La mayoría panista que existía en el Congreso de Tamaulipas, la cual respaldó al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el desafuero avalado en la Cámara de Diputados, se diluyó en la jornada del 6 de junio. Ahora, la alianza entre Morena y el PT perfila a dominar esta instancia.
Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– El respaldo que ha dado el Congreso de Tamaulipas —con la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN)— al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca podría revertirse luego de los resultados de la elección del domingo 6 de junio, los cuales muestran un nuevo dominio en la Legislatura local, el de la alianza Morena-PT.
Las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 99.52 por ciento de las actas capturadas, muestran que Morena y el Partido del Trabajo (PT) consiguieron durante este proceso electoral 16 diputaciones de mayoría relativa, mientras que el panismo sólo se hizo de seis.
Las 14 diputaciones locales restantes corresponden al principio de representación proporcional, es decir con base al número de votos que obtuvieron los partidos. De esta manera Morena podría alcanzar otras cinco diputaciones y hacerse de la mayoría en esta instancia, la cual podría definir el futuro de Cabeza de Vaca, quien busca ser detenido y procesado por la justicia federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, permanece libre a la fecha a causa de que la mayoría panista del Congreso local no ha homologado el juicio de procedencia en su contra que avaló la Cámara de Diputados —con mayoría de Morena y sus aliados— para ser enjuiciado. Por el contrario, la Legislatura tamaulipeca determinó que no procedía el desafuero contra el mandatario y dio paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto cambiaría con la nueva conformación del Congreso local, en la que la mayoría de Morena y el PT podrían avalar el desafuero promovido por la Cámara de Diputados en contra del Gobernador Francisco Cabeza de Vaca.
LAS ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA
La Fiscalía General de la República obtuvo desde el pasado 19 de mayo una orden de aprehensión en contra del panista, convirtiéndolo en el primer mandatario en funciones de la historia reciente del país en contar con una orden de arresto. Tras el anuncio de la FGR, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó sobre el congelamiento de cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca, algunos de sus familiares, personajes cercanos y empresas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 10 de mayo, la FGR recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las posibles responsabilidades penales del Gobernador de Tamaulipas sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones, una situación que negó la defensa del mandatario. No obstante, estos personajes fueron denunciados por la UIF ante el Ministerio Público Federal.
De hecho, desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
A la par, la Fiscalía General acusa al mandatario de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal. En lo que respecta a este último ilícito, el Gobernador es señalado por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos, según la Fiscalía.
El Gobernador y el PAN han denunciado una “persecución política” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cabeza de Vaca también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la Reforma Energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
