres armados entraban a las casas a llevarse a las mujeres jóvenes, a algunas para que trabajaran con ellos y a otras para violarlas.
También iban por los jóvenes varones, por algunos para matarlos porque significaban un peligro y por otros para obligarlos a servirles de sicarios.
Por eso todas las parejas que tienen hijos, mujeres y hombres mayores de 12 años abandonaron las comunidades, “ese era su terror, que les quitaran a sus hijos”.
Detalló que a una familia le quitaron a tres jóvenes, dos hombres y una mujer. De ellos sólo la mujer regresó pero servía de vigilante para el grupo criminal (halcón) en el pueblo. Mientras que los otros dos hermanos no han regresado y nadie sabe nada de ellos.
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Dijo que en esas condiciones la mayoría de las familias cuentan que ya no van a regresar a sus comunidades, a pesar de las precarias condiciones en las que se encuentran aquí.
La mujer explicó que las familias que vienen de un lugar donde hace frío no se adaptan al clima caluroso de aquí, “al principio se enrroncharon casi todos, ahorita los niños andan con gripa, tos, otros sufren calenturas, los veo muy vulnerables y han llorado, los he visto llorar mucho, a niños y adultos, se ve que sufren, y ¿como no?, vienen de donde lo tenían casi todo y llegan a la nada. Están empezando de cero”.
OLVIDADOS DEL GOBIERNO
“A pesar de que se vieron obligados a salir de sus comunidades por la falta de seguridad que no les garantizó el gobierno, a casi un mes de su desplazamiento apenas la semana pasada las nueve familias fueron visitadas en este lugar por funcionarios de la oficina de Seguimiento, Control y Evaluación, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.
Acudió también personal de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum). A cada familia le llevaron una despensa, una colchoneta y un cobertor.
Una de las desplazadas declaró que el clamor fue que les den facilidades para su reubicación a un lugar en el que vivan en condiciones de seguridad, donde sus hijos puedan ir a la escuela y todos tengan acceso a los servicios de salud.
También pidieron que los sigan considerando beneficiarios de los programas sociales que tenían en sus comunidades, “porque nos han dicho que es posible que los perdamos”, dijo la mujer.
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El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Chilapa, Manuel Olivares Hernández denunció que el gobierno está incumpliendo con su obligación de garantizarles seguridad, salud, vivienda y educación a estas familias.
“Son lamentables las condiciones en que viven las familias que han tenido que abandonar sus hogares y los lugares donde nacieron y dejaron todo su patrimonio para llegar a un lugar distinto en condiciones de alta vulnerabilidad, porque fueron desplazados sin ningún patrimonio, más que con lo que traían puesto”.
Añadió que lo más grave es que el gobierno sostenga la versión de que no pasa nada, de que hay tranquilidad, de que no hay peligro y que pueden regresar sin temor a sus comunidades porque hay militares y policías estatales, cuando los testimonios de las familias dicen lo contrario.
“Los testimonios nos indican que mientras los militares permanecen en algún punto de la comunidad, en otro extremo se puede estar matando o desapareciendo a alguna persona”, advirtió.
Denunció que para estas familias el gobierno no tiene ningún plan emergente que les garantice el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud ni a la educación de sus hijos.
“Hay familias que han recibido la visita hasta el mes de funcionarios, sólo para llevarles una despensa y una colchoneta, cuando realmente no es sólo eso lo que la gente necesita porque su necesidad es multifacética”, explicó.
Demandó un plan emergente para las familias desplazadas que implique el posible retorno en condiciones de seguridad real, en su defecto la reubicación a espacios donde encuentren empleos, salud y educación para sus hijos.
“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la alimentación y a la educación. Cuando el gobierno por omisión o acción incumple con todo esto, el gobierno tiene la obligación de garantizarle a la gente en el lugar donde se vaya, en este caso los desplazados, los derechos más elementales”, dijo.
Olivares demandó a los gobiernos federal y estatal la implementación de un plan emergente que garantice todos sus derechos a los desplazados por la violencia de los distintos lugares del estado, prioritariamente a las mujeres adultas y a los niños, pero denunció que esto, en Guerrero, no se hace.
“Aquí prácticamente el gobierno no está cumpliendo con ninguna de sus obligaciones como institución, que es parte del Estado”, reprochó.
