Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo en una entrevista citada por Bloomberg que interpuso denuncias penales en la Fiscalía General de la República contra 25 empresas y personas por probable lavado de dinero con envíos de alimentos a Venezuela. Luisa Ortega, ex Fiscal general de Venezuela, dijo a principios de año que una gran parte de los productos que llegan a Venezuela pertenecen a una red de proveedores en México
Desde octubre, la FGR anunció la imposición de una multa de 3 millones de dólares a las empresas que mandan alimentos a ese país latinoamericano, con el fin de resolver las denuncias por el incremento de precios.
Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Veinticinco personas, físicas o morales, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero al interior de un programa gubernamental de ayuda alimentaria para Venezuela.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo en una entrevista citada por Bloomberg que interpuso denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 empresas y personas por probable lavado de dinero con envíos de alimentos de baja calidad y alto precio Venezuela en el programa conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
Las denuncias estuvieron distribuidas en tres acusaciones, pero el funcionario federal no reveló más información sobre esta investigación.
México ha acusado que diversas compañías, que participan del CLAP, han utilizado sus puertos para enviar alimentos de baja calidad a Venezuela, además de que estas elevaron el precio de los productos en más de 100 por ciento antes de comercializarlos entre la población, de acuerdo con Bloomberg.
La nota del medio especializado en economía destacó que desde octubre pasado la FGR anunció la imposición de una multa de 3 millones de dólares a las empresas que mandan alimentos al país latinoamericano, con el fin de resolver las denuncias por el incremento de precios.
El monto debía ser pagado a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y aunque en el momento del acuerdo Alonso Israel Lira, titular de la dependencia internacional, dio a conocer los nombres de quienes estaban implicados, al menos 5 personas, estos están bajo resguardo por orden judicial
Los alimentos enviados a la ciudad de La Guaira, en Venezuela, han salido desde el puerto de Veracruz desde abril, de acuerdo con los documentos de envío que Bloomberg citó y, aunque una gran parte de los alimentos exportados proceden de las mismas empresas ya sancionadas, no se ha resuelto si éstas están implicadas en las denuncias de Nieto, ni si alguna de las empresas ahora involucradas estuvo en el acuerdo anterior con la ACNUR.
Luisa Ortega, ex Fiscal general de Venezuela, dijo a principios de año en otra entrevista citada por Bloomberg que una gran parte de los productos que llegan a Venezuela provienen de una red de contratistas en México, empresas que han recibido contratos con el Gobierno venezolano que han ascendido a unos 700 millones de dólares desde el cierre de 2016.
La situación de la ex funcionaria por criticar fuertemente al Gobierno que encabeza Nicolás Maduro la llevó a huir de Venezuela hacia finales de 2017 y ha continuado con sus investigaciones al respecto del programa de alimentos en aquél país, en compañía de otros ex fiscales, quienes también se encuentran fuera de su país de origen, según las investigaciones del medio.
Además, Ortega viajó a México en 2018 para buscar que se investigara con mayor insistencia el CLAP y meses más tarde se dieron las primeras sanciones en contra de compañías involucradas.
